Notifican a Muñoz y Zaldívar la apertura del juicio oral

EFE
Málaga
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y su ex mujer, Maite Zaldívar, han acudido al Juzgado de Instrucción 1 de Marbella para que se les notifiquen la apertura de juicio oral en una pieza separada del Caso Malaya como acusados de un delito de blanqueo de capitales y cohecho.

El ex regidor ha llegado a las dependencias judiciales sobre las 9.00 horas, una hora antes de la fijada por el juzgado, y ha salido unos diez minutos más tarde tras serle notificado el mencionado auto.

Por su parte, la ex mujer de Julián Muñoz ha comparecido sobre las 10.00 horas, y no ha coincidido con su ex marido, debido a que había salido del juzgado cuarenta minutos antes.

Maite Zaldívar, que en todo momento ha estado acompañada por su actual pareja, ha explicado a los periodistas que sólo ha venido "a por un auto" y ha considerado ridículo tanto revuelo.

Por su parte, Julián Muñoz no ha realizado declaraciones a los periodistas y en todo momento ha intentado eludir a los medios de comunicación.

Para ello, el ex regidor ha llegado una hora antes de la fijada por el juez y luego ha salido por una puerta lateral usada habitualmente por funcionarios.

La citación judicial era también para otros tres acusados, Jesús Zaldívar, -hermano de Maite- Benjamín Martínez y Fernando Salinas, y todos ellos se han presentado para que se les notificara la apertura del juicio.

Mañana está previsto que acuda la tonadillera Isabel Pantoja, también acusada de blanqueo de capitales, y fuentes del despacho de la cantante han confirmado que comparecerá a las diez horas para que el instructor le notifique la mencionada resolución.

El instructor también ha requerido a todos los encausados para que presten fianza para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" con el apercibimiento de que de no prestarlas "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada" a cada uno de los acusados.

Para Julián Muñoz, el juez exige una fianza de 7,46 millones de euros y para su ex mujer Maite Zaldívar 2,6 millones de euros.

En el caso de la tonadillera, el juez le ha requerido una fianza de 3,68 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales y se enfrentará en el juicio a una petición fiscal de tres años y medio de prisión y una multa de 3,7 millones de euros.

En este caso con diez acusados se investiga si Muñoz, mientras fue alcalde de Marbella, se enriqueció y cómo supuestamente utilizó a su ex mujer y a Pantoja para blanquear dinero.

Este auto de apertura de juicio oral se produce tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito acusatorio pide para el ex alcalde siete años y medio de cárcel y multa de casi 7,5 millones y para su ex mujer tres años y medio de cárcel.

La defensa de García Marcos intenta anular el registro de su domicilio



José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado martes 19/10/2010 12:14


La clave está en el dinero, algo que se convirtió en la principal prueba de cargo, por delito de cohecho, contra la que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, tránsfuga del PSOE, Isabel García Marcos. Su abogado defensor, José Luis Rueda, ha pedido la nulidad del registro domiciliario de su representada, en el que se hallaron más de 360.000 euros en metálico (billetes de 500 euros), distribuidos por su vivienda malagueña y que el juez atribuyó a comisiones ilegales, en el marco de su actividad municipal entre 2003 y 2006.

Así ha arrancado la séptima sesión del juicio oral por el 'caso Malaya', que se celebra en la Audiencia de Málaga. Si dicho letrado consiguiera su propósito -la anulación del registro- el delito de cohecho pasivo que se le imputa a la que fuera látigo y después báculo de Jesús Gil se desvanecería por completo.

Cree Rueda que el auto de entrada y registro del piso de García Marcos, ubicado en la zona de El Limonar en Málaga, "no estuvo suficientemente motivado", ya que -ha acotado- "estaba basado en una intensa actividad empresarial" entre la entonces primer teniente de alcalde y otros ex ediles como el también tránsfuga del PSOE, José Jaén y el gilista Victoriano Rodríguez. Ella cobraba supuestas comisiones -en forma de sobornos- a empresarios también acusados en la trama que pretendían obtener concesiones, permisos urbanísticos y contratos municipales en Marbella.

Para la posteridad quedan aquellas frases de la ex portavoz socialista marbellí: "Yo papel que muevo papel que cobro, porque yo genero plusvalías y mucho dinero", exponía García Marcos cuando hablaba, sin tapujos, por teléfono con José Jaén, un antiguo agente judicial de Málaga que se arrimó al PSOE a raíz del escándalo del robo de sumarios de Jesús Gil en los Juzgados de Marbella, destapado por EL MUNDO el 10 de agosto de 2001.

Dicha defensa trata de cuestionar todo lo relacionado con los supuestos pagos que Isabel García Marcos recibió en comisiones, supuestamente de la llamaca 'caja B' de Roca. Ella misma aseguró que el dinero incautado en su domicilio era producto de una herencia, así como regalos de boda, puesto que acaba de contraer matrimonio cuando fue detenida a finales de marzo de 2006.

Rueda va más lejos en sus peticiones. Considera que "si se declarara nulo el auto de entrada y registro" de dicho domicilio "toda la obra derivada del mismo" también quedaría fuera del procedimiento penal, incluidas las declaraciones que la ex edil socialista prestó, ante el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres.

"Si eliminamos todo eso no queda nada", ha insistido el defensor de García Marcos sobre las impugnaciones. De hecho, también pretende -al igual que la totalidad de defensas que ya han intervenido- la nulidad de las escuchas telefónicas por no estar suficientemente motivadas. De ellas salió valiosísima información que sirvió a la Udyco para tirar del hilo de la trama de corrupción, que se había asentado en el Ayuntamiento de Marbella.

A juicio del penalista malagueño "el hecho de que la investigación a posteriori tenga éxito no justifica la falta de motivación del auto inicial", ha expuesto en alusión a la autorización para intervenir las comunicaciones telefónicas.

También ha aludido la defensa de la que fuera candidata del PSOE a la Alcaldía marbellí -en cuatro ocasiones- a que lo "único" que había para ordenar la intervención de sus teléfonos era la declaración del máximo responsable de la asesoría jurídica de Urbanismo, Jorge González.

Asimismo ha citado "un oficio" remitido por el juez a la Seguridad Social en el que pedía datos sobre García Marcos, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el ex edil del GIL Victoriano Rodríguez, ya fallecido.

Rueda ha denunciado que "antes de recibirse respuesta de la Seguridad Social, el juez ya dictó el auto de intervención" de dichos teléfonos. Además, la defensa ha tratado de desmontar la versión del juez sobre que García Marcos "supervisaba todos los convenios urbanísticos".

Lo cierto es que aunque era Yagüe la delegada de Urbanismo, con Roca como asesor, rara era la semana en la que García Marcos no acudía a despachar con ambos a las oficinas que ocupaba el considerado cerebro de la trama en Planeamiento 2000, la empresa encargada de gestionar el PGOU. De hecho, la ex socialista ofrecía incluso ruedas de prensa sobre asuntos urbanísticos. A todas luces llevaba la voz cantante.

Paralelamente, José Luis Rueda, argumenta que antes de proceder a las intervenciones telefónicas "no se aportaron datos concretos, ni reales, sobre el poder que ejercía Roca" en el Consistorio marbellí. Ese poder, calificado como "omnímodo", además de "alcalde en la sombra", fue relatado por el citado Jorge González. Su declaración, en otra causa de índole urbanística, abrió la puerta al juez Torres para incoar las diligencias previas del denominado 'caso Malaya'.

La Fiscalía Anticorrupción acusa García Marcos de los delitos de cohecho pasivo, malversación de caudales, prevaricación administrativa y alteración del precio de los concursos y las subastas. Para ella reclama 12 años de cárcel. Además, solicita una multa de más de 700.000 euros.

La Sala prohíbe a un acusado pagar a su defensa con obras que se atribuyen a Roca
El marchante Jean Leopold Alfred Fournets asegura que son suyos



Europa Press | Málaga
Actualizado sábado 06/11/2010 12:25


El Tribunal encargado de juzgar el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha rechazado que el marchante de arte Jean Leopold Alfred Fournets, acusado en la causa, pueda pagar los honorarios profesionales de su defensa con cargo a tres cuadros y señala que la Policía atribuye la propiedad de esas obras al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

De esta forma, se desestima el recurso de súplica interpuesto por la defensa de este procesado contra un auto de la misma Sala, dictado en julio pasado, en el que se denegaba la autorización para la venta de tres cuadros para sufragar los gastos de abogado y procurador. Así, se mantiene esa resolución, oponiéndose, igualmente, a los dos escritos posteriores en los que se reiteraba la solicitud.

Según un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la petición no se estima "pues parte de una base que no puede admitir la Sala", ya que, a la vista del informe policial "que atribuye a Roca la propiedad de los referidos cuadros, según las anotaciones intervenidas en la instrucción", se concluye que "no pueden enajenarse tales pinturas para satisfacer honorarios de letrados de otro procesado".

Asimismo, se alude al escrito presentado por el ministerio fiscal, en septiembre pasado, en el que se oponía "al estimar que los cuadros cuya venta interesa son presuntamente de la propiedad del señor Roca y no del procesado señor Fournets", que está acusado de un delito de blanqueo de capitales, por el que se le pide una pena de cuatro años de cárcel y multa de 20 millones.

En los antecedentes de hecho, el Tribunal indica que la falta de recursos para hacer frente a los gastos de su defensa en la causa "contrasta con el hecho de que el mismo haya sido procesado y acusado por haberle vendido a Roca cuadros y otros objetos por importe de más de 10 millones de euros, lo que le supone una capacidad económica muy superior a la que manifiesta tener".

Entre otros documentos para acreditar la propiedad de las obras, la defensa aportó uno remitido por la Sala de Subastas Retiro de Madrid, en el que se precisaba que dicha entidad es la depositaria de los cuadros por orden del juzgado instructor del caso, el número 5 de Marbella, y que "la persona que hizo entrega de la obras y firmó los contratos de depósito fue Jean Alfred Fournets".

A pesar de los documentos presentados por la defensa, con los que se pretendía justificar que los cuadros son propiedad del marchante, la Sala precisa que no puede estimarse la solicitud, al apuntar que "desconocemos la mecánica seguida en las adquisiciones de cuadros por parte de ambos procesados, por lo que, en principio, hemos de dar validez a las investigaciones policiales realizadas".

Julián Muñoz pide los contratos de Isabel Pantoja con la revista 'Hola'

Quiere acreditar que todos los pagos se hicieron de forma legal




Marta Sánchez Esparza | Málaga-elmundo.es
Actualizado jueves 25/11/2010 08:12



El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha presentado ya, ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, su escrito de conclusiones en torno a la pieza desgajada del 'caso Malaya' en la que será enjuiciado por blanqueo de capitales junto a su ex pareja, la tonadillera Isabel Pantoja, y a su ex esposa Maite Zaldívar, entre otros acusados.

Muñoz se declara inocente de todos los cargos, y para acreditarlo pide que se aporten al procedimiento todos los contratos efectuados por Pantoja y sus empresas con varias televisiones públicas, productoras, sociedades de autores, e incluso con la revista Hola.

En concreto, Muñoz pide que se requiera desde el juzgado a la revista Hola para que aporte todos los contratos realizados con Isabel Pantoja y con sus sociedades Pantomar S.L., Panriver 56 S.L. y Fran Belartis S.L., así como la documentación de los correspondientes pagos por parte de la publicación entre los años 2003 y 2006. Además, el ex alcalde marbellí pide que la revista informe sobre si realizó algún contrato con él, y sobre si le llegó a abonar cantidad alguna.

Universal Music España S.L. y Sony Music Enternaiment España S.L. son otras de las empresas a las que Muñoz pide que se les requiera información sobre sus contratos con las sociedades de la tonadillera, a fin de acreditar que todos los pagos se efectuaban con dinero legal y de forma transparente.

Junto a las citadas empresas, Julián Muñoz insta en su escrito al juez a pedir documentación a Televisión Española, a la Compañía de Radio y Televisión de Galicia o a Canal Sur Televisión, así como a dos sociedades de autores: la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España y la Sociedad General de Autores (SGAE). En ambos casos se solicita que se les requieran los ingresos que como artista percibió Isabel Pantoja entre 2003 y 2006.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga, Julián Muñoz pide también que se solicite documentos al grupo de José Luis Moreno, Miramon Mendi, a la promotora de un concierto de Isabel Pantoja en Rusia en octubre de 2006, a varios promotores de conciertos de la tonadillera y a la editorial Plaza & Janés, responsable de la edición del libro de cocina publicado en su día por la artista. Además, se pide al juez que demande información al gestor de los contratos de Pantoja con los casinos de Portugal en los que efectuó actuaciones, según el escrito de defensa.

A juicio de Julián Muñoz, los hechos de los que le acusa el Ministerio Fiscal en esta pieza separada "no son constitutivos de delito alguno", por lo que "no cabe hablar de formas de participación".

El abogado del ex regidor solicita por ello la libre absolución para su cliente, a la par que pide al juez la documentación mencionada, y la declaración de nuevos testigos, como la manager de Isabel Pantoja, algunos de sus representantes y asesores fiscales, varios directores de bancos, los representantes de la promotora Aifos, el propio juez Miguel Ángel Torres o el actual arrendatario del antiguo restaurante La Cantora, que la artista abrió en su día en Fuengirola.

La Fiscalía Anticorrupción pide en esta pieza separada tres años y medio de prisión para Pantoja por un delito continuado de blanqueo de capitales, mientras que para Muñoz, acusado de canalizar grandes cantidades de fondos de procedencia ilícita a través de las cuentas y sociedades de sus dos ex parejas, la acusación pública solicita cuatro años y seis meses de cárcel por blanqueo de capitales continuado, y el pago de una multa de 7,2 millones.

El Tribunal desestima las cuestiones previas propuestas por las defensas de 'Malaya'



Efe | Málaga
Actualizado viernes 10/12/2010 16:08




El tribunal que enjuicia el 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella ha desestimado todas las cuestiones previas propuestas por las defensas en este sumario, entre ellas la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y detenciones, así como la ruptura de la cadena de custodia de pruebas.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sala expresa su competencia para enjuiciar el proceso, aunque deja la puerta abierta a la interposición de un recurso de queja ante el Tribunal Supremo respecto a la denegación de competencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Jurado sobre esta causa.

Para rechazar las cuestiones previas, el tribunal se reafirma en el criterio reflejado en las resoluciones de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de procesamiento.

Así, mantiene que es consciente de un lado de la gravedad de los delitos imputados y la trascendencia económica que, de acreditarse, hubieran ocasionado en la sociedad de Marbella, y de otro lado, del perjuicio que estos procesos producen en la fama, profesión y patrimonio de los imputados, por lo que comparte con las defensas la necesidad de evitar la "pena de banquillo".

No obstante, alude a la complejidad de la causa, el entramado societario y las relaciones profesionales, económicas, jerárquicas y familiares para justificar la imposibilidad de pronunciarse sobre estas cuestiones con "suficiente conocimiento de causa".

Por ello, reitera la necesidad de que se celebre el plenario para poder emitir un juicio sobre la supuesta participación de los procesados en los hechos y sobre su hipotética responsabilidad penal.

Aunque el tribunal desestima todas las cuestiones previas formuladas por los letrados, especifica que considera "razonable" la solicitud planteada por la defensa de Montserrat Corulla -presunta testaferro de Juan Antonio Roca- de que se excluyan de la causa unos folios que recogen conversaciones privadas y que no tienen utilidad alguna para los hechos investigados.

Argumenta la Sala que "tras un detenido examen" de los folios relacionados, acuerda excluir los que contienen conversaciones exclusivamente privadas, y se mantienen "otros que comparten cuestiones privadas con otras profesionales de mayor relevancia".

En cuanto al acrónimo "JAG", que supuestamente corresponde a las iniciales de una persona que habría recibido distintas cantidades de dinero de Roca, la Sala señala que no puede considerarse como cuestión previa y que "no tiene formada opinión" sobre este asunto y "entiende, prudentemente, que tiene que esperar a ver la evolución del juicio oral", antes de pronunciarse sobre la misma.

El juicio del 'caso Malaya' se reanudará el próximo lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga con el bloque de blanqueo de capitales, en el que está prevista la declaración del presunto cerebro de la trama, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca.

En este procedimiento, que supuso en 2006 la disolución del Consistorio marbellí, hay imputados ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.

Hoffman sitúa a Roca en una empresa que dio un pelotazo en Marbella



Hoffman es un personaje clave en las finanzas del ex asesor urbanístico
Ha declarado en relación a un pelotazo urbanístico de 6 millones de euros


José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado lunes 13/12/2010 12:24


El abogado marbellí de origen alemán Juan Germán Hoffman, considerado testaferro de Juan Antonio Roca, ha situado al principal acusado en el ‘caso Malaya’ como "uno de los socios" de la sociedad Lispag A.G., constituida en Suiza en 2001 para hacerse con el capital de la sociedad española Yambali, propietaria a su vez de una parcela en Puerto Banús.

En ella, el ex alcalde Julián Muñoz, también acusado propició un pelotazo urbanístico. El terreno pasó de 500 metros de rasante a 11.000 metros de edificabilidad, tal y como ha reconocido dicho letrado.

En contra de lo que se preveía no ha sido Roca el primero en declarar sino Hoffman. Se trata de un personaje clave en las finanzas del ex asesor urbanístico, si se tiene en cuenta que participó, como hombre de paja, en la compra de una embarcación de lujo que disfrutó el principal acusado, así como un avión privado, comprado con otros socios.

Producto de los movimientos económicos que llevó a cabo dicho letrado marbellí se detectaron fondos en diversos paraísos fiscales, según recoge el sumario. En esta trama de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y delitos fiscales, además de prevaricación, están acusados, además de los mencionados, el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, la hija de éste , Pilar Román, el empresario José Avila Rojas, el ex alcalde Julián Muñoz y el tasador municipal José Mora Igeño.

A preguntas de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Marbella, Hoffman ha negado que Roca participase en las negociaciones que él mantuvo con "técnicos municipales" antes de la firma del convenio que suscribió en 2001 con Julián Muñoz.

Beneficio de seis millones
El inmueble de Puerto Banús objeto de la investigación fue adquirido por la trama en 4,3 millones de euros, pero sólo se declararon en escritura pública poco más de 800.000 euros. Poco después, el empresario José Avila Rojas se lo compró por 10 millones, con lo que los beneficios casi alcanzaron los 6 millones de euros.

Entre los que mejor beneficiados salieron estaba Pedro Román, con un 62% de las acciones propietarias de la sociedad creada, titular del inmueble antes de su venta.

Hoffman, que ha descrito el urbanismo de Marbella como "un caos", supone que Román negoció con Roca, aunque ha apuntado que cree, incluso, que también se negociaron previamente estos parámetros por el vendedor con Jesús Gil.

No obstante, ha añadido que "no tenía la intención ni el conocimiento de una influencia decisiva de Roca en ese convenio" y ha asegurado que no sabe por qué se redujo el aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento, que perdió en la operación más de 6 millones de euros, con el consiguiente perjuicio patrimonial para las arcas públicas.

En la operación Crucero Banús, según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

Román resta importancia a que Roca fuera su socio y gerente de Urbanismo


José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es


Actualizado miércoles 15/12/2010 14:05


El ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román, ex miembro del GIL, ha restado importancia este miércoles al hecho de que el principal acusado en el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, fuera su socio en negocios inmobiliarios con un 15% de acciones y desempeñara, a la vez, el cargo de gerente municipal de Urbanismo marbellí.

Lo ha hecho a preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular. Durante esta segunda jornada de interrogatorios, dicho letrado ha preguntado al ex brazo derecho de Jesús Gil si "no le pareció singular" que Roca compaginara ambas funciones.

"Yo en ese momento no sabía quién era el que estaba exactamente en la sociedad (Yambali 2000 SL) luego supe que estaba el señor Roca y no le presté mayor importancia", ha respondido Román.

Así pues, quien había sido primer teniente de alcalde marbellí, entre 1991 y 1998, considera poco menos que irrelevante que quien dirigió el urbanismo marbellí desde 1991 hasta 2006 se convirtiera en su socio, para adquirir una parcela sobre la que él mismo tenía la potestad de decidir qué recalificación urbanística se iba a aplicar.

De hecho, una vez que Román, Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffman compraron la parcela a través de Yambali la edificabilidad se multiplicó por 22 y pasó de 500 metros de rasante a 11.000 metros (ocho plantas, 114 viviendas, garajes y trasteros).

Así pues, el ex edil gilista tampoco considera que pudiera haber existido un "conflicto de intereses de Roca" en la operación, cuando ha sido preguntado por la representación del Ejecutivo autonómico.

El caso es que cuando el empresario Avila Rojas compró la parcela al grupo inmobiliaria que lideraba Román, con un 62% de acciones -a través de la sociedad suiza Lispag AG- el proyecto para construir el edificio llamado 'Crucero Banús' ni siquiera tenía licencia. Es de suponer que el empresario granadino confiara en obtenerla, como así fue, dado que Roca estaba dentro de la operación como beneficiario directo.

"¿No podía tener el señor Roca alguna influencia en el proyecto?", ha preguntado la Junta de Andalucía a Román. La respuesta del ex edil no tiene desperdicio: "En el mercado (inmobiliario) todavía no se le ha acusado, pero no creo que tuviera ninguna influencia, porque los perjuicios, o beneficios futuros, no dependían de él, sino de cómo estuviera el mercado inmobiliario".

El ex número dos del GIL ha tratado en todo momento de destacar que el edificio Crucero Banús se iba a construir en una zona comercial que "había fracasado". Se refiere al centro comercial Cristamar. Lo que oculta Román es que el Corte Inglés de Puerto Banús abrió en 1996 y está anexo a la parcela que su grupo inversor compró en 2001, por lo que la ubicación a la hora de vender los apartamentos no podía ser más privilegiada.

Román responde ahora a las preguntas del abogado defensor de Juan Hoffman, José Manuel Vázquez y el interrogatorio se desarrolla con cierta tensión. Dicho letrado ha recriminado al ex edil que este martes audiera "constantemente a mi cliente, cuando usted ya es mayor de edad para responder de sus actos". El acusado se ha disculpado.

"¿Cuándo usted ha ido a Suiza no ha ido siempre de la mano del señor Hoffman no?". Esta ha sido otra de las andanadas de la defensa del abogado de origen alemán, ante las contínuas alusiones de Román para tratar de eludir responsabilidades.

"Muchas gracias señor Vázquez por haber aclarado todo esto y por el énfasis que ha puesto, porque he pensado que venía del otro lado", le ha contestado Pedro Román al letrado al término del interrogatorio, dada la beligerancia del mismo.

Vázquez también se centra en subrayar el enorme conflicto urbanístico existente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella cuando se realizó la operación inmobiliaria objeto de investigación, entre 2001 y 2002. Para ello ha exhibido un recorte de EL MUNDO en el que el entonces alcalde marbellí, Jesús Gil, anunciaba una querella por prevaricación contra el que fuera consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, Francisco Vallejo.

También ha mostrado a la Sala otros recortes de periódicos en los que aparecían fotos de ediles marbellíes del PP en la oposición, como Francisca Caracuel y Félix Romero -actuales gobernantes- reuniéndose con Roca en Urbanismo para desbloquear el PGOU de Marbella, en lo que al soterramiento de San Pedro de Alcántara se refiere. Con ello, la defensa de Hoffman ha querido destacar que "la oposición se reunía con Roca y había conversaciones", ha expuesto Vázquez.

Julián Muñoz: 'Me he comido tres años de cárcel' por responsabilidades urbanísticas


Muñoz sostiene que "tenía una confianza plena en don Jesús Gil"
El juicio se reanudará el próximo 10 de Enero



José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado miércoles 22/12/2010 14:05


"Me he comido tres años de cárcel". Así ha arrancado este miércoles el interrogatorio del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, en el marco del juicio del 'caso Malaya', cuando el abogado del Ayuntamiento, Alberto Peláez, le preguntaba sobre si conocía las responsabilidades urbanísticas, en la esfera penal, que acarreaba la firma de convenios como el de la parcela de 'Crucero Banús'.

El ex regidor, tal y como ha hecho en otros juicios, ha asegurado que él firmaba convenios "en muchos sitios, como notarías y los capós de los coches". En todo momento, tal y como hizo Juan Antonio Roca en su declaración, ha sostenido que el entonces alcalde, Jesús Gil, le ordenaba firmar "todos los convenios". De hecho, ha situado al fallecido como "concejal de Urbanismo". Además, nunca pensó que "se pudiera estar haciendo nada ilegal", porque-ha acotado- "yo tenía una confianza plena en don Jesús Gil".

"El señor Roca poco tenía que ver con urbanismo, por decir nada". Esta ha sido la rotunda exculpación que Muñoz ha hecho sobre su compañero de banquillo y antaño enemigo acérrimo, cuando en 2003 le destituyó como gerente de Urbanismo y el destituido promovió una moción de censura contra él, con el apoyo de ediles del GIL, tránsfugas del PSOE y concejales del PA.

"Si a mí me llamaba don Jesús porque había que firmar un convenio daba por supuesto que estaba absolutamente legal", ha insistido el mediático ex munícipe. En este punto ha aclarado que "se seguían las instrucciones del Pleno que presidía don Jesús Gil", en relación a la revisión del PGOU del 98. Todo ello para referirse a las licencias de obras y convenios urbanísticos.

"¿No exigió a Gil que asumiera sus responsabilidades firmando?", le ha preguntado a Muñoz uno de los abogados personados. La respuesta, mediante otra pregunta, ha sido clara y aporta el concepto que el entonces primer teniente de alcalde tenía de sí mismo en 2001: "¿Quién era yo para exigirle algo a Jesús Gil?".

No han faltado las críticas hacia el interventor municipal, Juan Antonio Castro, imputado en una serie de sumarios por delitos urbanísticos: "Este señor ha firmado antes y luego a toro pasado", en referencia a los reparos que puso Castro.

Finalmente, Muñoz ha negado haber recibido presión alguna de los que se sientan en el banquillo junto a él. Poco después ha sido el turno de su abogado defensor, Javier Saavedra, con preguntas tendentes a destacar su nulo protagonismo en las decisiones políticas entre 2001 y 2002, cuando se llevó a cabo la operación del 'pelotazo' de 'Crucero Banús' que reportó unas plusvalías de 6,3 millones de euros al ex edil Pedro Román, al ex comisario San Agapito y al abogado Juan Hoffman.

Todos ellos fueron socios y adquirientes de una parcela en 4,3 millones de euros, que posteriormente vendieron al empresario José Avila Rojas, también acusado, en 10,3 millones, tras ser recalificada de uso comercial a planta baja más siete alturas.

El juicio se reanudará el 10 de Enero con distintas pruebas a practicar en este bloque de la vista oral. Posteriormente se enjuiciará el segundo bloque, en el que está acusado el propio Roca, así como su amplia red de testaferros y abogados presuntos blanqueadores de sus ganancias ilícitas como responsable urbanístico marbellí.

El presidente del tribunal, José Godino, se ha encargado de anunciar a los presentes cómo y en qué términos se reanudará la vista y ha deseado a los acusados que pasen "unas tranquilas fiestas" de Navidad y Reyes