gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
 Desconectado
Sexo: 
Mensajes: 50158
|
 |
« : Lunes 27 de Septiembre de 2010, 16:13 » |
|
La defensa de los testaferros de Roca denuncia la 'vulneración' de sus derechos
Horacio Oliva dice que el juez Torres vulneró derechos constitucionales
Es el abogado de varios integrantes del bufete Sánchez Zubizarreta
Pide la nulidad de los autos de detención de sus clientes
José Carlos Villanueva | Málaga-ELMUNDO.ES
Actualizado lunes 27/09/2010 14:51
El abogado Horacio Oliva, defensor de varios integrantes del bufete madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, acusados de blanquear el patrimonio amasado por Juan Antonio Roca, ha denunciado este lunes la "vulneración" de su derecho de defensa por parte del ex juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres.
El conocido penalista representa a Manuel Sánchez Zubizarreta, considerado el presunto cerebro de la trama de blanqueo de capitales, así como a los compañeros de éste: Francisco Soriano Zurita, Manuel Sánchez Martín, Juan Luis Soriano Pastor y Francisco Soriano Pastor, además del también letrado Miguel Pérez Camino.
Oliva considera que, además, se ha vulnerado "el derecho a la libertad personal" y el "secreto profesional" de sus defendidos, por el hecho de que el juez Torres ordenara, a finales de marzo de 2006, la entrada y registro del citado despacho, situado en la calle Fernando VI de Madrid.
El que fuera abogado de Jesús Gil ha aludido a las escuchas telefónicas para propiciar su nulidad, tal y como ha hecho la defensa de Roca, "porque se han vulnerado derechos constitucionales". Para apoyar su argumento, Oliva ha hecho alusión al voto particular del presidente del caso 'Ballena Blanca' sobre que "las escuchas no cumplían con todos los requisitos" en el citado caso por blanqueo de capitales ocurrido en Marbella.
"Si no se imputa a los abogados es imposible llevar a cabo la investigación", ha añadido Oliva, que ha pedido también la nulidad de los autos de detención de sus clientes, dictados por Torres el 29 de marzo de 2006.
"Estamos ante un despacho de abogados, no una casa particular, donde hay documentación de clientes", ha recordado Oliva. Acto seguido ha destacado que "no es malo diseñar estructuras societarias y crear empresas, además de asumir la defensa de Roca". A su juicio resulta "lógico" que en dicho bufete hubiera documentación del ex asesor de Urbanismo marbellí.
El que fuera también abogado defensor de acusados en el caso Filesa, por la financiación irregular del PSOE, ha pedido como causas "atenuantes" para sus defendidos la "dilación indebida" de la instrucción, así como la "vulneración de derechos". Este último extremo ha causado sorpresa en círculos jurídicos, ya que se trata de una cuestión previa, sobre la que deberá decidir el tribunal antes de dictar sentencia.
Cuando EL MUNDO informó en abril de 2003 sobre la trama de testaferros de Roca, organizada en torno al citado bufete madrileño, el más relevante de sus abogados, Manuel Sánchez Zubizarreta, ahora acusado, decía lo siguiente a este periódico: "Pongan ustedes si quieren que las fincas que atribuyen a Roca son de George Bush, yo de mi cliente no voy a hablar". Lo anterior da una idea de la impunidad con la que actuaron hasta la operación 'Malaya', en marzo de 2006.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
|
Debatimos.com: Opina sin límite
|
|
« : Lunes 27 de Septiembre de 2010, 16:13 » |
|
|
|
|
|
|
En línea
|
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #1 : Lunes 27 de Septiembre de 2010, 16:15 » |
|
Quién es quién en 'Malaya'
Marta Sánchez Esparza | Málaga
elmundo.es
Actualizado domingo 26/09/2010 20:14
Como una bola de nieve, la investigación seguida por el juez Miguel Ángel Torres, y completada más tarde por Óscar Pérez, fue creciendo en hechos delictivos y personas imputadas. Los investigados desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella llegaron a superar el centenar. Finalmente, sólo 95 de esas personas se sentarán este lunes en el banquillo.
--------------------------------------------------------------------------------
Juan Antonio Roca. El presunto cerebro de la trama. En prisión desde marzo de 2006, la Fiscalía le considera un gran mediador entre ediles y empresarios, cobrando sobornos de estos últimos para pagar favores urbanísticos de los primeros. Amasó una inmensa fortuna, que canalizó a través de fincas, ganaderías, yeguadas, obras de arte y artículos de lujo. La Fiscalía ha solicitado para Roca penas que suman 30 años de prisión, y multas que ascienden a 810,78 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación, fraude y cohecho pasivo. El Ministerio Público pide para Roca además 59 años de inhabilitación.
--------------------------------------------------------------------------------
Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella permaneció en prisión provisional más de dos años tras su detención en julio de 2006. La Fiscalía le acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales y cohecho pasivo, y pide para él 10 años de cárcel y 23 de inhabilitación.
--------------------------------------------------------------------------------
Marisol Yagüe. Llegó a la Alcaldía de Marbella en agosto de 2003 tras la moción de censura contra Julián Muñoz. El fiscal la considera una "marioneta" de Juan Antonio Roca, y la acusa de prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Después de pasar seis meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre, ahora regenta un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel, 37 años de inhabilitación y otros cinco de inhabilitación para subastas públicas, además del pago de multas por valor de casi cuatro millones de euros.
--------------------------------------------------------------------------------
Isabel García Marcos. Antaño azote del Grupo Independiente Liberal (GIL) desde las filas del PSOE, tomó parte, junto a Marisol Yagüe y el prófugo Carlos Fernández, en agosto de 2003 de la moción de censura contra Julián Muñoz y se convirtió en primer teniente de alcalde. Tras su detención pasó seis meses en la cárcel, y al salir se incorporó a su plaza como inspectora del SAS. Se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión, 23 de inhabilitación y al pago de 700.000 euros en multas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales, cohecho pasivo y alteración de precios en concursos públicos.
--------------------------------------------------------------------------------
Pedro Román. Detenido en mayo de 2007, el ex primer teniente de alcalde de Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales y de varios delitos contra la Hacienda Pública en la operación 'Crucero Banús'. El fiscal pide para él varias penas que suman 21 años de cárcel, indemnizaciones a Hacienda de casi 6 millones de euros y multas de casi 14,4 millones de euros.
--------------------------------------------------------------------------------
José Ávila Rojas. Este constructor granadino se enfrenta a la petición fiscal de 10 años de cárcel y 55 millones en multas por cohecho activo y blanqueo de capitales. La Fiscalía le acusa de ser socio de facto de Juan Antonio Roca y de beneficiarse de ello en convenios urbanísticos como el de Naviro Inmobiliaria 2000.
--------------------------------------------------------------------------------
Tomás Olivo. Para el propietario de La Cañada el fiscal pide 5 años de cárcel y cuatro millones de multa por cohecho activo.
--------------------------------------------------------------------------------
Rafael Gómez 'Sandokán'. El empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez 'Sandokán', deberá enfrentarse a una acusación de cohecho activo, por la que la Fiscalía solicita para él 18 meses de prisión y 1,2 millones en multas. Propietario de la inmobiliaria Arenal 2000, la Fiscalía lo acusa de efectuar pagos a Roca de hasta 600.500 euros a cambio de favores urbanísticos.
--------------------------------------------------------------------------------
Salvador Gardoqui. Contable de Roca. En sus anotaciones se ha basado la Policía para la investigación.
--------------------------------------------------------------------------------
Óscar Benavente. Testaferro de Roca. Fiscalía pide dos años de prisión por falsedad.
--------------------------------------------------------------------------------
Monserrat Corulla. Es la cara más conocida de entre los numerosos testaferros que colaboraban con Juan Antonio Roca. La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión y 100 millones de euros en multas por blanqueo de capitales en el seno de una organización. A su nombre figuraban inmuebles y numerosas propiedades del presunto cerebro de 'Malaya'.
--------------------------------------------------------------------------------
Juan Germán Hoffman. La Fiscalía pide para este abogado 103 millones en multas y diez años de cárcel por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
--------------------------------------------------------------------------------
Francisco Soriano. Abogado de Roca y responsable del despacho de abogados 'Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor', bufete dedicado a gestionar la maraña de sociedades creada por para canalizar los ingresos de Roca. El fiscal lo acusa de blanqueo de capitales en una organización y de falsedad documental, y pide para él 7 años de prisión y multas por más de 300 millones.
--------------------------------------------------------------------------------
Alexandra Grafin Von Bismark. La condesa está acusada de blanqueo a raíz de la venta de unos terrenos en Nagüeles. Piden para ella dos años de cárcel y multa de 400.000 euros.
--------------------------------------------------------------------------------
José María González de Caldas. Empresario y ex presidente del Sevilla F.C., fue detenido en la tercera fase de 'Malaya'. Junto a Miguel López Benjumea está acusado de cohecho activo, y el fiscal pide para cada uno dos años de cárcel y 120.000 euros.
--------------------------------------------------------------------------------
Leopoldo Barrantes. El ex secretario municipal está acusado de emitir certificados favorables a licencias ilegales a cambio del dinero de los constructores, pagado a través de Roca. El fiscal cree que participó en las negociaciones para apaciguar al empresario Ismael Pérez Peña por el impago del renting municipal. Solicita para él 3 años de cárcel y 50.000 euros de multa por cohecho pasivo.
--------------------------------------------------------------------------------
Jaime Hachuel. Ex responsable de seguridad de la Casa Real, se encargaba de la seguridad de Roca. Acusado de blanqueo, se piden para él tres años de cárcel y 100 millones de multa.
--------------------------------------------------------------------------------
Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp. Empresarios ganaderos -el primero apoderado de Fran Rivera- están acusados de blanqueo.
--------------------------------------------------------------------------------
Jean Leopold Alfred Fournets. Galerista francés y marchante de arte de Roca, la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y 20 millones de multa por blanqueo.
--------------------------------------------------------------------------------
Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Propietarios de CCF 21 Negocios Inmobiliarios, la Fiscalía los acusa de cohecho activo, blanqueo y de ser cooperadores en dos delitos de malversación.
--------------------------------------------------------------------------------
Fidel San Román. Constructor acusado de abonar a Roca más de 4 millones por licencias. Se le acusa de cohecho y blanqueo.
--------------------------------------------------------------------------------
Jesús Ruiz Casado. Responsable de la promotora Aifos. Acusado de cohecho activo y fraude, piden para él seis años de cárcel y 8 millones en multas.
--------------------------------------------------------------------------------
Ismael Pérez Peña. Empresario encargado del renting municipal. Acusado de cohecho, malversación, alteración de precio de concursos y subastas y falsedad documental. Piden para él 11 años de cárcel, casi 1,5 millones en multas, 11 años de inhabilitación y 5 de inhabilitación para participar en subastas y contratar con administraciones.
--------------------------------------------------------------------------------
Florencio San Agapito. Ex comisario de Policía. Acusado de blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, el fiscal pide para él 9 años de cárcel, más de 4 millones en multas, y una indemnización de 351.001 euros a Hacienda.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #2 : Miércoles 29 de Septiembre de 2010, 01:20 » |
|
La defensa: ningún órgano veló en la instrucción por los derechos de los acusados
13:59 (28-09-2010) |
lagaceta.es
El letrado ha considerado que la causa se instruyó en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sitúa en un "modelo inquisitivo de instrucción".
El abogado que defiende a varios acusados José Antonio Choclán ha asegurado que en la instrucción del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), "se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial o policiaca, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados".
El letrado ha considerado que la causa se instruyó en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sitúa en un "modelo inquisitivo de instrucción". Además, ha aludido a que el juez "se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros jueces de los juzgados de Marbella y desconfió incluso de todos sus compañeros de España".
"Se comportó sin tener jurisdicción nacional como un juez central", ha apuntado el letrado, quien ha afirmado que "no se comportó de un modo imparcial en el sentido exigible constitucionalmente". "Mostró un interés personal entendido como el resultado de mayor provecho el éxito de unas tesis acusatorias", ha apostillado.
Asimismo, esta defensa ha indicado que el instructor tuvo "un interés en la actuación de la causa" y adoptó durante el proceso "sistemáticamente detenciones masivas", insistiendo en que en este proceso "hay una realidad objetiva, que no ha habido órgano alguno, ni el juez de garantías ni el ministerio fiscal que haya tutelado el derecho de los acusados".
Por esto, pidió la nulidad de todo lo actuado de la fase de instrucción y se ha adherido a lo planteado por las defensas anteriores, al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales, al igual que plantearon otras defensas, como la del acusado Sergio Santana.
Su letrado, Miguel Criado, ha lamentado la inconcreción de los escritos de acusación y ha considerado que "no se puede esperar a la prueba para saber de que nos tenemos que defender". Además, se adhirió al resto de cuestiones previas y ha solicitado a la Sala que resuelva estas alegaciones antes de continuar con las declaraciones.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #3 : Viernes 01 de Octubre de 2010, 23:41 » |
|
CASO MALAYA
El juez abre juicio contra Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha ordenado la apertura de juicio oral contra la cantante Isabel Pantoja, su ex pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y la ex esposa de éste, Mayte Zaldívar. A la cantante le ha fijado una fianza de 3,6 millones de euros, y a él de 7,4.
2010-10-01
EUROPA PRESS
El titular del juzgado marbellí ha ordenado la apertura de juicio oral contra la cantante Isabel Pantoja, su ex pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y la ex esposa de éste, Mayte Zaldívar, y otras siete personas por la pieza separada del caso 'Malaya' en la que se investigan, entre otros, supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
El auto fue dictado el pasado 28 de septiembre y fija una fianza para Pantoja de 3,6 millones de euros como garantía para asegurar el pago de la responsabilidad pecuniaria solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en caso de que se dicte una sentencia condenatoria.
Por su parte el ex alcalde deberá entregar 7,4 millones de euros, mientras que a Mayte Zaldívar el instructor le pide que preste una fianza de 2,6 millones.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
|
Debatimos.com: Opina sin límite
|
|
« Respuesta #3 : Viernes 01 de Octubre de 2010, 23:41 » |
|
|
|
|
|
|
En línea
|
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #4 : Domingo 03 de Octubre de 2010, 21:24 » |
|
Isabel Pantoja: ¿embargada hasta la peineta?
Si en un día no paga la fianza de 3,6 millones de euros que le exige el juez de la «Operación Malaya», podría ver confiscados todos los bienes salvo los muebles, la ropa y el material de trabajo, como las batas de cola
1 Octubre 10 - B. Velasco/ J. Beltrán -Madrid -LaRazón.es
«Así es la vida». Y así se la ha jugado el amor, debería apostillar Isabel Pantoja al título del musical que repasa su trayectoria y con el que recorre España. Mientras la tonadillera demuestra su arte sobre los escenarios de la mano de José Luis Moreno, en los juzgados se juega su libertad y el destino del dinero que recauda en cada una de sus actuaciones. La próxima la tiene el viernes en Huelva y tendrá que echarle más valor y coraje para salir al escenario si no logra reunir los 3,6 millones de euros de fianza que le ha impuesto el juez en el caso de blanqueo de capitales en el que está imputada junto a su ex pareja Julián Muñoz y, la ex esposa de éste, Maite Zaldívar.
Según el auto decretado por el magistrado Sergio Ruiz, la cantante tiene un día para presentar su fianza que «asegura las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerle; con el apercibimiento de que, de no hacerlo, «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada», explica el documento. Éste es el primer paso que ha dado el Juzgado número 5 de Marbella al decretar la apertura del juicio oral. En total, el magistrado na exigido unos 19,5 millones para los diez acusados en este capítulo de la «Operación Malaya».
Pero, ¿qué ocurrirá si la artista no lograr reunir la cantidad exigida para la fianza? ¿Iría a la cárcel? «No ingresaría en prisión en caso de no atender el requerimiento de depositar la fianza. Para el caso de que no depositase, o de otro modo garantizase, la fianza impuesta, el juez sólo puede adoptar medidas civiles, consistentes en la traba de los bienes hasta el límite de la fianza», explica Pilar Zamorano, del despacho LTU Abogados. De esta manera le serían embargadas las propiedades hasta llegar a esos 3,7 millones. No obstante, la ley preveé que Isabel, como cualquier otro ciudadano, se quede en la indigencia o en una situación comprometida, por lo que hay excepciones. «Entre estos bienes inembargables se encuentran, a título de ejemplo, los enseres personales, el mobiliario, los artículos de menaje, la ropa del ejecutado y su familia, así como aquellos objetos imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia», señala la letrada. En este bloque se incluirían también «los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión», que en el caso de la Pantoja abarcaría elementos tales como las batas de cola, las peinetas...
Sin opciones
El caso de blanqueo de capitales en el que aparece el nombre de Pantoja forma parte del macrojuicio que ha comenzado esta semana; sin embargo, el juez decidió, en febrero de este año, separarlo de la causa y juzgar este delito por separado. Asimismo, ha acordado citar a los diez acusados de esta causa para que comparezcan en la Audiencia Provincial de Málaga para notificarles su resolución, que en el caso de Pantoja será el próximo 14 de octubre, un día después del fijado para el que fuera su pareja.
Una de las características de esta nueva resolución es que no da opción a la tonadillera, ya que no se acepta recurso alguno, porque la que fuera esposa de Paquirri ya presentó uno el pasado mes de junio y el juez lo rechazó.
Tres años y medio es la pena que solicita la Fiscalía Anticorrupción a la intérprete de «Marinero de luces» que, durante su relación con el ex alcalde de Marbella, pudo utilizarla para dar salida a los fondos que presuntamente habría obtenido del Ayuntamiento que dirigía. Según el auto que recusó la cantante en marzo, el juez Óscar Pérez indicó «que su actividad profesional no justifica la capacidad económica para las inversiones que había realizado». Entre los movimientos que ponen en entredicho la legalidad de las operaciones económicas de Pantoja destacan tres: la compra del apartamento 105 del Hotel Guadalpín, pago que se realizó en efectivo, la adquisición del chalé «Mi gitana» por más de tres millones de euros, cuando sus empresas presentaban pérdidas, y los numerosos ingresos en efectivo que realizó en diversas cuentas bancarias a lo largo de su romance con Cachuli. Entre las propiedades inmobiliarias de la s que tendría que desprenderse en caso de embargo destaca su casa de La Moraleja y la finca Cantora. En la declaración que la artista realizó ante el juez en mayo de 2007, aseguró que ella sólo se ha dedicado a cantar y no ha estado encima de la gestión del negocio. Ésta es una de las claves para lograr su inocencia, ya que negar que conocía la procedencia ilícita del dinero la salvaría. «El conocimie nto del origen ilícito de los fondos es el elemento que permite afirmar que el comportamiento es doloso o intencional, sin el cual los hechos que se enjuician no serían constitutivos de delito. No es un elemento de agravación, sino un elemento esencial del delito», subrayan desde LTU Abogados que insisten en que «el argumento mantenido por la señora Pantoja como fórmula de defensa no conlleva la atenuación de la pena, sino que, de ser acogido, conllevaría su libre absolución».
En el caso de que tanto Isabel como Maite fueran condenadas y se vieran obligadas a pasar una temporada entre rejas, será complicado que los «paparazzi» logren una imagen impagable: las dos ex del galán marbellí entrando en el mismo centro penitenciario. «No parece probable, aunque legalmente no fuera imposible. Teniendo en cuenta que en este ámbito rige una amplia discrecionalidad de los órganos competentes y dada la trascendencia mediática de Zaldívar y Pantoja, así como de sus recíprocas diatribas, no cabe prever esta posibilidad», comenta Pilar Zamorano. En cualquier caso, la decisión no estaría en manos del juez, sino de Instituciones Penitenciarias.
Familia implicada
El panorama, pues, no es muy optimista, como tampoco lo es el de su ex pareja, Julián Muñoz, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y medio de cárcel y una multa de casi 7,5 millones de euros. Para su ex mujer, Maite Zaldívar, acusada también de delito continuado de blanqueo, la multa asciende a 2,6 millones, por decisión judicial. Las fianzas de Muñoz, Pantoja y Zaldívar son, por este orden, las mayores impuestas a los acusados de este caso, a las que siguen las de Jesús Zaldívar y Fernando de Salinas, que con acusaciones de presunto delito continuado de blanqueo, deben hacer frente a una fianza de 1.780.000 euros cada uno. La Audiencia Provincial de Málaga deberá conocer y fallar sobre esta causa, según fija el auto, contra el que no cabe recurso excepto en la situación personal de los acusados, y que precisa que Teresa Zaldívar, la hija mayor de Julián y Maite, debe comparecer en el juzgado el 13 de octubre.
Pero de ahí a que el caso se dé por cerrado todavía queda un largo trecho. Así, sopesando los enormes retrasos que acumulan los Juzgados de lo Penal, la sentencia podría estar lista en unos ocho meses.
Separados por el desamor, unidos por el banquillo
Julián y Maite fueron los dueños de Marbella. Él era el alcalde de uno de los municipios más prósperos de España y ella su reina consorte, hasta que llegó Isabel Pantoja y le quitó ese estatus y a su marido. Comenzó la guerra entre Zaldívar y Muñoz. La televisión se convirtió en el ring de lucha, y las declaraciones de la ex esposa de Cachuli no dejaron de sucederse. Las bolsas de basura con las que, según Zaldívar, el ex alcalde del municipio malagueño sacaba el dinero de la casa que compartían fue una de las confesiones más sorprendentes. Pero ahora se tendrán que volver a ver las caras en los juzgados para defender su inocencia.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #5 : Lunes 04 de Octubre de 2010, 22:35 » |
|
Testaferros de Roca piden el archivo porque el delito de blanqueo 'ha prescrito'
José Carlos Villanueva | Málaga
elmundo.es
Actualizado lunes 04/10/2010 14:17
El abogado Víctor Moreno, defensor de los acusados Jesús Bravo Méndez y Osvaldo Godfrid Grinberg, ambos considerados testaferros del principal encausado, Juan Antonio Roca, ha pedido este lunes la prescripción del delito de blanqueo de capitales que se les imputa.
Durante la tercera sesión del juicio oral por el 'caso Malaya' dicho letrado ha alegado que la operación de compra venta de la Finca La Concepción, ubicada en Marbella y en la que participaron sus clientes, tuvo lugar en Enero de 2003 y "no se les tomó declaración" como imputados hasta el 4 de julio 2007. De ahí que considere que dicho delito continuado "habría prescrito".
Para Bravo y Godfrid, la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión y 1,6 millones de euros, (la misma pena para los dos) en concepto de multa, por haber lavado dinero negro de Roca en el marco de la citada operación de compraventa. Se trata de una parcela marbellí de más de 800.000 metros cuadrados.
En ella la organización de Roca pretendía, a través de la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., construir más de 1.600 viviendas y un campo de golf, en base a un convenio considerado ilegal y contrario al PGOU vigente entonces de 1986. Se trataba de uno más de los muchos pelotazos urbanísticos que se produjeron en la localidad costasoleña, pero con el ex asesor urbanístico como principal beneficiario.
En los órganos sociales de Aragonesas han estado otros de los considerados testaferros de Roca imputados por blanqueo de capitales. Tal es el caso del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta,cuya declaración ampliatoria resultó determinante para que Torres se decidiera a incautar la finca, ubicada en plena Milla de Oro de Marbella.
Aunque los abogados testaferros de Juan Antonio Roca ya no figuraban en la sociedad propietaria del inmueble-al comienzo de la operación Malaya- el juez pudo determinar sus conexiones con los actuales propietarios, a través de la sociedad Inmuebles Direla S.L.
En su declaración ampliatoria del 25 de julio de 2006, Manuel Sánchez Zubizarreta, máximo responsable del entramado societario creado por su bufete para ocultar el patrimonio de Roca, reconocía ante el juez que la sociedad Inmuebles Direla S.L. participa en el accionariado de Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., propietaria de la finca La Concepción.
En Inmuebles Direla figura como administrador único el también testaferro abogado de Roca e imputado en la causa, Juan Luis Soriano Pastor. Desde el comienzo de la operación Malaya en marzo de 2006 EL MUNDO de Málaga reflejó en sus informaciones que la finca La Concepción era propiedad de hombres de paja de Roca. Era un secreto a voces en Marbella, si bien los hombres de confianza del entonces asesor municipal se cuidaron muy mucho de desaparecer de los órganos sociales de la empresa propietaria cuando ésta firmó un convenio urbanístico con el entonces alcalde Julián Muñoz, en mayo de 2003.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #6 : Lunes 04 de Octubre de 2010, 22:38 » |
|
Marisol Yagüe, segura de sí misma pero con 'cierta inquietud'
Europa Press | Málaga
Actualizado lunes 04/10/2010 16:27
La defensa de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha indicado que su clienta mantiene su inocencia y ha puntualizado que "nos enfrentamos a un procedimiento complicado, largo en el tiempo". No obstante, ha asegurado que ella "está segura en sí misma, pero tiene una cierta inquietud".
En declaraciones a los medios antes del comienzo de la tercera sesión del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, el letrado Pablo Luna ha indicado que la defensa que empleara con su clienta se hará "como toda defensa poco a poco y día a día", a lo que ha añadido que "primero se tendrá que ver el resultado de las diligencias y de las cuestiones previas". Asimismo, ha puntualizado que Yagüe aún no ha pedido el permiso para no asistir. Sobre los ataques al juez instructor, el letrado ha señalado que prefiere "hacer un análisis objetivo del procedimiento y lo que haya que denunciar como violaciones de derechos fundamentales hacerlo no atacando a las personas sino al procedimiento en sí".
Por otro lado, preguntado por las declaraciones de algunos imputados que dicen que se sienten condenados antes de que comience el juicio, ha manifestado que comparte en parte esa opinión y ha considerado que "a veces las cosas se nos van de las manos". Por último, cuestionado por la posibilidad de que el supuesto cerebro de la operación 'Malaya', Juan Antonio Roca, tire de la manta en su declaración, ha aseverado que "será un testimonio más que habrá que analizar y valorar".
Por otro lado, el empresario acusado José María González de Caldas, que atendió a los medios a la puerta de la Ciudad de la Justicia, ha indicado que lo que quiere es que el juicio se celebre y "cuanto antes mejor" y que "a cada uno lo pongan en su sitio". "El que haya hecho algo que lo pague, el que no, a su casa", ha precisado.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #7 : Lunes 04 de Octubre de 2010, 22:39 » |
|
El abogado de Von Bismarck cuestiona el papel de la Junta y el Ayuntamiento
Anticorrupción solicita para la condesa 2 años de prisión y 400.000 euros de multa
José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado lunes 04/10/2010 14:10
El abogado Juan García Alarcón, defensor de la condesa Sandra Von Bismarck, cuñada de Gunilla Von Bismarck, ha mantenido este lunes que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella "no pueden considerarse perjudicados" en el delito de blanqueo continuado de capitales que se le imputa a su cliente.
"¿Qué negocio han realizado contra los fondos públicos o los intereses del Ayuntamiento?", se ha preguntado García Alarcón, no sólo con respecto a Bismarck, sino en alusión a los dos hermanos Abril Cumpián, abogados a quienes también representa.
De hecho, las multas globales por blanqueo de capitales, elevadas para todos los acusados a más de 4.000 millones de euros, van destinadas al Estado(Hacienda y Seguridad Social) como principal perjudicado por el lavado de dinero.
El penalista malagueño, que fuera letrado defensor del prófugo Carlos Fernández, considera que ni la administración municipal, ni tampoco la regional "no pueden ejercer ningún derecho" porque -ha acotado- "tienen que probar las cantidades y los perjuicios" ocasionados.
El Consistorio marbellí figura personado como acusación particular, mientras que el Ejecutivo autonómico es acusación popular. La diferencia estriba en que el ex instructor del caso, Miguel Ángel Torres, no admitió la personación de la Junta como particular por no considerarla perjudicada directamente por los delitos que se enjuician en el caso Malaya.
Dicho magistrado consideró en un auto que el Gobierno andaluz se había "lucrado" , con los impuestos cobrados, en relación con miles de viviendas ilegales construidas en la ciudad malagueña.
La imputación sobre la condesa alemana, para quien Anticorrupción solicita 2 años de prisión y 400.000 euros de multa, se enmarca en una operación inmobiliaria de compra venta de terrenos en Marbella en la que intervino la sociedad Pingüe S.L., vinculada a la aristócrata, así como Invest Bardulia S.L.
En esta última aparece el abogado Francisco Antonio Soriano Pastor-también acusado- como administrador único.Dicho letrado es uno de los considerados testaferros habituales del principal imputado, Juan Antonio Roca.
Según un informe del Grupo III de Blanqueo de Capitales de la Udyco, aportado al juez, de cerca de 500 folios, la Policía establece que la sociedad Invest Bardulia S.L. es "una más de las entidades" destinadas a ocultar el patrimonio de Roca a partir de su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella".
El único activo de dicha sociedad lo constituyen unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona marbellí de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros en diciembre de 1997 a la entidad Pingüe SL, propiedad de Bismarck.
Los terrenos fueron objeto de un convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos con el Ayuntamiento de Marbella firmado un año antes y ratificado en el pleno municipal en febrero de 1997, por el cual se recalificó como suelo urbanizable programado una superficie de casi 173.000 metros cuadrados.
Junto a Roca, en Investbardulia interviene como partícipe la entidad Petruchio Investments Limited, radicada en el paraíso fiscal de Gibraltar, constituida en abril de 1997 -dos meses después de ratificarse en pleno el convenio urbanístico- y cuyo apoderado resulta ser también Francisco Soriano Pastor.
Los fondos desembolsados por Petruchio Investments Limited proceden de Suiza, aunque el informe detalla cómo el abogado de Roca proporcionó a la propietaria- Sandra Bismarck- y al letrado de la sociedad Pingüe S.A. los datos de una cuenta bancaria de la entidad Bentley Financial LTD., radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
La Udyco calcula que las expectativas de ganancias derivadas de los 17.000 metros cuadrados adquiridos por Investbardulia ascenderían como mínimo a más de 1,8 millones de euros.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #8 : Miércoles 06 de Octubre de 2010, 01:05 » |
|
Aparece un acusado tras amenazar el juez con detenerlo tras dos días de ausencia
José Carlos Villanueva | Málaga
Actualizado martes 05/10/2010 14:20-elmundo.es
El acusado en el 'caso Malaya' José María Mellado, considerado testaferro de Juan Antonio Roca, se ha personado ante el tribunal que juzga este caso al enterarse de que el juez iba a ordenar su detención si no se personaba en la sala antes de las 15.00 horas de este martes.
Mellado, quien no acudió ni este lunes ni este martes al juicio, ha aparecido pasadas las 14.00 horas en la sala y ha tenido que ser examinado por un médico forense tras sufrir mareos en la sala.
El presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, José Godino, encargado de enjuiciar el 'caso Malaya', anunciaba a media mañana de este martes que ordenaría la busca y captura del acusado José María Mellado si no se presenta ante el tribunal antes del final de la sesión.
La paciencia del magistrado se ha colmado, después de que Mellado, vinculado a la sociedad que explotaba el hotel La Malvasía, ubicado en la aldea de El Rocío (Huelva), y cuya propiedad se atribuye al ex asesor urbanístico de Marbella, no haya acudido a las dos últimas sesiones de la vista oral celebradas. De hecho, el letrado defensor del supuesto fugado, Juan Carlos Martínez, intervino en el turno de palabra del lunes.
Mellado, vinculado a la sociedad Torquemada de Hostelería S.L., está acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, de carácter continuado y se enfrenta a una pena de dos años de prisión, así como a una multa de 3,5 millones de euros.
La Malvasía dispone de 16 habitaciones dobles, una individual y una suite, diseñadas según el estilo arquitectónico andaluz, y se ubica sobre una antigua casa señorial almonteña. Según consta en la página web del hotel, Mellado fue hasta su detención el chef del restaurante del establecimiento hotelero.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #9 : Miércoles 06 de Octubre de 2010, 01:06 » |
|
El abogado de Muñoz dice que su cliente sería 'el hazmerreír en el ránking de corruptos'
Muñoz está acusado de recibir más de 150.000 euros de Roca en sobornos
José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado martes 05/10/2010 16:02
La cuarta sesión del juicio por el 'caso Malaya' ha arrancado este martes con la intervención del abogado defensor del ex alcalde de Marbelal Julián Muñoz, Javier Saavedra. Dicho penalista considera que su cliente "sería el hazmerreír en el ránking de los corruptos, teniendo en cuenta las cifras que se manejan", con respecto al resto de acusados.
Para hablar en tales términos el mediático letrado se basa en que al ex regidor del GIL se le acusa de haber percibido del principal acusado, Juan Antonio Roca, sobornos que superan los 150.000 euros, en el marco de la aprobación de diversos convenios urbanísticos, entre 2002 y 2003, mienttas que a la ex alcaldesa Marisol Yagüe se le acusa de habre recibido más de tres millones de euros. Los pagos presuntamente recibidos por Muñoz se hicieron cuando aún era alcalde y tras la moción de censura que le apartó del poder.
Aunque Saavedra no la ha citado expresamente, se da la circunstancia de que la ex regidora marbellí está acusada de recibir presuntamente más de tres millones de euros en sobornos por parte de Roca, de ahí la comparación que ha establecido el letrado con respecto a su defendido.
En el caso de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, la Udyco halló en su domicilio más de 300.000 euros en billetes de 500, algo que el Ministerio Público también atribuye a sobornos. Para la ex alcaldesa, Anticorrupción solicita 20 años de cárcel, 12 años para García Marcos y 10 para Muñoz.
"Lo de Julián Muñoz es terrible y se te encoge el corazón, porque cuáles son los indicios que llevan al juez a decretar la prisión de Muñoz", se ha preguntado en voz alta el conocido abogado de famosos vinculados a la prensa rosa.
Saavedra se ha respondido a sí mismo, al aludir a la declaración del contable de Roca, Salvador Gardoqui, así como a la llamada 'caja B' del ex asesor urbanístico marbellí. En ella aparecían las iniciales J.M.
Dichas siglas "no son suficientes" para haber mantenido al ex primer edil del GIL en prisión, sin fianza, durante 14 meses, ha reprochado Saavedra al ex juez instructor del caso Miguel Ángel Torres, contra el que ha arremetido especialmente por no haber sometido a reparto las diligencias que dieron lugar a este macroproceso por corrupción municipal.
En descargo de Muñoz, su defensa ha recordado que Roca negó haberle hecho entrega de dinero alguno porque, ha acotado, "negó que las iniciales JM se correspondieran con Julián Muñoz".
Para Saavedra "sería de imbéciles" pensar que Roca hizo pagos fraccionados a Muñoz tras la moción de censura que padeció, urdida por el propio ex asesor de la que se convirtió en alcaldesa, Marisol Yagüe. A juicio de Saavedra, existía "muy mala relación política" entre el presunto cerebro de la trama de 'Malaya' y el ex alcalde.
Cabe recordar que las escuchas telefónicas del sumario desvelaron la relación, sumamente cordial, que mantenían Roca y Muñoz en 2006. Incluso se ponían de acuerdo en lo que tenía que declarar el ex alcalde ante el Tribunal de Cuentas, entre otros procesos pendientes.
Saavedra ha llegado a decir que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal europeo de Derechos Humanos, al tiempo que ha pedido la anulación del auto de prisión incondicional dictado contra el ex primer edil marbellí.
Julián Muñoz está acusado de prevaricación, malversación, cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado. Además de la mencionada pena de prisión, se le reclaman 400.000 euros de multa.
Sobre Marisol Yagüe pesan los delitos de prevaricación, malversación, cohecho pasivo para acto injusto, fraude y prevaricación. Se le reclaman 3,8 millones de euros de multa.
Por lo que respecta a Isabel García Marcos, afronta acusaciones por prevaricación, malversación, cohecho pasivo y alteración de precios de concursos y subastas. Se le reclaman 700.000 euros de multa.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #10 : Miércoles 06 de Octubre de 2010, 16:01 » |
|
El abogado de 'Sandokán' vincula al comisario general de la Policía Judicial con Roca
José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado miércoles 06/10/2010 15:09
El abogado defensor del constructor Rafael Gómez 'Sandokán', Antonio Urdiales, ha relacionado este miércoles al comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, con las siglas J.A.G. que aparecieron vinculadas a un presunto pago de 200.000 euros en la contabilidad manuscrita del principal acusado del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca.
Dicha defensa ha recordado que en la contabilidad de la empresa Maras Asesores, utilizada para canalizar todas las finanzas de Roca, apareció documentación relacionada con diversos pagos vinculados, según el juez Miguel Ángel Torres, a altos cargos policiales. De hecho, como ya informó EL MUNDO en 2007 el citado magistrado dedujo testimonio y abrió una pieza separada para investigar quién estaba detrás de las siglas J.A.G.
Urdiales también ha mencionado lo apuntado por Torres sobre que dichos pagos, a cargos policiales, "estarían relacionados con informaciones recibidas" por Roca en el marco del 'caso Malaya'.
"Lo poco que tardaron los funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aquí se sientan", como presuntos sobornadores de Roca, "y a la hora de identificar a un alto cargo policial que responde a las iniciales J.A.G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías", sostiene Urdiales.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #11 : Miércoles 06 de Octubre de 2010, 16:02 » |
|
SIGUE
El que fuera uno de los principales abogados del 'caso Intelhorce' ha ido más lejos: "Con los mimbres que pone el fiscal no se trata de otro que del comisario de Policía Juan Antonio González, presuntamente". A juicio de Urdiales "si se tratara de otra persona ni qué decir tiene que ya estaría detenido", ha remachado.
Acto seguido, se ha quejado de "no encontrar el testimonio que se ha deducido", a raíz del hallazgo de las iniciales J.A.G., "ni tampoco qué investigaciones se han seguido", ha expuesto el abogado de 'Sandokán', acusado también de entregar presuntos sobornos a Roca.
Además, Urdiales ha pedido que los agentes de la Udyco que se encargaron de investigar quién era J.A.G. comparezcan en el juicio, "para que den explicaciones" de la actuación y "cómo acabaron", ha dicho en alusión a su situación personal. Como ya informó este diario, los dos principales inspectores malagueños a los que el juez Torres asignó las pesquisas acabaron finalmente en una comisaría de distrito de la barriada malagueña de El Palo. Lo cierto es que cuando comenzaron a encontrarse con nombres incómodos, algunos vinculados a la Junta de Andalucía, arrojaron la toalla, tras recibir supuestas presiones para que abandonaran sus pesquisas.
Fuentes de Anticorrupción han asegurado a ELMUNDO.es que tras la apertura de dichas diligencias previas, para esclarecer quién era J.A.G., las actuaciones se archivaron porque los agentes de la Udyco no pudieron esclarecer con qué identidad se correspondía dicho acrónimo.
Sobre esta pieza separada pesa un sobreseimiento provisional que, hasta el momento, no ha sido recurrido. El Partido Popular, que ha criticado duramente la actuación de Juan Antonio González en el 'caso Gürtel', ni siquiera se ha personado en dicho procedimiento para recurrir el sobreseimiento, e intentar esclarecer los hechos. Todo ello, a pesar de que los populares, así como el Ayuntamiento de Marbella figuran personados en todas las piezas separadas del 'caso Malaya'.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #12 : Miércoles 06 de Octubre de 2010, 16:07 » |
|
UN POLICÍA RELACIONADO CON ROCA
¿Quién es JAG? Únicas iniciales sin juzgar en el caso Malaya
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ordenó en 2007 investigar a una persona a la que Juan Antonio Roca pagó 200.000 euros y que identifica como "JAG". Según el auto, JAG "está vinculado con el Cuerpo Nacional de Policía".
Documento: Orden del Juzgado para investigar a JAG
2010-10-06 LIBERTAD DIGITAL
El juzgado recibió un informe de la UDYCO Costa del Sol, Sección de Delincuencia Económica, informando sobre unos documentos intervenidos en el registro de un trastero propiedad de Juan Antonio Roca, principal acusado del caso Malaya. En dichos documentos figuran las iniciales de una persona, JAG, que presuntamente habría recibido dádivas.
Según el juzgado, el citado informe "es una relación de llamadas recibidas por el propio Roca, en concreto la mención "JAG (Francisco de Paula) Comisario de Marbella"". Francisco de Paula fue designado Comisario de Marbella en 2005. Continúa el Juzgado acreditando que "JAG, del que se ignora su identidad, habría llamado a Roca en diciembre de 2005 y se puede deducir, a tenor del propio documento, que habría informado a Roca de la identidad del nuevo Comisario de Marbella, aportando como dato que éste es amigo de una persona conocida como AK no identificada, que Roca sí que conoce, y de una tercera persona llamada Pepe Marín, cuyo nombre coincide con el actual Comisario Jefe de Seguridad Ciudadana y que sería amigo de un tal Willy, pendiente de identificación". Por lo tanto, JAG "es una persona que conoce la estructura policial y que está al tanto de las decisiones en el Cuerpo Nacional de Policía".
En el documento intervenido aparece "un pago a favor de JAG a cargo de Roca por importe de 200.000 euros". Y concluye el Juzgado que JAG, "una persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía", podría haber sido pagado por Roca "por facilitarle información valiosa sobre este procedimiento". Por todo ello, el juzgado ordena que se investigue todo lo relativo a JAG y se lo encarga a la Brigada de Régimen Interior de la Policía.
Curiosamente, las iniciales JAG coinciden con Juan Antonio González, el todopoderoso comisario general de la Policía Judicial de Rubalcaba que participó en la cena previa a la cacería en la que coincidieron Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. La famosa cacería, que se celebró el mismo fin de semana en que se desató el caso Gürtel, le costó el cargo al ministro.
Este mes de septiembre, Juan Antonio González dio instrucciones para que todas las investigaciones que afecten a cargos públicos y persona de relevancia pasarán por sus manos. "Como bien se conoce, en el ámbito de la inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía hay determinadas investigaciones en las que pueden aparecer implicadas personas de alta relevancia, altos cargos públicos, funcionarios policiales investigados y colaboradores policiales, cuyo tratamiento requiere un enfoque especializado para salvaguardar la eficacia de la propia investigación", decía la instrucción que se ha enviado a las jefaturas superiores. Es decir, que si alguna jefatura investiga algún tema relacionado con cargos públicos deberá llevar primero el visto bueno de la mano derecha de Rubalcaba.
Una vez pasado este filtro, las pesquisas pasarán a ser tratadas "en las bases de datos de la Unidad Central de Inteligencia Criminal a efectos de facilitar la coordinación" ya que el comisario considera que "esa protección especial y preferente dispensada se desvanece cuando en la investigación aparecen otros cuerpos policiales".
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #13 : Viernes 08 de Octubre de 2010, 17:46 » |
|
"voy a demostrar que soy inocente"
Isabel Pantoja dice que se ha usado su nombre como cortina de humo para "tapar cosas"
La tonadillera Isabel Pantoja ha defendido su inocencia en el caso Malaya, en el marco del cual se podría enfrentar a una pena tres años de prisión y una multa de 3,6 millones de euros por blanqueo de capitales. En su opinión, el proceso es una "cortina de humo" para "tapar muchas cosas".
2010-10-08
europa press
"Exactamente igual que le pasó a doña Lola Flores y a mucha gente más, a la señora de Mecano (en referencia a Ana Torroja), a mucha gente.. Es una cortina de humo muy importante. Mi nombre es bastante importante para hacer una cortina de humo, para muchas cosas, para tapar muchas cosas", ha indicado la cantante en declaraciones a Onda Cero.
La tonadillera sevillana ha dicho ser "absolutamente" inocente y, en este sentido, ha defendido que "por supuesto" los delitos de los que se le acusa son falsos, en relación a supuestas irregularidades en la adquisición de un apartamento en el Hotel Guadalpín y a la casa que posee en la urbanización La Pera.
Tras indicar que acudirá el próximo día 14 a declarar ante el juez, la tonadillera ha lamentado el "juicio paralelo" al que se le ha sometido en los últimos cinco años. "A mí ya se me ha juzgado. No me han quemado en la hoguera, en medio de una plaza porque a lo mejor no me he dejado, físicamente.. Pero, por mucha gente ya podría estar quemada y enterrada", ha señalado.
En esta misma línea, Isabel Pantoja ha remarcado su derecho a la presunción de inocencia porque "no se puede culpar a una persona si todavía no se la ha juzgado". "Aquí parece que sólo Isabel Pantoja es la única persona o el único ser humano que no es presuntamente inocente. No tengo presunción de inocencia, por lo que veo", ha explicado.
No obstante, ha explicado que confía "plenamente" en la justicia y se ha mostrado convencida de poder "demostrar con documentación todo" lo que el juez y el fiscal le pidan. "Voy a demostrar que soy inocente –ha remarcado–. Por lo menos que me dejen demostrarlo. No que me estén acusando desde hace cinco años, porque eso es muy duro".
Finalmente, la tonadillera ha dicho no arrepentirse de nada de lo que ha hecho "y si lo han hecho por amor muchísimo menos" y se ha mostrado ilusionada con su vuelta a los escenarios al defender que ahora no tiene "más remedio" que responder "a ese público tan maravilloso que cada día llena los recintos" donde ella actúa.
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
gaia
EditoraDebatimos
Valoración: +1520/-10
Desconectado
Sexo:
Mensajes: 50158
|
|
« Respuesta #14 : Lunes 11 de Octubre de 2010, 19:30 » |
|
VEÍAN INDICIOS DE VARIOS DELITOS
Dos inspectores dimitieron por las presiones recibidas al investigar a JAG
El juicio del caso Malaya destapó la polémica por las siglas JAG. Sin embargo, estas siglas ya salieron a relucir en 2007 cuando dos inspectores abandonaron las investigaciones de estas iniciales por las fuertes presiones que recibieron de altas instancias policiales.
2010-10-11
LIBERTAD DIGITAL
El inicio del juicio por el caso Malaya, con decenas de imputados, ha destapado la polémica por las siglas JAG, únicas iniciales que no han sido identificadas y que el abogado Antonio Urdiales relacionó con Juan Antonio González, súper comisario del ministro Rubalcaba y por el que pasarán todos los casos de corrupción en los que se vean afectados personas de relevancia.
Según cuenta el diario El Mundo este lunes estas iniciales han rescatado del olvido a dos inspectores de Policía que intentaron identificar a JAG y que tuvieron que abandonar sus investigaciones ante las presiones que recibieron.
De hecho, estas coacciones provocaron que en primavera de 2007 ambos inspectores dimitieran de sus pesquisas encomendadas directamente por el juez Miguel Ángel Torres para intentar desentrañar estas iniciales.
El diario de Unidad Editorial desveló en su edición del 1 de junio de 2007 la aparición en el sumario de nombres incómodos, así como de personas relacionadas con la Junta de Andalucía lo que provocaron estas fuertes presiones en los dos jóvenes inspectores.
Para ambos agentes había fuertes indicios de sendos delitos de cohecho y revelación de secretos cometidos por alguien relacionado con altas instancias policiales que presuntamente habría facilitado a Roca información valiosa del caso Malaya por unos 200.000 euros.
La sección de Blanqueo de Capitales del Grupo III de Udyco Costa del Sol, dirigida por uno de estos inspectores, quedó totalmente descabezada. Curiosamente, esta unidad dependía y depende del comisario Juan Antonio González.
Unas semanas antes de que los dos agentes dimitiesen, el juez Torres les dio instrucciones para que blindaran sus investigaciones prohibiéndoles desvelar cualquier información a sus superiores. Éstos se indignaron y presionaron a los dos inspectores para que desobedecieran las instrucciones del juez. Ante esto, decidieron abandonar.
El caso, como recuerda el diario, podría abrirse si alguna parte personada lo solicitara. El Ministerio Público sostiene que el motivo del archivo del caso es que la Policía "nunca pudo aclarar a qué persona correspondían las siglas JAG".
|
|
|
|
|
En línea
|
Veritas Liberabit Vos
|
|
|
|
Debatimos.com: Opina sin límite
|
|
|
|
|
|
En línea
|
|
|
|
|
