Marbella pagará parte de su deuda con la Seguridad Social con una finca de Roca


Efe | Málaga
Actualizado jueves 13/01/2011 17:35



 El Ayuntamiento de Marbella ha alcanzado un principio de acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para cederle la finca 'La Caridad', que era propiedad de Juan Antonio Roca, en concepto de pago de la deuda que mantiene con el organismo estatal.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), que se ha reunido en la mañana de este miércoles con el director general de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar, ha explicado que el Ayuntamiento ha propuesto esa forma de abono tras el acuerdo alcanzado con la administración judicial de la finca, uno de los bienes incautados al presunto cerebro de la trama del 'caso Malaya', para que pase a ser patrimonio municipal.

'La Caridad' está tasada en 15 millones de euros y el Ayuntamiento la ha adquirido en concepto de una parte del pago de los 24 millones de euros que los tribunales han impuesto a los condenados del 'caso Saqueo'.

Muñoz ha presentado dicha oferta para hacer frente al pago de parte de las deudas que el Ayuntamiento acumula con la Seguridad Social y con Hacienda, cantidades que en la actualidad ascienden a 182 y 85 millones de euros, respectivamente.

A este respecto, ha recordado que, en lo que va de legislatura, además de hacer frente a "deudas heredadas" con entidades financieras y proveedores, el consistorio ha abonado a la Seguridad Social y Hacienda 12 millones de euros, a los que hay que sumar otros 48 del pago corriente.

Según el plan de pagos acordado, el Ayuntamiento tiene que hacer frente este año a 1,2 millones de euros mensuales para seguir pagando la deuda además del corriente, "lo que supone una enorme asfixia para la institución y una situación económica totalmente inviable".

Muñoz ha señalado que la propuesta se enmarca en la política que reclama el gobierno local para que los bienes incautados y procedentes de sentencias judiciales de los procedimientos relacionados con los gobiernos municipales que comandaron el municipio desde 1991 hasta 2006 "sirvan de garantía de pago a las nefastas deudas que acumularon durante esos quince años".

La alcaldesa ha matizado que la situación de Marbella sólo se podrá solventar con un acuerdo político "a todos los niveles" que conceda una moratoria de los pagos hasta que se resuelvan todos los procedimientos judiciales "en los que el Ayuntamiento recibirá los fondos saqueados de las arcas municipales".

En este sentido, Muñoz ha aseverado que "es la única posibilidad de no seguir asfixiando a la ciudad".

La Sala deniega 6.000 € mensuales para el pago de la defensa de García Marcos


Asegura que atraviesa "una difícil situación económica" por el juicio
Europa Press | Málaga
Actualizado martes 18/01/2011 19:10


El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga), ha denegado liberar 6.000 euros mensuales para el pago de los honorarios profesionales de la defensa de la ex edil Isabel García Marcos, acusada en la causa, con cargo a unas cantidades percibidas por su intervención en dos programas de televisión.

La representación legal de la ex socialista pidió que se autorizara destinar dicha cantidad al mes para pagar al letrado y al procurador, asegurando que atraviesa "una difícil situación económica" como consecuencia de este proceso penal, con unos ingresos mensuales de los que "ya se le detrae" una cantidad determinada por retenciones judiciales.

Igualmente, en el escrito presentado por la defensa de García Marcos se indicaba que ésta había percibido más de 52.000 euros en total por la intervención en dos programas de televisión, cantidad que estaba embargada desde mayo del pasado año. Además, se recordaba que la Sala había acordado autorizaciones similares respecto a otros procesados.

En este sentido, el Tribunal contesta que no existe en el caso de esta acusada la situación "excepcional y justificada" que se exige para acceder a dicha petición, señalando que el supuesto de García Marcos es "bien distinto" a los otros dos en los que se autorizaron pagos, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; y el ex alcalde Julián Muñoz.

Así, se precisa que ambos acusados "han estado presos preventivos y en régimen de cumplimiento durante varios años", por lo que la Sala, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press, considera "evidente que estos señores no han podido desempeñar trabajo alguno durante ese periodo de tiempo, no pudiendo, en consecuencia afrontar los gastos de este proceso".

En el caso de García Marcos, el Tribunal señala que "ha venido gozando de libertad durante estos años y percibiendo su nómina mensual, al haber podido seguir trabajando normalmente", por lo que entiende que "ha debido saber adaptar su situación económica en atención al proceso penal en el que se ve inmersa" y "ajustar sus gastos procesales a sus posibilidades económicas actuales".

El juicio por blanqueo contra Pantoja, Muñoz y Zaldívar se celebrará este año
Efe | Málaga
Actualizado jueves 20/01/2011 15:18



La tonadillera Isabel Pantoja será previsiblemente juzgada este año por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga por un delito continuado de blanqueo de capitales, en la causa en la que está procesada junto a su ex pareja Julián Muñoz y a la ex esposa de éste, Maite Zaldívar.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que debido a que el procedimiento ha entrado en la Sección Segunda a principios de año, sólo está pendiente que el ponente lo estudie y señale una fecha para la celebración de la vista oral.

Al ser un proceso en el que hay diez acusados, en principio no se va a crear una sala bis, como ha ocurrido con la misma sección en el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Aunque este caso no está considerado un macrojuicio, la popularidad de algunos de los imputados motivará que se arbitren ciertas medidas de seguridad y para atender a los medios de comunicación y público que quiera seguir las sesiones en directo.

La artista se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales en esta causa, mientras que a su ex pareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, se le piden siete años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo.

A Zaldívar se le acusa de blanqueo de capitales y se le pide la misma pena de cárcel que a la tonadillera.

El fiscal mantiene que tanto Pantoja como Zaldívar "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz", y que ambas conocían la implicación del mismo en "numerosos procedimientos penales, seguidos por delitos de corrupción administrativa de contenido económico".

Pese a ello, el fiscal reprocha que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz.

Respecto a Pantoja, el fiscal refiere que el trasvase de fondos está relacionado con la compra de dos inmuebles, un apartamento en el hotel Guadalpín y el chalé "Mi gitana".

En su escrito de defensa, la tonadillera ha presentado un nuevo informe pericial en el que alega que ingresó 19 millones de euros entre 1999 y 2009, y desvincula su patrimonio de la relación sentimental que mantuvo con Muñoz, cuyo comienzo sitúa en abril o mayo de 2003.

Roca: 'Con 12.000 euros al mes yo vivía muy bien'


Reconoce haber amasado 210 millones en patrimonio desde 1992 a 2003



José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado martes 01/03/2011 13:51




El considerado cerebro de la trama de presunta corrupción municipal en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha reconocido este martes, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, haber amasado un patrimonio de 210 millones de euros desde su llegada al Consistorio, en 1992, hasta el año 2003. Se trata del periodo reflejado en los archivos contables que aporta en su escrito de acusación el Ministerio Público.

"Con unos ingresos de 12.000 euros al mes (netos) en el Ayuntamiento de Marbella yo vivía muy bien", ha expuesto en su declaración, que ha abierto este segundo bloque, en el juicio del caso 'Malaya'. Se juzga, además de a Roca, a otras 15 personas consideradas testaferros del principal acusado en la llamada "organización criminal" dedicada al blanqueo de capitales, tal y como sostiene el fiscal.

En el Consistorio marbellí Roca percibía desde 1992 un sueldo anual de más 200.000 euros, incluida "una gratificación", proveniente de su actividad como "director" de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., encargada de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En 2003 dichos emolumentos anuales se redujeron a la mitad, cuando la citada mercantil fue absorbida por Gerencia de Obras, también de carácter público.

"¿Como rentas a partir del 92, al margen de su actividad en Planeamiento, tenía rentas declaradas?". Ante esta pregunta del fiscal, Roca ha respondido que "no". López Caballero cifra en 240 millones de euros el dinero lavado por la trama, proveniente de actividades delictivas, principalmente el cohecho, a modo de comisiones ilegales percibidas por el ex asesor urbanístico desde su llegada a la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L.

Roca sostiene que se dedicaba a la "actividad inmobiliaria" desde los 25 años en Murcia, antes de llegar a Marbella, así como que disponía de 500 millones de las antiguas pesetas, en activos, a nombre de la sociedad Marbella Inversiones.

No ha tenido reparos en reconocer que no declaraba al fisco los beneficios de las más de 70 sociedades que él mismo controlaba. De hecho, ha hablado de "fondos opacos" a Hacienda en el caso concreto de la sociedad Marbella Inversiones.

"El alcalde, don Jesús Gil, me nombró a dedo", ha aclarado para referirse a cómo fue su designación al frente de dicha entidad municipal. También ha expuesto que compaginó su actividad pública con la privada cuando el fiscal se ha interesado en conocer si era así.

"¿Su jornada laboral le permitía atender sus negocios de forma habitual?", ha inquirido la acusación pública. El principal acusado ha respondido que "en un primer momento no. No tenía a nadie. Primero se incorporó uno de los imputados, Oscar Benavente, y luego yo me dedicaba por las tardes". Roca ha llegado a concretar que desde la moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz, en agosto de 2003, hasta su detención en 2006, "yo iba al Ayuntamiento lunes y martes y el resto de los días los dedicaba a mis empresas". Todo ello -ha acotado- "por autorización expresa de la alcaldesa", en alusión a Marisol Yagüe.

Patrimonio
De los 210 millones en que ha cifrado su patrimonio el ex brazo derecho de Jesús Gil "90 millones de euros corresponden al activo" de todas sus sociedades, una vez descontado el pasivo. A este respecto se ha ceñido- de acuerdo con ellas- a las cifras aportadas por el administrador judicial de sus empresas, nombrado por el ex instructor del caso, Miguel Ángel Torres.

Se ha reconocido "propietario" de distintas embarcaciones de lujo, así como "propietario parcial" de aeronaves. Su sociedad Heliponto Marbella S.L. participaba con un 25% en la sociedad Marbella Airways a la hora de adquirir un avión tipo Cesna y un helicóptero.

El fiscal tabién le ha preguntado por "bienes suntuarios" como un vehículo Mercedes, modelo "alas de gaviota", valorado en 200.000 euros. Roca le ha respondido que "toda la colección de coches se vendió en 4000.000 euros", por lo que no está de acuerdo con dicha valoración.

Entre dichos bienes López Caballero ha incluido también cuadros y una colección de carruajes valorada en 3 millones de euros: "¿Todo esto lo compraba usted con fondos no declarados a Hacienda?". Roca le ha respondido que "con fondos no declarados y en parte con fondos de sociedades. No me atribuya la compra a mí porque no es cierto".

Así pues, el principal encausado ha jugado en todo momento, en el marco de su defensa, con la distinción entre él como persona física y las personas jurídicas que representaban las sociedades en las que participaba, con distintos porcentajes de acciones.

Además, ha presumido de que "de mis 20 sociedades sólo dos han tenido que ir a concurso de acreedores, porque las demás se mantienen". La mayor parte del asunto que se dirime desde este martes gira en torno al gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Zurita, seis de cuyos letrados se sientan en el banquillo. De todos ellos informó EL MUNDO en abril de 2003 cuando desveló su participación en el entramado societario de Juan Antonio Roca, a la hora de ocultar la titularidad del patrimonio.

Este periódico también puso al descubierto en 2003 el nombre de Salvador Gardoqui como contable de Roca en la sociedad Maras Asesores. Se trata de la empresa que gestionaba la contabilidad interna de numerosas empresas del ex asesor urbanístico, así como la llamada ‘caja b’ con pagos a terceros.

Sobre dichos archivos, Roca no ha querido reconocer si la autoría de los mismos correponde a Gardoqui "hasta que él no declare", por lo que ha pedido al fiscal que no le pregunte más al respecto.

También está entre los 16 acusados la abogada madrileña Montserrat Corulla, testaferro de Roca en distintas sociedades que operaban en Madrid, dedicadas a la compra venta y recalificación de inmuebles, principalmente para uso hotelero.

Roca se reúne en prisión con Salvador Gardoqui antes de la declaración de éste


José Carlos Villanueva | Málaga elmundo.es




Actualizado lunes 21/03/2011 20:53



El principal acusado en el juicio del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, se reunió el pasado 17 de marzo en los locutorios de comunicación de la prisión de Alhaurín de la Torre con su contable y testaferro, el abogado Salvador Gardoqui Arias.

Así lo han asegurado a EL MUNDO.es fuentes jurídicas, testigos presenciales de dicho encuentro. Destacan el hecho de que la reunión entre ambos se produjera tan sólo cinco días antes de que este martes se celebre la esperada declaración de Gardoqui, como acusado, ante el tribunal que enjuicia la trama de presunta corrupción municipal de Marbella.

El interrogatorio de Gardoqui ante el fiscal, Juan Carlos López Caballero, se espera con gran expectación, debido a que el encausado tendrá que corroborar, o no, si los apuntes que aparecen en la contabilidad de Maras Asesores S.L., incautada por la Policía, fueron obra de él.

A través de la citada sociedad, en la que Gardoqui figuraba como administrador único, Roca canalizaba las finanzas de su entramado societario. Tambien representaba la llamada 'caja B', en la que aparecen presuntos cohechos, en forma de pagos, entregados al ex asesor urbanístico por numerosos promotores, constructores y demás empresarios que se sientan en el banquillo.

El propio fiscal López Caballero calificó durante una de sus intervenciones como "una ganga" el hecho de que la Policía Nacional hallase la contabilidad de Maras Asesores. Es sin duda unas de las pruebas clave de la acusación pública.

Hasta el momento, cuando Roca ha sido preguntado en la Sala por dichos apuntes de Maras Asesores ha respondido que no lo aclarará "hasta que Salvador Gardoqui diga si esos documentos los elaboró él, o no".

Está claro que lo que ha querido el considerado policialmente como cerebro de la trama investigada es ganar tiempo para no complicar su estrategia de defensa. Las fuentes consultadas apuntan que Roca y Gardoqui se habrían puesto de acuerdo durante su encuentro para consensuar la declaración que el contable debe prestar, prevista para la mañana de este martes, tras la de la abogada y también testaferro Montserrat Corulla.

Este periódico se ha puesto en contacto con la abogada defensora de Roca, Rocío Amigo, para recabar su versión: "No tengo siquiera conocimiento sobre esa reunión", respondió la letrada cuando fue preguntada al respecto. No ha sido posible recabar la versión de Gardoqui y su abogado defensor, Carlos García Secca.

"El señor Roca no me ha comentado nada al respecto", zanjó Amigo. No obstante, sí admitió que Gardoqui, al ser abogado de profesión, tiene mayor facilidad que cualquier otra persona para acceder a los locutorios de la prisión malagueña, tal y como hacen a diario numerosos letrados.

El nombre de Salvador Gardoqui y su papel como contable y testaferro de Roca fue desvelado por EL MUNDO, en abril de 2003. En el marco de la investigación periodística que publicó este diario se dio a conocer la sociedad Maras Asesores S.L. así como la mercantil Helioponto Marbella S.L. Mediante esta última aparecía Gardoqui como hombre de paja del ex asesor urbanístico, a la hora de poseer un helicóptero y ser también su testaferro en Marbella Aiways S.L., propietaria de un avión privado que Roca usaba junto a otros socios. Ambas aeronaves fueron incautadas y están actualmente a disposición de la Policía.

De hecho, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz otorgó a Helioponto Marbella una concesión administrativa, mediante un canon muy ventajoso e irrisorio, gracias al cual la citada mercantil se hacía con la explotación de un helipuerto en la ciudad.

La publicación de dichas informaciones motivó que la entonces portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, presentara en mayo de 2003 una querella contra Muñoz por prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Las diligencias previas fueron bautizadas como 'caso helipuerto'. Fue uno de los sumarios que instruyó el juez Miguel Ángel Torres y que aún se encuentran en fase de instrucción en el Juzgado 5 marbellí.

Los peritos dicen que Roca estaba en quiebra al llegar al Ayuntamiento marbellí



José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado miércoles 11/05/2011 17:55




Los dos peritos de la Agencia Tributaria que han declarado este miércoles, en el marco de la vista oral por el caso 'Malaya', han desmontado con sus informes la versión inicial del principal acusado, Juan Antonio Roca, sobre que éste llegó en 1992 al Ayuntamiento de Marbella con un patrimonio de seis millones de euros.

José Padín, el funcionario que ha llevado la voz cantante durante el interrogatorio ante el fiscal, ha dibujado un panorama muy sombrío sobre la capacidad económica del exasesor urbanístico y sus sociedades, al desembarcar en el Consistorio marbellí: "En ese momento, el patrimonio de Roca era escasísimo". En 1990 "sus cuentas estaban vacías".

El perito sostiene que "ni siquiera era el dueño del domicilio donde vivía y así lo manifestó él a la Agencia Tributaria", como consecuencia de la inspección que se le hizo a las dos sociedades gibraltareñas poseedoras del piso.

Los declarantes han hablado de "dos proyectos empresariales fracasados". Se trata de la empresa Comarsa, que fue declarada en quiebra, y de Marbella Inversiones S.A., dedicada a la construcción y con "escasa actividad y capital". De hecho, su único patrimonio era un local de 84 metros cuadrados.

Otro dato, no menos importante, es que la unidad familiar formada por Juan Antonio Roca y su mujer, María Rosa Jimeno, también acusada de blanqueo, "nunca había declarado por rendimientos inmobiliarios" , tal y como ha expuesto el citado experto.

Roca, en el registro de morosos
Se da la circunstancia de que Roca siempre ha mantenido que todo su patrimonio y capacidad económica arranca de las actividades que llevó a cabo con Marbella Inversiones, antes de entrar en el Ayuntamiento de Marbella. Nada más lejos de la realidad para los peritos.

La Agencia Tributaria ha podido acreditar que "no hay rastro" de venta de patrimonio que formara parte del activo de Marbella Inversiones y que sirviera a Roca para operaciones inmobiliarias posteriores, en contra de la versión del que fuera mano derecha de Jesús Gil.

El propio Roca figuraba, como persona física, en el registro de morosos (RAI) en 1989 -tres años antes de ser contratado en el Ayuntamiento de Marbella- por la devolución de una serie de letras con las que había pretendido asumir pagos a terceros.

"En el año 87 el señor Roca podía ganar 7.000 euros anuales de rendimiento neto" por trabajo, ha expuesto Padín. Entre 1991 y 1992 estaba en el paro y sus ingresos "no llegaron a los 3 millones de pesetas", según los informes elaborados por Hacienda.

Por lo que respecta al periodo comprendido entre 1997-2004, ampliamente analizado por los peritos, Juan Antonio Roca obtuvo en 1997 cerca de 47.000 euros y en el año 2001 percibió 153.000 euros de ingresos, atribuibles siempre a su labor como gerente de Urbanismo marbellí.

El "entramado societario" de Roca, al que se han referido los peritos y el fiscal, que le sirvió para inyectar fondos en sus numerosas empresas, "nace" de dos operaciones hechas con Mediterránea de Inmuebles 47 y Road House, por importe de 140 millones de pesetas", según Padín.

Ambas empresas figuran en la órbita del promotor Carlos Sánchez Hernández, también acusado y vinculado junto a Andrés Liétor al grupo CCF21 Negocios Inmobiliarios. EL MUNDO ya informó entre 2001 y 2002 de las operaciones de Sánchez con el Ayuntamiento de Marbella a través de CCF21 y Mediterránea de Inmuebles 47. En esta última figuraba, como apoderado, el principal testaferro de Roca, Oscar Benavente.

Concretamente, el perito tributario se ha referido a la compra que una sociedad municipal marbellí hizo del Hotel Pueblo Andaluz a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47. La operación, denunciada por el Tribunal de Cuentas, se plasmó el 18 de noviembre de 1993 "mediante escritura de permuta por importe de 532,5 millones de pesetas".

El Consistorio marbellí entregó ocho fincas municipales a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47 S.L., como consecuencia de la permuta acordada en la compra venta de dicho hotel.

Emasa
Padín ha hablado también de la participación de la sociedad Emasa, propiedad del conocido empresario Tomás Olivo, acusado de cohecho en otro bloque del juicio. "Se produjo una entrega de dinero a Road House desde Emasa, al día siguiente de que Emasa firmara un convenio por obras municipales".

Hacienda sostiene que "Roca y otras personas se alzaron con gran parte de los 270 millones de pesetas de la operación en la que participó la empresa H270, de los que hay que descontar los 30 millones de comisión", ha relatado Padín.

Fue así como se habría financiado la empresa Gracia y Noguera, propiedad del exasesor urbanístico que luego inyectó fondos y realizó préstamos al resto de sociedades del entramado.

La declaración de José Padín y Juan Carlos Rey, su compañero, ha servido también para conocer que ya en 1990 Roca entabló relaciones con el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, cuyos integrantes también están acusados como testaferros. De hecho, se ha podido determinar que dichos letrados también constituyeron sociedades para Jesús Gil y el peón de confianza de éste José Luis Jiménez, ya fallecido.

PÉREZ PEÑA AMENAZÓ CON CONTÁRSELO TODO A KIKO MATAMOROS



Malaya, al rojo vivo: un empresario señala a Roca y Yagüe tras pactar con el fiscal

@Amparo de la Gama. Marbella  17/10/2011  (17:54h)
elConfidencial.com




El pacto entre fiscalía e imputados en el caso Malaya comienza a dar sus primeros frutos. El empresario Pérez Peña destapó este lunes la caja de los truenos gracias al acuerdo al que ha llegado con el fiscal López Caballero. A saber: canjear su pena de cárcel, que inicialmente era de 11 años de reclusión, por multas y exculpación de su hijo en el proceso. Este hombre, elemento clave para ligar a Roca con los ediles imputados, ha puesto patas arriba el caso.

El fiscal López Caballero ha conseguido con “este cambio de última hora” inculpar directamente a dos de las piezas claves de la ‘Operación Malaya’: Juan Antonio Roca y Marisol Yagüe. El empresario ha reconocido el  pago de más de 180.000 euros en 2005 a ambos acusados como delito de cohecho. No hay que olvidar que el malestar de este empresario fue el detonante del Caso Malaya, ya que el Ayuntamiento de Marbella mantenía una deuda de más de un millón de euros con las sociedades Alquicamsa y Alvemotor, propiedad del acusado.

El pacto entre el ministerio público y el empresario ha dejado descolocados a letrados y acusados. Ismael Pérez Peña, persona que alquilaba los coches en renting al Ayuntamiento y amigo de Jesús Gil, no se achicó en el momento de tomar la decisión de ratificarse. El empresario ha reconocido uno a uno los sobornos a Roca y su entorno y los delitos de cohecho y malversación. Se autoinculpa de haber pagado para salir beneficiado en la adjudicación del servicio municipal, pactando, además, una subida de tarifas. Reconoce, igualmente, haber regalado varios vehículos, Toyota, Lexus y BMW a la que era alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.

La primera en declarar ante el juez este lunes fue la ex alcaldesa. Consciente de lo que se le avecinaba, se mostró nerviosa e incluso tuvo que pedir ayuda para que le abrieran la botella de agua para continuar con su declaración. Yagüe lo negó todo. Y en especial que hubiera recibido los coches y el dinero que Pérez Peña le imputa. Es más,  aseguró que “me tenía un odio mortal. Siempre he hecho todo con la ley en la mano. No me asustaba que Pérez Peña dijera que iba a hacer público lo de mis coches. Tengo la conciencia muy tranquila”.

En el escrito del fiscal ratificado por Pérez Peña figura que el empresario regaló tres vehículos a la ex edil. Se trata de un Totoya Rav4, valorado en 30.200 euros; un Kia Forento, de 24.000, que ella "regaló a su compañero sentimental", y un turismo marca BMW de 33.000 euros, "sin que ella hiciera ninguna contraprestación".

Todo lo recogido está en las escuchas telefónicas que perturbaron la paz de más de uno en la sala. Las conversaciones de Yagüe con Roca y con el empresario Pérez Peña no tenían desperdicio. Si escritas en un sumario eran de “vodevil”, a viva voz y reproducidas por  los altavoces de la sala, con la voz de los protagonistas de fondo, resonaban a “autentico escándalo”. Algunas de las conversaciones estaban mezcladas con la voz del GPS en los vehículos, costando entenderlas.

Pérez Peña, ‘el mal pagao’

Algunos compañeros llamaban en a Pérez Peña ‘el mal pagao’. Un abogado comentaba en los pasillos a otros colegas que nada de Malaya hubiese ocurrido si al empresario, “harto de la deuda que tenía el Ayuntamiento desde la época que se lo llevó a Marbella su amigo Jesús Gil, hubiese cobrado”. Pero nadie le pagaba y, cansado ya de exigir lo suyo, amenazó con salir en los medios de comunicación para presionar (se dice en el sumario que sacaría más de 25 millones contándoselo a Kiko Matamoros).

Y el asunto del  tema de los coches de Yagüe, época en que ella vivía todo el escándalo mediático con el constructor Alberto Piñana y la relación sentimental con su guardaespaldas, “era todo un pelotazo”. Fue entonces cuando el empresario presionó a Yagüe con denunciarla y ésta le cedió el vehículo Rolls Royce de propiedad municipal que había usado siempre el exalcalde Jesús Gil, hecho que también se está enjuiciando.

En la sala se escuchó otra conversación telefónica entre Pérez Peña y el exedil Carlos Fernández: "Aquí estoy, dándole caña a tu amiga", se oía al concejal en relación a Yagüe. El empresario le explica al edil que no le han resuelto nada en el Ayuntamiento, ni el pago de su deuda ni la adjudicación de las grúas”.

A este respecto, Yagüe acusó reiteradamente durante su intervención al exedil del PA, huido de la justicia: "Para mí, el artífice de todo esto es Carlos Fernández, que por eso se le expulsó del Ayuntamiento". Desde su asiento en la sala y cuando el prófugo la llamaba en las conversaciones, “hija de p.”, Marisol hacía todo tipo de muecas en señal de protesta. Ni ella misma daba crédito a lo que oía. En las conversaciones se  dejaba clara la voz de Roca puntualizando que: “A Ismael Pérez Peña lo vamos a poner contra la pared", y en este sentido Marisol proseguía: “Y yo lo voy a poner contigo.

El policía Rafael del Pozo también declaró a última hora en la  sala. En una de las conversaciones intervenidas por la policía al jefe de los locales y a Roca, del Pozo le informaba que Ismael Pérez, enfadado por la deuda, estaba pergeñando un escándalo contra Carlos Fernández. Del Pozo confirmó que el empresario Pérez Peña amenazaba con acudir a programa de televisión si no cobraba la deuda que tenía con el Ayuntamiento de Marbella y negó en su declaración que tuviera ningún tipo de arma ilegal.