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Autor Tema: España impondría una moratoria de dos años a los trabajadores búlgaros y rumanos  (Leído 771 veces)
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« : Miércoles 01 de Noviembre de 2006, 19:54 »

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado que España impondrá una moratoria de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros, decisión que, según el titular de Trabajo, Jesús Caldera, todavía no se ha tomado y que está pendiente de consensuarse con los agentes sociales.

Ambos países entran en la UE el 1 de enero de 2007, por lo que sus ciudadanos podrán desplazarse y trabajar libremente en cualquier país comunitario. Otros países, como Francia, Reino Unido e Irlanda también han impuesto medidas para hacer frente a una posible avalancha de trabajadores procedentes.

Según explicó Moratinos en un acto distinto al de Caldera, España tiene "una política muy clara" en este tema, que consiste en aplicar las mismas medidas que impuso a los últimos países que entraron a formar parte de la Unión Europea con la ampliación a 25, es decir, una restricción de dos años para sus trabajadores.

"Luego, de manera natural y normal, levantamos la restricción a la libre circulación de personas, a los dos años, y fue celebrado tanto en Polonia, como en Hungría y en otros países de Europa del Este y Central", recordó el jefe de la diplomacia española.

No sucedió lo mismo con el Reino Unido, que al principio se decantó por la libre circulación y ahora planea fijar restricciones, explicó Moratinos.

Tras señalar que hay casi 500.000 rumanos trabajando legalmente en España, manifestó que estos inmigrantes "ya gozan de unos acuerdos bilaterales muy favorables" y se mostró convencido de que "no habrá dificultad para seguir trabajando de forma bilateral" con Rumanía.

Por la noche, la Dirección General de Comunicación Exterior (DGCE) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español aclaró en un comunicado que la moratoria "no se concretará hasta que no se completen las consultas formales, a principios de diciembre, que el Ministerio de Trabajo mantiene con las organizaciones sindicales y empresariales".

Negociación con los agentes sociales
Al poco de conocerse las palabras de Moratinos, se conocían las de Caldera diciendo lo contrario, que no se ha adoptado todavía ninguna decisión y que ésta tendría que salir de las negociaciones con los agentes sociales -CCOO, UGT y CEOE, que han solicitado que se aplique una moratoria-.

Caldera afirmó que "hay que hacer algo flexible, ya que hay que proteger nuestro mercado laboral, pero estableciendo los mecanismos de flexibilidad necesarios para cuando se necesite mano de obra".

Asimismo, recordó que su Ministerio ha iniciado un periodo de consultas con los agentes sociales y con otros países de la UE para analizar las posibles medidas. Por ello, reiteró que "todavía el Gobierno no tiene cerrada una decisión".

Sobre esta contradicción entre departamentos ministeriales se pronunciaron los sindicatos CCOO y UGT. Fuentes de UGT indicaron que el Gobierno no les ha trasladado ninguna propuesta, porque todavía no está tomada, y que les ha insistido en que se mantiene el periodo de consultas a los agentes sociales.

Al respecto, el secretario de Inmigración de CCOO, Julio Ruiz, destacó que "no es serio" que el Gobierno adopte unánimemente una moratoria, después de que el Ministerio de Trabajo haya abierto una ronda de negociaciones con los agentes sociales.

Tristeza entre los inmigrantes
Por su parte, la Asociación de Inmigrantes Búlgaros en España (AIBE-BALCAN) destacó que la moratoria es una medida "exagerada y triste" que se ha adoptado por los "miedos infundados" que se dan en España y la Unión Europea.

En una respuesta al anuncio hecho por Moratinos, la portavoz de la Comisión Europea en España, Antonia Mochan, recordó que la libre circulación de la mano de obra supone un "beneficio" para la UE, pero que los Estados miembros son libres de decidir moratorias a la entrada de trabajadores de Rumanía y Bulgaria.

En Madrid, donde está de visita, el ministro de Comercio de Rumanía, Iulin Winkler, afirmó que espera que la realidad demuestre que no tienen fundamento las "preocupaciones" de España sobre la entrada de trabajadores rumanos y añadió que confía en que no se cumpla el plazo de dos años para admitirlos.

elmundo.es 31/10/06
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