Propietario, un siglo después


Patrimonio devuelve una casa embargada hace 107 años a un vecino de Trebujena
Otras 299 podrían seguir sus pasos, tras diez años de trámites administrativos
Los vecinos siguieron ocupándolas, pero muchas están muy deterioradas


Isabel Laguna (Efe) | Trebujena (Cádiz)
Actualizado martes 03/05/2011 10:19



Hace más de un siglo, la hambruna causada por una epidemia de filoxera en sus viñas provocó que los vecinos de Trebujena (Cádiz) perdieran la titularidad de casi 300 casas y de cerca de 800 fincas, que pasaron a manos del Estado tras un embargo al que ahora ya pueden poner fin, según el Ayuntamiento.

En 1885 los vecinos se negaron a pagar la Contribución una vez que la filoxera arruinó su modo de vida. El Estado respondió con el embargo de la mitad de las casas del puebloLa Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha devuelto la titularidad de la primera de estas viviendas a un vecino de Trebujena, lo que da "luz verde" para que se solucione un problema que muchos vecinos de este pueblo arrastran desde hace más de un siglo.

"Es un logro muy importante, sobre todo desde el punto de vista histórico", explica Manuel Cárdenas, alcalde de esta localidad que lleva casi diez años con los trámites para poner fin al "limbo" que afecta a tantos inmuebles y fincas.

La situación arranca en 1884 y 1885 cuando la filoxera destruyó la mayoría de los viñedos de Trebujena, lo que llevó la hambruna y la penuria económica a este pueblo, como a otros del Marco de Jerez.

Para protestar por la falta de ayuda de las administraciones, sus vecinos, según explica el actual alcalde, decidieron negarse a pagar el recibo de la contribución, lo que hoy sería el IBI.

En el pueblo se cuenta que el Estado llegó incluso a enviar a un recaudador de Hacienda que "tuvo que salir por piernas porque la gente lo quería apalear", según una "leyenda" que rememora el alcalde.

Al margen de rumores, lo que "ni corto ni perezoso" el Estado procedió en 1904, 1905 y 1906 a embargar las viviendas y las fincas e inscribirlas a su nombre en el registro de la propiedad. "Cerca de 300 viviendas en el año 1885 podría suponer más de la mitad de las casas de Trebujena", apunta el alcalde.

Los dueños siguieron en sus casas
A pesar del cambio de titularidad en el registro, el Estado "nunca ejerció como propietario" y los dueños siguieron ocupando sus casas con total normalidad y pagando incluso el recibo de la contribución.

Antiguamente la situación no fue grave porque los contratos de compra-venta privados funcionaban, las herencias se pasaban de manera informal y las obras se afrontaban "tirando del calcetín" y no de hipotecas bancarias, pero la situación "de unos veinte años para acá" ha cambiado.

Ha sido entonces cuando muchos vecinos, al ir a buscar sus escrituras, se han dado cuenta de que en realidad las casas o fincas que han pertenecido a sus bisabuelos, abuelos o padres no eran legalmente suyas.

La situación ha provocado "un deterioro" en muchas viviendas del casco antiguo del pueblo porque los vecinos no han podido acceder a préstamos o no se han atrevido a invertir sus ahorros en unas viviendas que no estaban registradas a su nombre.

Ese ha sido, hasta ahora, el caso de Manuel Olivero Barba, un pensionista de Trebujena que no ha querido hacer ninguna obra en la casa de su familia, ahora casi en ruinas, porque tenía miedo a "gastarse un dineral para que luego me digan que no es mía", según cuenta en una entrevista con Efe.

Burocracia
El suyo, "después de una cantidad de papeles horrible" y tres años de trámites, es el primer caso en el que el Patrimonio del Estado ha cancelado a su favor la inscripción de la propiedad de la casa, un caso que abre la puerta a los demás, según asegura el alcalde, que ya ha explicado a los afectados que la solución pasa por reclamaciones administrativas individuales, para lo que contarán con el apoyo del municipio.

"El embargo de las viviendas de Trebujena por el Estado pasa a mejor vida", en palabras del alcalde, gracias a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas del 2003 y a su artículo 37 sobre "mejor derecho del tercero sobre el Estado".