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« Respuesta #30 : Martes 04 de Enero de 2011, 06:40 » |
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« Respuesta #30 : Martes 04 de Enero de 2011, 06:40 » |
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« Respuesta #31 : Viernes 14 de Enero de 2011, 00:51 » |
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Marbella pagará parte de su deuda con la Seguridad Social con una finca de Roca
Efe | Málaga Actualizado jueves 13/01/2011 17:35
El Ayuntamiento de Marbella ha alcanzado un principio de acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para cederle la finca 'La Caridad', que era propiedad de Juan Antonio Roca, en concepto de pago de la deuda que mantiene con el organismo estatal.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), que se ha reunido en la mañana de este miércoles con el director general de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar, ha explicado que el Ayuntamiento ha propuesto esa forma de abono tras el acuerdo alcanzado con la administración judicial de la finca, uno de los bienes incautados al presunto cerebro de la trama del 'caso Malaya', para que pase a ser patrimonio municipal.
'La Caridad' está tasada en 15 millones de euros y el Ayuntamiento la ha adquirido en concepto de una parte del pago de los 24 millones de euros que los tribunales han impuesto a los condenados del 'caso Saqueo'.
Muñoz ha presentado dicha oferta para hacer frente al pago de parte de las deudas que el Ayuntamiento acumula con la Seguridad Social y con Hacienda, cantidades que en la actualidad ascienden a 182 y 85 millones de euros, respectivamente.
A este respecto, ha recordado que, en lo que va de legislatura, además de hacer frente a "deudas heredadas" con entidades financieras y proveedores, el consistorio ha abonado a la Seguridad Social y Hacienda 12 millones de euros, a los que hay que sumar otros 48 del pago corriente.
Según el plan de pagos acordado, el Ayuntamiento tiene que hacer frente este año a 1,2 millones de euros mensuales para seguir pagando la deuda además del corriente, "lo que supone una enorme asfixia para la institución y una situación económica totalmente inviable".
Muñoz ha señalado que la propuesta se enmarca en la política que reclama el gobierno local para que los bienes incautados y procedentes de sentencias judiciales de los procedimientos relacionados con los gobiernos municipales que comandaron el municipio desde 1991 hasta 2006 "sirvan de garantía de pago a las nefastas deudas que acumularon durante esos quince años".
La alcaldesa ha matizado que la situación de Marbella sólo se podrá solventar con un acuerdo político "a todos los niveles" que conceda una moratoria de los pagos hasta que se resuelvan todos los procedimientos judiciales "en los que el Ayuntamiento recibirá los fondos saqueados de las arcas municipales".
En este sentido, Muñoz ha aseverado que "es la única posibilidad de no seguir asfixiando a la ciudad".
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« Respuesta #32 : Domingo 16 de Enero de 2011, 03:28 » |
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Isabel Pantoja retrasa la fecha de su relación con Julián Muñoz para probar su inocencia
El juez dice que el noviazgo comenzó en el segundo semestre de 2002 La cantante afirma que empezó a salir con Muñoz en abril de 2003
El primer acto de blanqueo es de febrero de ese año
Europa Press | Málaga Actualizado sábado 15/01/2011 11:30
Los letrados de Isabel Pantoja fijan en el escrito de defensa, presentado en la causa que se sigue contra la cantante y otras nueve personas por presuntos delitos de blanqueo de capitales, el inicio del noviazgo con el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, también acusado en este caso, en abril o mayo de 2003, casi un año después que la fecha dada por el juez que instruyó la causa.
Este es uno de los argumentos de la defensa para probar la inocencia de la cantante, puesto que el primer acto de blanqueo que se le imputa es la compra del apartamento de Guadalpín en febrero de 2003, momento en el que aúno no mantenían una relación según los letrados.
Sin embargo, el juez, en su auto de conclusión de instrucción, apuntaba que "era de dominio público" que ésta mantenía con Muñoz una relación "a partir del segundo semestre de 2002". A este aspecto dedican los abogados de Pantoja algunos párrafos de su escrito, según informa este sábado 'La Opinión de Málaga'.
La defensa de la tonadillera solicita en dicho escrito, de 50 páginas, la libre absolución de su defendida e impugna los informes de la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de 2007 que versan sobre los actos de blanqueo presuntamente atribuidos a la cantante sevillana. Además, ha presentado un informe pericial formado por centenares de páginas donde se justifican los ingresos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde se ha investigado la causa, ordenó en octubre pasado la apertura de juicio oral contra Pantoja, Muñoz, la ex esposa de éste, Maite Zaldívar, y otras siete personas por una pieza separada del caso 'Malaya', en la que se investigan, entre otros, supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
En un auto, se fijó una fianza para Pantoja de 3,6 millones de euros como garantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan imponérsele. La cantante presentó un escrito de ofrecimiento de bienes para que le sean embargados para hacer frente a esta cantidad.
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de prisión para la cantante, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales; mientras que para el ex alcalde de Marbella, al que acusa de los delitos de cohecho pasivo y blanqueo, pide siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones de euros.
La acusación señala en su calificación inicial que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado con el Ayuntamiento de Marbella "logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio", cuya cuantía total "se desconoce", aunque se estima en más de tres millones y medio de euros. "Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero", apunta.
La Fiscalía sostiene que en un primer momento, Muñoz "se valió de su entonces mujer, Maite Zaldívar, sus hijas y su cuñado", también acusado. Aunque añade que "emplea la misma sistemática con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva". Ambas, indica, "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos".
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« Respuesta #33 : Miércoles 19 de Enero de 2011, 07:00 » |
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La Sala deniega 6.000 € mensuales para el pago de la defensa de García Marcos
Asegura que atraviesa "una difícil situación económica" por el juicio Europa Press | Málaga Actualizado martes 18/01/2011 19:10
El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga), ha denegado liberar 6.000 euros mensuales para el pago de los honorarios profesionales de la defensa de la ex edil Isabel García Marcos, acusada en la causa, con cargo a unas cantidades percibidas por su intervención en dos programas de televisión.
La representación legal de la ex socialista pidió que se autorizara destinar dicha cantidad al mes para pagar al letrado y al procurador, asegurando que atraviesa "una difícil situación económica" como consecuencia de este proceso penal, con unos ingresos mensuales de los que "ya se le detrae" una cantidad determinada por retenciones judiciales.
Igualmente, en el escrito presentado por la defensa de García Marcos se indicaba que ésta había percibido más de 52.000 euros en total por la intervención en dos programas de televisión, cantidad que estaba embargada desde mayo del pasado año. Además, se recordaba que la Sala había acordado autorizaciones similares respecto a otros procesados.
En este sentido, el Tribunal contesta que no existe en el caso de esta acusada la situación "excepcional y justificada" que se exige para acceder a dicha petición, señalando que el supuesto de García Marcos es "bien distinto" a los otros dos en los que se autorizaron pagos, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; y el ex alcalde Julián Muñoz.
Así, se precisa que ambos acusados "han estado presos preventivos y en régimen de cumplimiento durante varios años", por lo que la Sala, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press, considera "evidente que estos señores no han podido desempeñar trabajo alguno durante ese periodo de tiempo, no pudiendo, en consecuencia afrontar los gastos de este proceso".
En el caso de García Marcos, el Tribunal señala que "ha venido gozando de libertad durante estos años y percibiendo su nómina mensual, al haber podido seguir trabajando normalmente", por lo que entiende que "ha debido saber adaptar su situación económica en atención al proceso penal en el que se ve inmersa" y "ajustar sus gastos procesales a sus posibilidades económicas actuales".
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« Respuesta #33 : Miércoles 19 de Enero de 2011, 07:00 » |
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« Respuesta #34 : Jueves 20 de Enero de 2011, 06:36 » |
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Isabel Pantoja acredita en un informe ingresos de diecinueve millones de euros entre 1999 y 2009
hace 4 horas 26 mins
Málaga, 19 ene (EFE).- La tonadillera Isabel Pantoja y sus sociedades tuvieron ingresos económicos por importe de 19 millones de euros entre 1999 y 2009, según concluye un informe pericial recogido en el escrito de defensa del caso en el que está procesada por un delito continuado de blanqueo de capitales. En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, se señala que "el único sustento" de las acusaciones son los informes policiales, que califica de "voluntaristas, unilaterales, subjetivos, parciales y tendenciosos", y añade que contienen "errores gravísimos, omisiones y fallos inexplicables".
Por este motivo, la defensa presenta otro informe pericial en el que se desglosa el volumen de negocio generado por Pantoja y sus empresas en 7.580.745 euros entre 1999 y 2002; 5.182.015 euros entre 2003 y 2006 y de 5.681.044 euros entre 2007 y 2009, cantidades a la que suma otras menores por arrendamiento de la finca Cantora o alquiler del restaurante del mismo nombre, entre otras.
Según la defensa de Pantoja, en el segundo semestre de 2002 mantuvo relaciones con el Ayuntamiento de Marbella derivadas de su condición de artista, y participó en los meses siguientes en actos a los que el entonces alcalde, Julián Muñoz, acudió acompañado de la que fuera su esposa, Teresa Zaldívar.
En este sentido, sostiene que fue en abril o mayo de 2003 cuando se hizo "seria" la relación sentimental entre Pantoja y Muñoz, que se exteriorizó en la romería del Rocío (junio).
Respecto a la compra del apartamento en el hotel Guadalpín, la defensa de la artista alega que se interesó por su adquisición en enero de 2003 y que la escritura fue otorgada en febrero.
Por otro lado, califica de "absolutamente descabellada, irreal y fuera de toda lógica y sentido común" la tesis de que Pantoja conociera "los manejos" de Muñoz y que "éstos fueran ilícitos", y recuerda que en aquella época, además de no haber "ninguna" condena, ni procedimiento grave y público investigándose contra éste, acababa de ser elegido alcalde por mayoría absoluta.
Pantoja "jamás cambió su comportamiento y en absoluto manejó, ocultó o disfrutó de otro dinero que no fuera el suyo", indica su defensa, que añade que incluso tras su detención (mayo de 2007), la artista siguió con su vida profesional.
La tonadillera se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, en esta causa, en la que también están imputados su ex pareja Julián Muñoz y la ex esposa de éste Maite Zaldívar.
A Julián Muñoz se le piden siete años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo y multas por un importe total de 7.466.000 euros y a Zaldívar, la misma pena que a Pantoja.
El fiscal mantiene que tanto Pantoja como Zaldívar "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz" y que "ambas sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos, así como su cuantía"
Además del escrito de defensa de la tonadillera, Efe ha tenido acceso a las calificaciones del resto de imputados, entre ellos, el ex alcalde Julián Muñoz, Maite Zaldívar y el hermano de ésta, Jesús Zaldívar.
En dichos escritos, niegan las acusaciones del ministerio fiscal y de las demás acusaciones al considerar que los hechos realizados por los mismos no son constitutivos de delito alguno y cada una de sus defensas piden la libre absolución de los mismos.
Además, en las conclusiones provisionales de algunos de ellos, se reservan el trámite de cuestiones previas para alegar las posibles violaciones de derechos fundamentales que han sufrido sus clientes.
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« Respuesta #35 : Viernes 21 de Enero de 2011, 02:02 » |
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El juicio por blanqueo contra Pantoja, Muñoz y Zaldívar se celebrará este año Efe | Málaga Actualizado jueves 20/01/2011 15:18
La tonadillera Isabel Pantoja será previsiblemente juzgada este año por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga por un delito continuado de blanqueo de capitales, en la causa en la que está procesada junto a su ex pareja Julián Muñoz y a la ex esposa de éste, Maite Zaldívar.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que debido a que el procedimiento ha entrado en la Sección Segunda a principios de año, sólo está pendiente que el ponente lo estudie y señale una fecha para la celebración de la vista oral.
Al ser un proceso en el que hay diez acusados, en principio no se va a crear una sala bis, como ha ocurrido con la misma sección en el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Aunque este caso no está considerado un macrojuicio, la popularidad de algunos de los imputados motivará que se arbitren ciertas medidas de seguridad y para atender a los medios de comunicación y público que quiera seguir las sesiones en directo.
La artista se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales en esta causa, mientras que a su ex pareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, se le piden siete años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo.
A Zaldívar se le acusa de blanqueo de capitales y se le pide la misma pena de cárcel que a la tonadillera.
El fiscal mantiene que tanto Pantoja como Zaldívar "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz", y que ambas conocían la implicación del mismo en "numerosos procedimientos penales, seguidos por delitos de corrupción administrativa de contenido económico".
Pese a ello, el fiscal reprocha que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz.
Respecto a Pantoja, el fiscal refiere que el trasvase de fondos está relacionado con la compra de dos inmuebles, un apartamento en el hotel Guadalpín y el chalé "Mi gitana".
En su escrito de defensa, la tonadillera ha presentado un nuevo informe pericial en el que alega que ingresó 19 millones de euros entre 1999 y 2009, y desvincula su patrimonio de la relación sentimental que mantuvo con Muñoz, cuyo comienzo sitúa en abril o mayo de 2003.
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« Respuesta #36 : Martes 01 de Febrero de 2011, 02:03 » |
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El fiscal Anticorrupción dice que Roca blanqueó en el 'pelotazo' de Crucero Banús 1,6 millones "Hay una verdadera organización dedicada a ocultar sus bienes", dice el fiscal
José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es Actualizado lunes 31/01/2011 14:04
El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha concretado este lunes, durante el juicio oral por el caso 'Malaya', que el principal acusado, Juan Antonio Roca, blanqueó 1,6 millones de euros. Se trata sólo de la cifra que el Ministerio Público atribuye al 'pelotazo' de Crucero Banús, el primero de los bloques del macrosumario que se está enjuiciando actualmente.
La intervención del acusador público se ha producido a petición del presidente del tribunal, José Godino, después de que a lo largo de la sesión los abogados defensores trataran de cuantificar el volumen de lo blanqueado, mediante sus preguntas dirigidas a los agentes policiales de la Udyco que han testificado.
"Podemos afirmar que hay una verdadera organización dedicada a ocultar los bienes de Roca en determinadas inversiones", ha denunciado López Caballero durante su exposición para referirse al ex asesor urbanístico y los numerosos testaferros de éste.
No menos relevante es la afirmación del mencionado fiscal sobre que a Roca, en su condición de ex cargo municipal, se le imputa blanqueo de capitales porque -sostiene López Caballero- "realizó inversiones que no se corresponden con la fuente lícita de las ganancias que se le suponen", en referencia a sus ingresos como gerente de Urbanismo en Marbella.
Para el fiscal del caso "hay una verdadera operación en común" para el blanqueo de capitales, dentro de toda la macrocausa de 'Malaya', que tiene uno de sus episodios en la pieza que se juzga estos días sobre Crucero Banús.
Como ya es sabido Roca, el ex primer teniente de alcalde del GIL Pedro Roman, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito compraron una parcela en 2001, por 4,3 millones de euros. Meses después, ya en 2002- ya recalificada de uso comercial a apartamentos en ocho plantas, locales y garajes- la vendieron por 10,3, con lo que la plusvalía fue de 6,3 millones.
Dinero de procedencia 'opaca' Durante su declaración, al comienzo del juicio, Roca aseguró que la inversión que llevó a cabo en la compraventa de dicha parcela, a través de la sociedad suiza Lispag A.G. y una fundación en Liechtnstein, la hizo mediante "dinero de procedencia opaca", que no declaró al fisco español. De ahí, según dijo, la causa de no tributar tampoco por el beneficio obtenido en la compraventa de Crucero Banús.
El fiscal sitúa al abogado Hoffman como "integrante" de la estructura de blanqueo de Roca. No en vano el ex juez instructor, Miguel Ángel Torres, le calificó como "testaferro internacional" del ex asesor urbanístico. A Hoffman se le imputa haber blanqueado 2 millones de euros en dicha operación y 22 millones en el global del macrosumario de la trama de corrupción municipal marbellí.
Uno de los agentes de Udyco que ha declarado sitúa las aportaciones de Pedro Román y Roca, en la inversión inmobiliaria, como de "procedencia ilícita". Al ser preguntado por el origen del dinero se ha basado en "el convencimiento de que provenía de un delito de cohecho", en forma de sobornos recibidos, principalmente, por el ex asesor.
Por su parte, el abogado de la Junta de Andalucía ha aclarado, a petición del tribunal, que el Ejecutivo autonómico acusa también de blanqueo al promotor José Ávila Rojas, comprador de la parcela de Crucero Banús, "porque era consciente de que las participaciones que compraba eran fruto de delitos cometidos por el resto de acusados".
El abogado defensor de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha insistido con sus preguntas en tratar de demostrar que Roca, entre 2000 y 2001, "no estaba incurso en actos de corrupción". Con tal argumento pretende ahondar en la tesis de que su cliente no tenía por qué desconfiar del que se convirtió en su socio inmobiliario.
Vázquez obvia, entre otros, el caso 'Saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999, en el que Roca aparecía junto a Jesús Gil como responsable del desvío de más de 4.400 millones de las antiguas pesetas de los fondos municipales a cuentas privadas. Ello ocasionó un gran escándalo con repercusión nacional y Anticorrupción abrió diligencias. Actualmente, el principal acusado en 'Malaya' cumple condena firme de seis años de prisión, precisamente por el asunto que destapó este periódico.
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« Respuesta #37 : Miércoles 02 de Marzo de 2011, 04:12 » |
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Roca: 'Con 12.000 euros al mes yo vivía muy bien'
Reconoce haber amasado 210 millones en patrimonio desde 1992 a 2003
José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es Actualizado martes 01/03/2011 13:51
El considerado cerebro de la trama de presunta corrupción municipal en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha reconocido este martes, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, haber amasado un patrimonio de 210 millones de euros desde su llegada al Consistorio, en 1992, hasta el año 2003. Se trata del periodo reflejado en los archivos contables que aporta en su escrito de acusación el Ministerio Público.
"Con unos ingresos de 12.000 euros al mes (netos) en el Ayuntamiento de Marbella yo vivía muy bien", ha expuesto en su declaración, que ha abierto este segundo bloque, en el juicio del caso 'Malaya'. Se juzga, además de a Roca, a otras 15 personas consideradas testaferros del principal acusado en la llamada "organización criminal" dedicada al blanqueo de capitales, tal y como sostiene el fiscal.
En el Consistorio marbellí Roca percibía desde 1992 un sueldo anual de más 200.000 euros, incluida "una gratificación", proveniente de su actividad como "director" de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., encargada de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En 2003 dichos emolumentos anuales se redujeron a la mitad, cuando la citada mercantil fue absorbida por Gerencia de Obras, también de carácter público.
"¿Como rentas a partir del 92, al margen de su actividad en Planeamiento, tenía rentas declaradas?". Ante esta pregunta del fiscal, Roca ha respondido que "no". López Caballero cifra en 240 millones de euros el dinero lavado por la trama, proveniente de actividades delictivas, principalmente el cohecho, a modo de comisiones ilegales percibidas por el ex asesor urbanístico desde su llegada a la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L.
Roca sostiene que se dedicaba a la "actividad inmobiliaria" desde los 25 años en Murcia, antes de llegar a Marbella, así como que disponía de 500 millones de las antiguas pesetas, en activos, a nombre de la sociedad Marbella Inversiones.
No ha tenido reparos en reconocer que no declaraba al fisco los beneficios de las más de 70 sociedades que él mismo controlaba. De hecho, ha hablado de "fondos opacos" a Hacienda en el caso concreto de la sociedad Marbella Inversiones.
"El alcalde, don Jesús Gil, me nombró a dedo", ha aclarado para referirse a cómo fue su designación al frente de dicha entidad municipal. También ha expuesto que compaginó su actividad pública con la privada cuando el fiscal se ha interesado en conocer si era así.
"¿Su jornada laboral le permitía atender sus negocios de forma habitual?", ha inquirido la acusación pública. El principal acusado ha respondido que "en un primer momento no. No tenía a nadie. Primero se incorporó uno de los imputados, Oscar Benavente, y luego yo me dedicaba por las tardes". Roca ha llegado a concretar que desde la moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz, en agosto de 2003, hasta su detención en 2006, "yo iba al Ayuntamiento lunes y martes y el resto de los días los dedicaba a mis empresas". Todo ello -ha acotado- "por autorización expresa de la alcaldesa", en alusión a Marisol Yagüe.
Patrimonio De los 210 millones en que ha cifrado su patrimonio el ex brazo derecho de Jesús Gil "90 millones de euros corresponden al activo" de todas sus sociedades, una vez descontado el pasivo. A este respecto se ha ceñido- de acuerdo con ellas- a las cifras aportadas por el administrador judicial de sus empresas, nombrado por el ex instructor del caso, Miguel Ángel Torres.
Se ha reconocido "propietario" de distintas embarcaciones de lujo, así como "propietario parcial" de aeronaves. Su sociedad Heliponto Marbella S.L. participaba con un 25% en la sociedad Marbella Airways a la hora de adquirir un avión tipo Cesna y un helicóptero.
El fiscal tabién le ha preguntado por "bienes suntuarios" como un vehículo Mercedes, modelo "alas de gaviota", valorado en 200.000 euros. Roca le ha respondido que "toda la colección de coches se vendió en 4000.000 euros", por lo que no está de acuerdo con dicha valoración.
Entre dichos bienes López Caballero ha incluido también cuadros y una colección de carruajes valorada en 3 millones de euros: "¿Todo esto lo compraba usted con fondos no declarados a Hacienda?". Roca le ha respondido que "con fondos no declarados y en parte con fondos de sociedades. No me atribuya la compra a mí porque no es cierto".
Así pues, el principal encausado ha jugado en todo momento, en el marco de su defensa, con la distinción entre él como persona física y las personas jurídicas que representaban las sociedades en las que participaba, con distintos porcentajes de acciones.
Además, ha presumido de que "de mis 20 sociedades sólo dos han tenido que ir a concurso de acreedores, porque las demás se mantienen". La mayor parte del asunto que se dirime desde este martes gira en torno al gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Zurita, seis de cuyos letrados se sientan en el banquillo. De todos ellos informó EL MUNDO en abril de 2003 cuando desveló su participación en el entramado societario de Juan Antonio Roca, a la hora de ocultar la titularidad del patrimonio.
Este periódico también puso al descubierto en 2003 el nombre de Salvador Gardoqui como contable de Roca en la sociedad Maras Asesores. Se trata de la empresa que gestionaba la contabilidad interna de numerosas empresas del ex asesor urbanístico, así como la llamada ‘caja b’ con pagos a terceros.
Sobre dichos archivos, Roca no ha querido reconocer si la autoría de los mismos correponde a Gardoqui "hasta que él no declare", por lo que ha pedido al fiscal que no le pregunte más al respecto.
También está entre los 16 acusados la abogada madrileña Montserrat Corulla, testaferro de Roca en distintas sociedades que operaban en Madrid, dedicadas a la compra venta y recalificación de inmuebles, principalmente para uso hotelero.
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« Respuesta #38 : Martes 08 de Marzo de 2011, 03:07 » |
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'Se le imputa un descomunal desequilibrio entre ganancias y patrimonio conocido'
José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es Actualizado lunes 07/03/2011 13:28
La tercera sesión del interrogatorio del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, al principal acusado en el juicio por el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, transcurre este lunes con un intensísimo debate entre ambos sobre los ingresos y patrimonio del considerado policialmente como cerebro de la trama de presunta corrupción municipal marbellí.
El representante del Ministerio Público le ha hecho saber a Roca que «a usted se le imputa un descomunal desequilibrio entre ganancias y patrimonio conocido», ha destacado López Caballero.
Juan Antonio Roca Nicolás trata de demostrar, en todo momento, que tenía un patrimonio inmobiliario de más de 500 millones de pesetas en 1989, tres años antes de ser contratado por Jesús Gil "a dedo", en el primer semestre de 1992, para encabezar la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S..L, encargada de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El que fuera brazo derecho del fallecido regidor, que actualmente cumple seis años de prisión en firme por el llamado 'caso Saqueo 1'(malversación de 24 millones de euros de las arcas públicas de Marbella), desvelado por EL MUNDO en 1999, sostiene que su patrimonio en 1990 "sería de 500 millones de pesetas, contando el efectivo y letras del Tesoro".
Muy enfadado y hablando en tercera persona de sí mismo, como acostumbra a hacer habitualmente, el ex asesor urbanístico ha enfatizado lo siguiente: «El señor Roca no llegó a Marbella en un Seat Panda como dijo la Policía, llegó con dinero contante y sonante».
Siempre según la propia versión del acusado, entre los años 1986 y 1992 invirtió 700 millones de las antiguas pesetas. En el caso de los 500 millones que aseguró tener en 1990 el fiscal le ha preguntado qué sentido tenía comunicarle a un banco que sólo disponía de 57 a la hora de solicitar un crédito.
Ha sido entonces cuando Roca ha vuelto a hablar del "dinero oculto, en efectivo" y le ha respondido al fiscal con otra pregunta: "¿Cómo le explico al banco que tengo 500 millones, se los enseño en una bolsa?".
López Caballero ha reprochado al ex asesor municipal marbellí que haga "reiterados alardes de haber ocultado dinero a Hacienda", durante las últimas tres sesiones del juicio, por lo que le ha preguntado si eso le parecía "un mérito".
"No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, no digo que fuera un señor fenomenal por no pagar a Hacienda, sólo trato de demostrar que tenía dinero, porque usted trata de demostrar que no lo tenía", le ha espetado Roca al fiscal. De hecho, el presidente del tribunal, José Godino, ha tenido que llamarle al orden para que dejara terminar las intervenciones del Ministerio Público y no interrumpiera.
La sesión transcurre con preguntas del fiscal sobre cada una de las 71 empresas controladas por el principal acusado. Roca insiste, una y otra vez, en que "las sociedades no las constituyeron los miembros del despacho de abogados con su dinero", en alusión al bufete Sánchez Zubizarreta, "porque el dinero era mío y las sociedades son mías por medio de fiducia", como así se ha referido a sus letrados testaferros.
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« Respuesta #39 : Martes 22 de Marzo de 2011, 04:44 » |
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Roca se reúne en prisión con Salvador Gardoqui antes de la declaración de éste
José Carlos Villanueva | Málaga elmundo.es
Actualizado lunes 21/03/2011 20:53
El principal acusado en el juicio del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, se reunió el pasado 17 de marzo en los locutorios de comunicación de la prisión de Alhaurín de la Torre con su contable y testaferro, el abogado Salvador Gardoqui Arias.
Así lo han asegurado a EL MUNDO.es fuentes jurídicas, testigos presenciales de dicho encuentro. Destacan el hecho de que la reunión entre ambos se produjera tan sólo cinco días antes de que este martes se celebre la esperada declaración de Gardoqui, como acusado, ante el tribunal que enjuicia la trama de presunta corrupción municipal de Marbella.
El interrogatorio de Gardoqui ante el fiscal, Juan Carlos López Caballero, se espera con gran expectación, debido a que el encausado tendrá que corroborar, o no, si los apuntes que aparecen en la contabilidad de Maras Asesores S.L., incautada por la Policía, fueron obra de él.
A través de la citada sociedad, en la que Gardoqui figuraba como administrador único, Roca canalizaba las finanzas de su entramado societario. Tambien representaba la llamada 'caja B', en la que aparecen presuntos cohechos, en forma de pagos, entregados al ex asesor urbanístico por numerosos promotores, constructores y demás empresarios que se sientan en el banquillo.
El propio fiscal López Caballero calificó durante una de sus intervenciones como "una ganga" el hecho de que la Policía Nacional hallase la contabilidad de Maras Asesores. Es sin duda unas de las pruebas clave de la acusación pública.
Hasta el momento, cuando Roca ha sido preguntado en la Sala por dichos apuntes de Maras Asesores ha respondido que no lo aclarará "hasta que Salvador Gardoqui diga si esos documentos los elaboró él, o no".
Está claro que lo que ha querido el considerado policialmente como cerebro de la trama investigada es ganar tiempo para no complicar su estrategia de defensa. Las fuentes consultadas apuntan que Roca y Gardoqui se habrían puesto de acuerdo durante su encuentro para consensuar la declaración que el contable debe prestar, prevista para la mañana de este martes, tras la de la abogada y también testaferro Montserrat Corulla.
Este periódico se ha puesto en contacto con la abogada defensora de Roca, Rocío Amigo, para recabar su versión: "No tengo siquiera conocimiento sobre esa reunión", respondió la letrada cuando fue preguntada al respecto. No ha sido posible recabar la versión de Gardoqui y su abogado defensor, Carlos García Secca.
"El señor Roca no me ha comentado nada al respecto", zanjó Amigo. No obstante, sí admitió que Gardoqui, al ser abogado de profesión, tiene mayor facilidad que cualquier otra persona para acceder a los locutorios de la prisión malagueña, tal y como hacen a diario numerosos letrados.
El nombre de Salvador Gardoqui y su papel como contable y testaferro de Roca fue desvelado por EL MUNDO, en abril de 2003. En el marco de la investigación periodística que publicó este diario se dio a conocer la sociedad Maras Asesores S.L. así como la mercantil Helioponto Marbella S.L. Mediante esta última aparecía Gardoqui como hombre de paja del ex asesor urbanístico, a la hora de poseer un helicóptero y ser también su testaferro en Marbella Aiways S.L., propietaria de un avión privado que Roca usaba junto a otros socios. Ambas aeronaves fueron incautadas y están actualmente a disposición de la Policía.
De hecho, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz otorgó a Helioponto Marbella una concesión administrativa, mediante un canon muy ventajoso e irrisorio, gracias al cual la citada mercantil se hacía con la explotación de un helipuerto en la ciudad.
La publicación de dichas informaciones motivó que la entonces portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, presentara en mayo de 2003 una querella contra Muñoz por prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Las diligencias previas fueron bautizadas como 'caso helipuerto'. Fue uno de los sumarios que instruyó el juez Miguel Ángel Torres y que aún se encuentran en fase de instrucción en el Juzgado 5 marbellí.
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« Respuesta #40 : Jueves 14 de Abril de 2011, 06:33 » |
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Absuelven al promotor Ávila Rojas por la venta de unos inmuebles que no se construyeron
La Sala cree que no hay pruebas de que hubiera estafa o apropiación indebida
Europa Press | Málaga Actualizado miércoles 13/04/2011 15:33
La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al promotor José Ávila Rojas, imputado en el caso 'Malaya', de un delito continuado de apropiación indebida y de un delito continuado de estafa por la venta de unos inmuebles en el municipio malagueño de Marbella, cuya construcción no llegó a iniciarse.
Según se declara probado en la sentencia de la Sección Primera, tras adquirir los terrenos y obtener la concesión de la licencia de obras al proyecto básico de la promoción, se publicitó la venta de las viviendas, concertándose las compraventas con los compradores en contratos privados.
Entre los contratos privados, según la resolución, se vendió a una pareja en noviembre de 2003 una vivienda por el precio de 200.459 euros, debiendo pagar los compradores 21.048 euros y 1.476,36 euros de IVA, y 24 pagarés mensuales por un importe de 804,37 euros. De ello, se abonó un total de 41.826 euros.
También, ese mismo día se vendió otra vivienda en contrato privado por un precio de 203.825 euros, por lo que se estipuló que la parte compradora pagaría 21.041 euros, en concepto de entrada, incrementándose con el IVA en 1.498,07 euros y 24 mensualidades por importe de 817,89 euros, de los que la pareja compradora también abonó un total de 41.826 euros.
En el contrato de compraventa se describía la finca, el plazo de terminación y la entrega, prevista para el 30 de junio de 2006. Finalmente, según la sentencia, no se inició la construcción de las viviendas proyectadas al "surgir demoras importantes en la tramitación del expediente administrativo", lo que supuso "el retraso en el inicio de las obras".
Según consta en los hechos probados, la concesión de la licencia de obras estaba condicionada a la subsanación del proyecto básico, dictándose determinados informes por los Servicios Técnicos de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento sobre dichos incumplimientos y sobre la clasificación del suelo, de forma que se dictaminó que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 era urbanizable no programado y según la revisión del plan, aprobado en 2002, era urbanizable programado.
Licencia nula Posteriormente, el día 29 de agosto de 2003 la Junta de Andalucía interpuso contencioso-administrativo de Málaga contra el acuerdo de la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga que concedió la licencia de obras para la citada construcción, declarándose, el 19 de abril de 2010, nula la licencia.
Ante estos hechos, la entidad comunicó a los compradores las incidencias en las obras y la suspensión acordada a instancia de la Junta de Andalucía, además de que "se harían todas las gestiones para el inicio de las obras", según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Entre los meses de junio y octubre, ante la petición de resolución del contrato de compraventa por incumplimiento de los compradores, la entidad les ofreció "la posibilidad de liquidar la deuda mediante la entrega en el pago de otros bienes inmuebles que pudieran interesarles", aunque, finalmente, "no se llegó a devolver las cantidades entregadas por ambas compraventas".
Además, en septiembre de 2008 el grupo de empresas de Ávila Rojas, entre las que estaba la entidad encargada de estas construcciones, solicitó concurso de voluntario de su patrimonio que fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, precisa la resolución.
La Sala ha estimado que no ha quedado suficientemente acreditada la autoría por parte del acusado de los delitos de los que se le acusaba, al "no haberse producido prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia".
En relación con el delito de estafa, se estima que no se acreditó "una voluntad interna de no cumplir y de enriquecerse con la pretensión de la otra parte, ya que el objeto del contrato es real y posible al tiempo de su firma". Añade que "no queda probado el elemento del engaño imprescindible" y tampoco que el acusado "llevara a cabo ninguna maquinación o ardid defraudatorio" sino que, al contrario, "el propósito de construir era cierto y verdadero".
Respecto al delito de apropiación indebida, el Tribunal considera que "tampoco quedó acreditado que el dinero entregado con una única finalidad de destinarlo a las obras de construcción del inmueble se haya distraído para otras finalidades" y añade que, aunque no quedó probado que se creara una cuenta especial para esta promoción, "si se acreditaron los gastos efectuados por la promotora", como la compra del inmueble.
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« Respuesta #41 : Jueves 12 de Mayo de 2011, 06:10 » |
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Los peritos dicen que Roca estaba en quiebra al llegar al Ayuntamiento marbellí
José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es Actualizado miércoles 11/05/2011 17:55
Los dos peritos de la Agencia Tributaria que han declarado este miércoles, en el marco de la vista oral por el caso 'Malaya', han desmontado con sus informes la versión inicial del principal acusado, Juan Antonio Roca, sobre que éste llegó en 1992 al Ayuntamiento de Marbella con un patrimonio de seis millones de euros.
José Padín, el funcionario que ha llevado la voz cantante durante el interrogatorio ante el fiscal, ha dibujado un panorama muy sombrío sobre la capacidad económica del exasesor urbanístico y sus sociedades, al desembarcar en el Consistorio marbellí: "En ese momento, el patrimonio de Roca era escasísimo". En 1990 "sus cuentas estaban vacías".
El perito sostiene que "ni siquiera era el dueño del domicilio donde vivía y así lo manifestó él a la Agencia Tributaria", como consecuencia de la inspección que se le hizo a las dos sociedades gibraltareñas poseedoras del piso.
Los declarantes han hablado de "dos proyectos empresariales fracasados". Se trata de la empresa Comarsa, que fue declarada en quiebra, y de Marbella Inversiones S.A., dedicada a la construcción y con "escasa actividad y capital". De hecho, su único patrimonio era un local de 84 metros cuadrados.
Otro dato, no menos importante, es que la unidad familiar formada por Juan Antonio Roca y su mujer, María Rosa Jimeno, también acusada de blanqueo, "nunca había declarado por rendimientos inmobiliarios" , tal y como ha expuesto el citado experto.
Roca, en el registro de morosos Se da la circunstancia de que Roca siempre ha mantenido que todo su patrimonio y capacidad económica arranca de las actividades que llevó a cabo con Marbella Inversiones, antes de entrar en el Ayuntamiento de Marbella. Nada más lejos de la realidad para los peritos.
La Agencia Tributaria ha podido acreditar que "no hay rastro" de venta de patrimonio que formara parte del activo de Marbella Inversiones y que sirviera a Roca para operaciones inmobiliarias posteriores, en contra de la versión del que fuera mano derecha de Jesús Gil.
El propio Roca figuraba, como persona física, en el registro de morosos (RAI) en 1989 -tres años antes de ser contratado en el Ayuntamiento de Marbella- por la devolución de una serie de letras con las que había pretendido asumir pagos a terceros.
"En el año 87 el señor Roca podía ganar 7.000 euros anuales de rendimiento neto" por trabajo, ha expuesto Padín. Entre 1991 y 1992 estaba en el paro y sus ingresos "no llegaron a los 3 millones de pesetas", según los informes elaborados por Hacienda.
Por lo que respecta al periodo comprendido entre 1997-2004, ampliamente analizado por los peritos, Juan Antonio Roca obtuvo en 1997 cerca de 47.000 euros y en el año 2001 percibió 153.000 euros de ingresos, atribuibles siempre a su labor como gerente de Urbanismo marbellí.
El "entramado societario" de Roca, al que se han referido los peritos y el fiscal, que le sirvió para inyectar fondos en sus numerosas empresas, "nace" de dos operaciones hechas con Mediterránea de Inmuebles 47 y Road House, por importe de 140 millones de pesetas", según Padín.
Ambas empresas figuran en la órbita del promotor Carlos Sánchez Hernández, también acusado y vinculado junto a Andrés Liétor al grupo CCF21 Negocios Inmobiliarios. EL MUNDO ya informó entre 2001 y 2002 de las operaciones de Sánchez con el Ayuntamiento de Marbella a través de CCF21 y Mediterránea de Inmuebles 47. En esta última figuraba, como apoderado, el principal testaferro de Roca, Oscar Benavente.
Concretamente, el perito tributario se ha referido a la compra que una sociedad municipal marbellí hizo del Hotel Pueblo Andaluz a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47. La operación, denunciada por el Tribunal de Cuentas, se plasmó el 18 de noviembre de 1993 "mediante escritura de permuta por importe de 532,5 millones de pesetas".
El Consistorio marbellí entregó ocho fincas municipales a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47 S.L., como consecuencia de la permuta acordada en la compra venta de dicho hotel.
Emasa Padín ha hablado también de la participación de la sociedad Emasa, propiedad del conocido empresario Tomás Olivo, acusado de cohecho en otro bloque del juicio. "Se produjo una entrega de dinero a Road House desde Emasa, al día siguiente de que Emasa firmara un convenio por obras municipales".
Hacienda sostiene que "Roca y otras personas se alzaron con gran parte de los 270 millones de pesetas de la operación en la que participó la empresa H270, de los que hay que descontar los 30 millones de comisión", ha relatado Padín.
Fue así como se habría financiado la empresa Gracia y Noguera, propiedad del exasesor urbanístico que luego inyectó fondos y realizó préstamos al resto de sociedades del entramado.
La declaración de José Padín y Juan Carlos Rey, su compañero, ha servido también para conocer que ya en 1990 Roca entabló relaciones con el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, cuyos integrantes también están acusados como testaferros. De hecho, se ha podido determinar que dichos letrados también constituyeron sociedades para Jesús Gil y el peón de confianza de éste José Luis Jiménez, ya fallecido.
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« Respuesta #42 : Lunes 26 de Septiembre de 2011, 05:06 » |
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El juicio del 'caso Malaya' cumple un año con 94 sesiones celebradas
Europa Press | Málaga Actualizado domingo 25/09/2011 18:30
El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, cuya operación policial conllevó por primera vez a la disolución de un ayuntamiento, cumple la próxima semana un año con 94 sesiones celebradas ya, en las que han declarado al menos 46 de los 95 procesados que este proceso penal sienta en el banquillo, entre ellos, el principal acusado, Juan Antonio Roca.
Sobre las 10.30 horas del día 27 de septiembre de 2010 dio comienzo la vista oral en la Audiencia de Málaga, con un Tribunal presidido por el magistrado José Godino, y con gran expectación mediática, ya que para seguir el juicio se acreditaron más de 300 periodistas de casi 60 medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales.
La que luego se ha conocido como operación 'Malaya' se inició el día 29 de marzo de 2006 con el arresto tan sólo ese día de una veintena de personas, entre ellas el presunto cerebro de la trama o la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe. El número de detenidos se elevó hasta más de 100 personas, aunque finalmente fueron 95 las personas acusadas; y el sumario llegó a tener, inicialmente, más de 195 tomos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.
El juicio comenzó con las alegaciones de las defensas, quienes pidieron la nulidad del proceso, total o parcial, y criticaron la instrucción y a los jueces encargados de ésta. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, que ha seguido el caso desde el principio, defendió que la investigación había sido "correcta" y que el Estado de Derecho "siempre" había estado presente en esta causa.
Casi un mes después del comienzo, el Tribunal suspendió la vista para resolver estas cuestiones y, a través de un auto, avaló la continuación del proceso y mantuvo que era competente para el enjuiciamiento. El juicio se retomó el día 13 de diciembre con el primer bloque, dedicado a la operación urbanística denominada 'Crucero Banus', y las primeras declaraciones de acusados.
Pero Roca no fue el primero en declarar. De hecho, el principal acusado no declaró hasta el día 20 de diciembre para admitir que participó en el supuesto 'pelotazo' urbanístico con dinero "opaco". Estuvo contestando las preguntas de las partes tres días, en los que, entre otras cosas, dijo que tenía dinero cuando comenzó a trabajar en el Ayuntamiento.
"El señor Roca no llegó a Marbella en un Seat Panda, como dijo en una ocasión la Policía, sino llegó con dinero físico y contante, e invirtió en Marbella", dijo en una de sus declaraciones del juicio, en contra de lo que mantiene la Fiscalía de que amasó dinero coincidiendo con la época en que estuvo ligado al Ayuntamiento. La cuantía de su patrimonio es aún objeto de controversia.
El siguiente bloque fue referente a la supuesta estructura societaria puesta al servicio del presunto cerebro de la trama por testaferros y abogados y actualmente se desarrolla el dedicado al presunto blanqueo de dinero a través de la adquisición de obras de arte, relojes, decoración y boletos de lotería premiados, en el que están acusadas la mujer y la hija de Roca y en el que éste ha reconocido que compró los décimos.
Algunos de los acusados que ya han declarado tendrán que volver a hacerlo, como el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, en el siguiente bloque, cuyo comienzo se prevé en octubre y será el último, en el que están acusados empresarios por presuntos pagos a Roca y exediles del equipo de gobierno marbellí, por presuntos cobros, supuesta actividad recogida en los archivos contables intervenidos en la sociedad Maras Asesores.
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« Respuesta #43 : Martes 18 de Octubre de 2011, 05:04 » |
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PÉREZ PEÑA AMENAZÓ CON CONTÁRSELO TODO A KIKO MATAMOROS
Malaya, al rojo vivo: un empresario señala a Roca y Yagüe tras pactar con el fiscal
@Amparo de la Gama. Marbella 17/10/2011 (17:54h) elConfidencial.com
El pacto entre fiscalía e imputados en el caso Malaya comienza a dar sus primeros frutos. El empresario Pérez Peña destapó este lunes la caja de los truenos gracias al acuerdo al que ha llegado con el fiscal López Caballero. A saber: canjear su pena de cárcel, que inicialmente era de 11 años de reclusión, por multas y exculpación de su hijo en el proceso. Este hombre, elemento clave para ligar a Roca con los ediles imputados, ha puesto patas arriba el caso.
El fiscal López Caballero ha conseguido con “este cambio de última hora” inculpar directamente a dos de las piezas claves de la ‘Operación Malaya’: Juan Antonio Roca y Marisol Yagüe. El empresario ha reconocido el pago de más de 180.000 euros en 2005 a ambos acusados como delito de cohecho. No hay que olvidar que el malestar de este empresario fue el detonante del Caso Malaya, ya que el Ayuntamiento de Marbella mantenía una deuda de más de un millón de euros con las sociedades Alquicamsa y Alvemotor, propiedad del acusado.
El pacto entre el ministerio público y el empresario ha dejado descolocados a letrados y acusados. Ismael Pérez Peña, persona que alquilaba los coches en renting al Ayuntamiento y amigo de Jesús Gil, no se achicó en el momento de tomar la decisión de ratificarse. El empresario ha reconocido uno a uno los sobornos a Roca y su entorno y los delitos de cohecho y malversación. Se autoinculpa de haber pagado para salir beneficiado en la adjudicación del servicio municipal, pactando, además, una subida de tarifas. Reconoce, igualmente, haber regalado varios vehículos, Toyota, Lexus y BMW a la que era alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.
La primera en declarar ante el juez este lunes fue la ex alcaldesa. Consciente de lo que se le avecinaba, se mostró nerviosa e incluso tuvo que pedir ayuda para que le abrieran la botella de agua para continuar con su declaración. Yagüe lo negó todo. Y en especial que hubiera recibido los coches y el dinero que Pérez Peña le imputa. Es más, aseguró que “me tenía un odio mortal. Siempre he hecho todo con la ley en la mano. No me asustaba que Pérez Peña dijera que iba a hacer público lo de mis coches. Tengo la conciencia muy tranquila”.
En el escrito del fiscal ratificado por Pérez Peña figura que el empresario regaló tres vehículos a la ex edil. Se trata de un Totoya Rav4, valorado en 30.200 euros; un Kia Forento, de 24.000, que ella "regaló a su compañero sentimental", y un turismo marca BMW de 33.000 euros, "sin que ella hiciera ninguna contraprestación".
Todo lo recogido está en las escuchas telefónicas que perturbaron la paz de más de uno en la sala. Las conversaciones de Yagüe con Roca y con el empresario Pérez Peña no tenían desperdicio. Si escritas en un sumario eran de “vodevil”, a viva voz y reproducidas por los altavoces de la sala, con la voz de los protagonistas de fondo, resonaban a “autentico escándalo”. Algunas de las conversaciones estaban mezcladas con la voz del GPS en los vehículos, costando entenderlas.
Pérez Peña, ‘el mal pagao’
Algunos compañeros llamaban en a Pérez Peña ‘el mal pagao’. Un abogado comentaba en los pasillos a otros colegas que nada de Malaya hubiese ocurrido si al empresario, “harto de la deuda que tenía el Ayuntamiento desde la época que se lo llevó a Marbella su amigo Jesús Gil, hubiese cobrado”. Pero nadie le pagaba y, cansado ya de exigir lo suyo, amenazó con salir en los medios de comunicación para presionar (se dice en el sumario que sacaría más de 25 millones contándoselo a Kiko Matamoros).
Y el asunto del tema de los coches de Yagüe, época en que ella vivía todo el escándalo mediático con el constructor Alberto Piñana y la relación sentimental con su guardaespaldas, “era todo un pelotazo”. Fue entonces cuando el empresario presionó a Yagüe con denunciarla y ésta le cedió el vehículo Rolls Royce de propiedad municipal que había usado siempre el exalcalde Jesús Gil, hecho que también se está enjuiciando.
En la sala se escuchó otra conversación telefónica entre Pérez Peña y el exedil Carlos Fernández: "Aquí estoy, dándole caña a tu amiga", se oía al concejal en relación a Yagüe. El empresario le explica al edil que no le han resuelto nada en el Ayuntamiento, ni el pago de su deuda ni la adjudicación de las grúas”.
A este respecto, Yagüe acusó reiteradamente durante su intervención al exedil del PA, huido de la justicia: "Para mí, el artífice de todo esto es Carlos Fernández, que por eso se le expulsó del Ayuntamiento". Desde su asiento en la sala y cuando el prófugo la llamaba en las conversaciones, “hija de p.”, Marisol hacía todo tipo de muecas en señal de protesta. Ni ella misma daba crédito a lo que oía. En las conversaciones se dejaba clara la voz de Roca puntualizando que: “A Ismael Pérez Peña lo vamos a poner contra la pared", y en este sentido Marisol proseguía: “Y yo lo voy a poner contigo.
El policía Rafael del Pozo también declaró a última hora en la sala. En una de las conversaciones intervenidas por la policía al jefe de los locales y a Roca, del Pozo le informaba que Ismael Pérez, enfadado por la deuda, estaba pergeñando un escándalo contra Carlos Fernández. Del Pozo confirmó que el empresario Pérez Peña amenazaba con acudir a programa de televisión si no cobraba la deuda que tenía con el Ayuntamiento de Marbella y negó en su declaración que tuviera ningún tipo de arma ilegal.
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« Respuesta #44 : Lunes 24 de Octubre de 2011, 08:25 » |
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CASO 'MALAYA' | Se han firmado tres y se negocian varios más
Los pactos dan un giro al juicio y ponen en tensión a las defensas
Montse Martínez | Efe | Málaga Actualizado domingo 23/10/2011 14:19
El macrojuicio del caso 'Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento español -el de Marbella-, llega mañana a su sesión número cien en su último bloque, marcado por los pactos a los que la Fiscalía Anticorrupción ha llegado con algunos acusados en la fase final y que han dado un giro al juicio.
Cuando comenzaba a convertirse en una rutina el juicio del caso 'Malaya' para muchos, incluso para el presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, que había pedido no asistir a la vista oral (después de un año compareciendo) para preparar su defensa en el último bloque, tres acuerdos rompieron la calma.
Roca precipitadamente se presentó en la Sala con su abogada Rocío Amigo y asistieron a la puesta en escena de dos acusados dispuestos a obtener una reducción de pena a cambio de inculpar a los principales responsables de la trama.
Además, el tribunal tras dichos acuerdos permitió que un tercer procesado se levantara del banquillo de los acusados, después de que el fiscal, "anticipando" los términos de las conclusiones de su escrito, comunicara la retirada de la acusación contra Javier Pérez Villena, acusado de un delito de falsedad documental y por el que se le pedían dos años de prisión.
Pérez Villena es la tercera persona que se beneficia de un acuerdo con Anticorrupción después de que el pasado lunes su padre, el empresario Ismael Pérez Peña, reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.
Pérez Peña también reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos, extremo que ella negó durante su declaración en el cuarto y último bloque del juicio del caso 'Malaya'. Al confesar estos hechos, la Fiscalía acordó la reducción de la pena solicitada inicialmente, y la retirada de la acusación contra su hijo.
En los mismos términos, la Fiscalía también ha llegado esta semana a un acuerdo con otro empresario, Carmelo Armenta, que ha admitido que cometió un delito de falsedad documental. Armenta ha reconocido que "era consciente en todo momento de la mendacidad de dicho documento" y del fin ilícito.
La falsedad documental cometida por Carmelo Armenta se remonta a 2006 cuando firmó un contrato simulado para justificar dos millones de euros, que recibió Juan Antonio Roca del también procesado, Ismael Pérez.
Negociaciones El silencio se ha roto y aunque actualmente sólo se han firmado tres acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción otros procesados estudian con sus abogados defensores si pueden suscribir algún tipo de acuerdo con el ministerio público para poder beneficiarse de la reducción de sus posibles condenas y multas.
Los acusados más proclives a negociar son los empresarios ya que muchos al no tener antecedentes penales pueden solventar el problema con una multa y una suculenta reducción de pena de prisión, otros lo tienen más difícil porque ya tienen antecedentes penales y tendrían que ingresar en un centro penitenciario.
Muchos acusados y abogados defensores están nerviosos, temen los futuros pactos, dado que las confesiones de quienes los firmen supondrían el reconocimiento de determinados delitos, por lo que el último bloque será interesante.
La Sala de vistas ha vuelto a llenarse de periodistas y los fotógrafos intentan captar la imagen de los acusados cuando ven que pueden salir sus nombres en la trama de corrupción.
El juicio se inició hace algo más un año, periodo en el que se han desarrollado las cuestiones previas y los bloques relativos a blanqueo de capitales, que permitían que sólo tuvieran que acudir los acusados imputados de ese delito.
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