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Autor Tema: No sólo no se archivará el caso Faisan, sino que se pide más diligencias  (Leído 12117 veces)
gaia
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« Respuesta #30 : Jueves 15 de Septiembre de 2011, 06:56 »

el pleno se celebra el próximo martes



Los tres magistrados que juzgarían el chivatazo no decidirán si continúa en la Audiencia



Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri se inhiben para no 'contaminarse'.
 

2011-09-14


 LIBERTAD DIGITAL


Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que juzgarían el chivatazo al aparato de extorsión de ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) se han inhibido del Pleno de la Sala de lo Penal que analizará el próximo 20 de septiembre si este tribunal es competente para instruir la causa.

Según fuentes jurídicas que cita Europa Press, el presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, y los magistrados de este tribunal Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri han comunicado su intención de apartarse del Pleno para no quedar contaminados de cara a un futuro juicio oral.

De esta forma, serán 15 los magistrados de la Sala de lo Penal que participarán en la vista en la que se analizarán los recursos que las defensas de los tres procesados --el exdirector general de la Policía, Víctor García-Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros-- presentaron contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio.

El tribunal estará encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; y constituida por otros cuatro magistrados de la Sección Primera (Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Nicolás Poveda); cinco de la Segunda (Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada, que será el ponente); otra de la Tercera (Ángeles Barreiro) y otros cuatro de la Cuarta (Ángela Murillo, Teresa Palacios, Juan Francisco Martell y Carmen Paloma González).

El Pleno de la Sala de lo Penal acudirá a la deliberación con una máxima división en relación con este asunto, ya que los magistrados progresistas serían partidarios de no considerar el chivatazo como un delito de colaboración con organización terrorista y el sector conservador se decantaría por mantener la causa en la Audiencia Nacional.

La Sala, que se reunirá a partir de las 17.00 horas del 20 de septiembre en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, decidirá si los hechos investigados podrían constituir un delito de colaboración con organización terrorista o encubrimiento con fines terroristas, en cuyo caso la causa permanecería en este tribunal, o si sólo podrían ser constitutivos de revelación de secretos, lo que trasladaría la investigación a un juzgado de Irún.

Gómez Bermúdez decidió el pasado 26 de julio elevar al Pleno el estudio de los recursos de las tres defensas, dada la "complejidad e importancia jurídica" que supone decidir sobre la comisión de los imputados de un delito de colaboración con organización terrorista.

Ruz procesó el pasado 13 de julio a García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros al considerar que el chivatazo al propietario del bar 'Faisán', Joseba Elosua, impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió la financiación de la banda a través del dinero obtenido de la extorsión.

Según el relato del juez, que reproducía los argumentos del jefe del equipo policial que investigó el chivatazo, Carlos Germán, García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación, que el jefe superior de Policía del País Vasco realizó después de que el inspector Ballesteros, que se había desplazado hasta el establecimiento, le entregara un móvil al dueño del 'Faisán'.
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« Respuesta #30 : Jueves 15 de Septiembre de 2011, 06:56 »

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« Respuesta #31 : Martes 20 de Septiembre de 2011, 04:00 »

quién es quién en el caso


Las claves del Faisán ante el pleno decisivo de la AN

La Sala de lo Penal deberá decidir en un pleno decisivo que comienza este martes el futuro judicial del mayor escándalo después de los GAL.

2011-09-19


 LIBERTAD DIGITAL


A partir de este martes, los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberán decidir si detrás del chivatazo a ETA hubo o no un delito de colaboración con banda armada. De ello, dependerá que el caso permanezaca en este órgano judicial o, al contrario, vuelva a Irún.

El soplo: El 4 de mayo de 2006 estaba preparada la operación Urogallo que pretendía desmantelar el aparato de extorsión de la banda terrorista, que se centralizaba a través del bar Faisán, situado junto a la frontera de Irún y Behobie. Pero, en pleno proceso de negociación de Zapatero con la ETA, alguien alertó a Elosua, y desbarató la operación policial.

El escenario: la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA. Según consta en el El sumario esta delación se enmarcó dentro de las negociaciones entre el Ejecutivo socialista y la banda criminal. En los documentos incautados al jefe etarra Thierry consta que en el año 2006, dos emisarios del Gobierno comunicaron a la banda terrorista que las detenciones de Elosua y sus cómplices fueron un "accidente". "Dice que han intentado todo para evitar" la operación contra la red de extorsión de ETA "pero que no han podido pararlo".

Los jueces instructores del chivatazo: La investigación la abrió el juez Fernando Grande Marlaska que se encontraba sustituyendo temporalmente a Baltasar Garzón en el juzgado de Instrucción Número 5. Cuando el juez estrella se reincorporó al juzgado guardó el asunto en un cajón durante más de tres años. La suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional supuso la llegada del juez Pablo Ruz y la reactivación del caso. El peso de esta investigación es mérito de este último magistrado.

La postura del fiscal: La instrucción se ha enfrentado a la actitud obstruccionista de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha hecho, y sigue haciendo, todo lo posible por echar tierra sobre este escándalo. El 5 de octubre de 2009 solicitaba el archivo del caso porque consideraba "agotada" la investigación porque no se podía determinar quién informó a la banda terrorista. Ahora, se opone a que se siente en el banquillo a los tres policias procesados por el delito de colaboración con banda armada.

Víctor García Hidalgo. Uno de los tres procesados. Era el director general de la Policía cuando se produjo el chivatazo. Actualmente está imputado en el caso y es el secretario de Organización del PSE en Álava. En las investigaciones aparece como la persona que ordenó el soplo a la banda terrorista.

Inspector José María Ballesteros. Otro de los procesados en el caso. Destinado en Vitoria en el momento que se produjo el chivatazo a ETA, era el hombre de máxima confianza del jefe superior de la Policía del País Vasco, Enrique Pamiés. Este mando policial aparece saliendo del bar Faisán cuando se produjo el soplo, según las imágenes del vídeo entregadas por el equipo de investigación dirigido por Carlos G.

Enrique Pamiés. El tercer procesado en la causa. Jefe Superior de la Policía del País Vasco. Ascendió a Comisario en el año 2004. Fue destinado como Jefe Provincial de la Comisaría de Vitoria. Desde su ingreso en el Cuerpo Superior de Policía en 1980 ha realizado toda su carrera profesional en el País Vasco. Las investigaciones dicen que fue quien habló con Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán, con un teléfono que le había facilitado José María Ballesteros.

Carlos Germán. Responsable del equipo de investigación del chivatazo, encargo que le hizo el juez Grande Marlaska. Uno de los nombres más comprometidos del caso, en su informe situó como responsables del soplo al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y al jefe policial del País Vasco. Recientemente, el comisario José Cabanillas, su superior, le acusó de querer destruir las pruebas del chivatazo. Fue el único que culpó desde el principio a los tres procesados. Muchas acusaciones se han vertido contra este agente al que han calificado en más de una ocasión como cabeza de turco.

Alfredo Pérez Rubalcaba. Candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Llegó al Ministerio de Interior de Rodríguez Zapatero un mes antes de que se produjera el chivatazo. Su llegada al Gobierno coincidió con la negociación con ETA. Durante los cinco años que han pasado ha intentado disminuir la importancia del caso Faisán y recientemente ha declarado que.

Antonio Camacho. Actual ministro de Interior. Era el secretario de Estado de Seguridad y número dos de Rubalcaba cuando se dio el soplo. La investigación llega hasta él y hasta su teléfono del cual salieron llamadas a varios de los imputados durante los días anteriores y posteriores al chivatazo a ETA. Esas llamadas tenía como destinado un móvil no oficial del director de la Policía, el mismo que dio como salvoconducto a uno de los etarras que negociaba con el Gobierno, Jon Iurrebaso. Además, fue el que acudió hasta París para intentar calmar a la juez Le Vert tras el soplo.

Comisario José Cabanillas. Era jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) cuando se produjo el chivatazo. Declaró la primera semana de febrero en la Audiencia Nacional y acusó al encargado de investigar el soplo, Carlos Germán, de querer destruir las pruebas y trató de desacreditar los informes que apuntaban a la cúpula de Interior como responsable del escándalo. Anteriormente fue el responsable de orientar el contenido de la mayoría de los informes del 11-M que apuntaban a Bin Laden y al terrorismo islámico internacional.

El futuro del caso: Éste comienza a analizarse este martes en la Audiencia Nacional. El Pleno de la Sala de lo Penal celebrará una vista a puerta cerrada donde 15 magistrados deberán determinar si detrás del chivatazo a ETA que se dio el 4 de mayo de 2006 en el bar de Joseba Elosúa –el presunto cobrador de la banda terrorista- hubo o no un delito de colaboración con banda armada. De ello depende que el caso permanezca en este tribunal o, por el contrario, acabe en los juzgados de Irún.
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« Respuesta #32 : Miércoles 21 de Septiembre de 2011, 03:39 »

El fiscal no ve colaboración con ETA en 'Faisán' al no haber 'adhesión ideológica'
 :laleche:




Manuel Marraco | Agencias | Madrid
Actualizado martes 20/09/2011 21:18


La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que en los hechos que se imputan en el 'caso Faisán' no se da la "adhesión ideológica" y la "intención específica de favorecer y beneficiar las actividades y finalidades" de ETA, de manera que no pueden ser considerados como un delito de colaboración con organización terrorista, sino de revelación de secretos. Por ello, solicita sacar el caso de la Audiencia Nacional.

En el documento donde expresa su posición, la Fiscalía explica que la revelación de secretos "castiga al funcionario público que revele informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con grave daño para la causa pública".

En línea con los argumentos expuestos ante el pleno por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, la Fiscalía defiende en un escrito su posición, y concluye que la competencia de la Audiencia Nacional "se limita a los delitos de terrorismo" por lo que pide que un juzgado de Irún finalice la investigación y resuelva sobre el 'caso Faisán'.

Vista a puerta cerrada
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra una vista hoy en la que estudia si este tribunal es competente para juzgar el caso del chivatazo a la banda terrorista ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa).

El tribunal está formado por 15 magistrados, todos los que componen la Sala de lo Penal a excepción del presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, y los jueces Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, que comunicaron su intención de apartarse de la causa para no quedar contaminados, ya que les correspondería juzgar los hechos en una futura vista oral.

Durante la vista, que se celebra a puerta cerrada en la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, las defensas de los tres procesados (el ex director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies; y el inspector José María Ballesteros) exponen los argumentos de los recursos que han planteado contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio.

Como resultado de la instrucción, que se ha prolongado durante casi cinco años, el magistrado imputa indiciariamente a los tres los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento, penados con hasta 10 años de cárcel, y el de revelación de secretos, que el Código Penal castiga con tres.

Niegan haber sido
Los abogados de los tres procesados solicitan el archivo de las actuaciones argumentando que sus representados no participaron en la delación, que la defensa de Ballesteros atribuye al equipo policial dirigido por Carlos Germán, que investigaba el aparato de extorsión y persiguió el chivatazo tras su comisión.

Por su parte, las acusaciones populares, que ejercen Dignidad y Justicia (DyJ), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular (PP) con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, se opondrán al recurso y defenderán que los hechos deben ser enjuiciados por los delitos imputados por el juez instructor.

Máxima división
El tribunal que decidirá el futuro de la causa estará encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; y constituido por otros cuatro magistrados de la Sección Primera (Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Nicolás Poveda); cinco de la Segunda (Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada, que será el ponente); otra de la Tercera (Ángeles Barreiro) y otros cuatro de la Cuarta (Ángela Murillo, Teresa Palacios, Juan Francisco Martell y Carmen Paloma González).

Según fuentes jurídicas, el Pleno de la Sala de lo Penal acudirá a la deliberación con una máxima división en relación con este asunto, ya que los magistrados progresistas serían partidarios de no considerar el chivatazo como un delito de colaboración con organización terrorista y el sector conservador se decantaría por mantener la causa en la Audiencia Nacional.

Financiación de la banda
Gómez Bermúdez decidió el pasado 26 de julio elevar al Pleno el estudio de los recursos de las tres defensas, dada la "complejidad e importancia jurídica" que supone decidir sobre la comisión de los imputados de un delito de colaboración con organización terrorista.

Ruz procesó el pasado 13 de julio a García-Hidalgo, Pamies y Ballesteros al considerar que el chivatazo al propietario del bar 'Faisán', Joseba Elosua, impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió la financiación de la banda a través del dinero obtenido de la extorsión.

Según el relato del juez, que reproducía los argumentos del jefe del equipo policial que investigó el chivatazo, Carlos Germán, García Hidalgo consensuó con Pamies la delación, que el jefe superior de Policía del País Vasco realizó después de que el inspector Ballesteros, que se había desplazado hasta el establecimiento, le entregara un móvil al dueño del 'Faisán'.
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« Respuesta #33 : Jueves 22 de Septiembre de 2011, 03:01 »

La Audiencia Nacional revoca el procesamiento del 'Faisán' y pide seguir investigando


El Pleno de la Sala de lo Penal adopta esta decisión por unanimidad
Reconoce que hay evidencias de un hecho delictivo pero no dice cuál
No aborda si se trata de un delito de colaboración con banda terrorista
El ponente del auto justificó el chivatazo por la negociación con ETA




Manuel Marraco | Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 21/09/2011 20:41



 El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el procesamiento de los imputados en el 'caso Faisán' por no haber "indicios suficientes" contra ellos. No obstante, insta al juez Pablo Ruz a seguir investigando porque hay evidencias de la existencia de un hecho delictivo.

Los 14 magistrados que componen este órgano han acordado por unanimidad estimar parcialmente los recursos de apelación presentados por las defensas de los procesados por el chivatazo a ETA y devolver la causa al juez instructor para que lleve a cabo "una más amplia investigación" y realice nuevas diligencias.

Ruz había imputado al ex director de la Policía, García Hidalgo; al jefe de Policía del País Vasco, Enrique Pamies; y a un inspectorEl tribunal, que "aprecia indicios suficientes de un hecho que reviste los carácteres de delito", no ha entrado en la calificación jurídica de estos hechos y, por lo tanto, no se ha pronunciado sobre si estos pudieron constituir o no un delito de colaboración con organización terrorista, lo que determinaría la competencia de la Audiencia Nacional y no en un juzgado de Irún como pide la Fiscalía.

El magistrado Pablo Ruz, que ha instruido la última parte de una investigación que ha durado cinco años, había imputado al ex director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies; y el inspector José María Ballesteros. A ellos, les había atribuido los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento, penados con hasta 10 años de cárcel, y el de revelación de secretos, que el Código Penal castiga con tres.

El ponente del auto justificó el chivatazo por la negociación
Tras cuatro horas de debate en sesiones de mañana y tarde, los integrantes del Pleno de la Sala de lo Penal han adelantado su fallo, que se concretará en un auto del que será ponente el magistrado José Ricardo de Prada.

En un voto particular que dictó el pasado 5 de abril, De Prada defendió que el chivatazo no podía suponer un delito de colaboración con organización terrorista y que tenía "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz".

'Ha sido un debate muy técnico, muy rico y muy jurídico', describen fuentes jurídicasDespués de que el magistrado, de tendencia progresista, expusiera los términos generales de su ponencia, han tomado la palabra la mayoría de los integrantes de la Sala de lo Penal, que han fijado su posición en relación con este asunto. "Ha sido un debate muy técnico, muy rico y muy jurídico, que se ha desarrollado de forma muy sosegada", indicaron las citadas fuentes.

Según las citadas fuentes, los magistrados han iniciado el debate con "una puesta en común" de sus puntos de vista aunque no han entrado a examinar en profundidad si los hechos podrían constituir un delito de colaboración con organización terrorista, penado con un máximo de diez años de cárcel.

Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha decidido suspender una vista que había convocado para este miércoles al objeto de analizar el recurso de apelación que la defensa de Pamies había presentado contra la decisión del juez Ruz de negar la práctica de varias diligencias de investigación. Según fuentes jurídicas, el tribunal ha decidido acordar un aplazamiento al entender que la resolución del recurso podría verse afectada por la decisión que tome la Sala de lo Penal.

La defensa del jefe superior de Policía en el País Vasco reclama que se tome declaración a los policías que integraban el equipo de investigación, se analice una nueva franja de llamadas entre los sospechosos, se investiguen los encuentros que el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, tuvo antes del soplo y se anule la conversación en la que aseguraba que su comunicante le dio el chivatazo para "no fastidiar el proceso".
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« Respuesta #33 : Jueves 22 de Septiembre de 2011, 03:01 »

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« Respuesta #34 : Viernes 23 de Septiembre de 2011, 05:43 »

El juez de 'Faisán' mantiene sus tesis y buscará más indicios contra los acusados


Pablo Ruz no variará la línea de investigación y realizará nuevas pesquisas
No se siente desautorizado ni cree que la decisión de ayer sea un varapalo
Está a la espera de conocer por qué los actuales no se consideran suficientes
Cree que Ballesteros dio el móvil y Pamies el soplo consensuado con Hidalgo

Efe | Madrid
Actualizado jueves 22/09/2011 18:40


El juez Pablo Ruz se inclina por no variar la línea de investigación mantenida hasta ahora en el 'caso Faisán', que apunta como autores del chivatazo que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión a tres mandos policiales, cuyo procesamiento fue revocado este miércoles por la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas han señalado que Ruz esperará a conocer en detalle por qué el pleno de la sala de lo penal consideró que, aunque los hechos revisten carácter de delito, no hay indicios suficientes de que los autores fueran el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros.

A la espera de que sea notificado el auto del pleno, que debe indicar las "lagunas" detectadas en la investigación llevada a cabo por el magistrado, éste sigue pensando que su tesis sobre la autoría del chivatazo es más verosímil que la que mantienen las defensas de los policías que procesó, que apuntan a otro agente, el jefe del equipo de investigación Carlos Germán, como autor del soplo.

Por eso, el juez tratará de encontrar nuevos indicios que respalden la línea de actuación mantenida hasta ahora y, si no los halla, concluirá la investigación sin ningún procesamiento para que la sala archive la causa.

Ruz cree que hay dos elementos de especial valor que apoyan su versión: la conversación entre el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, y su yerno, al que -sin saber que estaba siendo grabado- contó que le habían dado el soplo, y la declaración que hizo al ser detenido, que cree más espontánea que otras posteriores porque aún no había podido elaborar una estrategia de defensa.

Fue ahí cuando Elosua dijo que se iba "a la lonja" -un local de su propiedad donde supuestamente destruyó cartas de extorsión de ETA que guardaba allí- y aseguró que hacía sólo diez o quince minutos que había llegado al bar cuando una persona entró en él y le pasó un teléfono, a través del que un tercero le dio el chivatazo.

Esto sitúa el momento del soplo en torno a las 11.20 horas del 4 de mayo de 2006, lo que coincide con la presencia de Ballesteros en la zona -recogida por una cámara de vídeo- y desacredita la teoría de que Germán, que llegó más tarde, fuera el autor del chivatazo, según las mismas fuentes, que no obstante consideran "legítima" la línea de actuación de las defensas.

En el auto de procesamiento dictado el pasado 13 de julio, Ruz situaba a Ballesteros como la persona que entró en el bar Faisán y entregó a Elosua el teléfono móvil con el que se hizo el soplo, cuya autoría atribuía a Pamies, mientras que sostenía que García Hidalgo consensuó con este último la acción.

Las fuentes jurídicas han señalado asimismo que el juez no se ha tomado el acuerdo del pleno de la sala de lo penal como un varapalo, y han añadido que si procesó a los tres mandos policiales fue porque pensó que tenía indicios suficientes para llevarles a juicio, sobre todo en el caso de Pamiés y de Ballesteros.

También han dicho que ha mostrado su acuerdo con el hecho de que la sala valorara la existencia o no de indicios de delito en lugar de entrar en el debate sobre la calificación jurídica de los hechos, que él consideró constitutivos de colaboración terrorista y/o encubrimiento y revelación de secretos.
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« Respuesta #35 : Martes 11 de Octubre de 2011, 06:19 »

La instrucción judicial del «caso Faisán» (VI)



La instrucción del caso Faisán: «Se mentía de forma descarada»

Un negociador con ETA declaró al juez Ruz que un mes y medio después del «chivatazo» se citaron con la banda «y no sabíamos nada del lío del “Faisán”»
 
   
 
   
        10 Octubre 11 - Madrid - Ricardo Coarasa Madrid-
larazón.es


 El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz llamó a declarar a principios de año a varias de las personas que negociaron con ETA en el anterior proceso, frustrado por el atentado de la T-4. El objetivo del magistrado era esclarecer si los interlocutores del Gobierno pusieron sobre la mesa la operación contra la red de extorsión de ETA frustrada por el «chivatazo» en mayo de 2006.     En esas declaraciones, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, uno de los interlocutores (a quien el magistrado interrogó como testigo protegido) aseguró que en una reunión con la banda el 22 de junio de 2006, «no sabíamos nada del lío que se montó después en torno a la investigación sobre el bar Faisán» y no se habló de la investigación que entonces realizaba el juez Marlaska.

El negociador contó a Ruz que «por experiencias anteriores se tenía constancia de que el Gobierno por un lado endurece la lucha antiterrorista» al tiempo que promueve el diálogo con la banda. La estrategia, explicó, era, «en muchas ocasiones, mentir de forma descarada, como también lo hacía la otra parte». Eso, añadió, «era asumido por las dos partes». «Desde el principio –insistió al magistrado– la filosofía del proceso era intensificar la presión policial».
Preguntado por Ruz sobre si esa cita era la reunión número 66, contestó que «podría ser», ya que hubo una primera fase de prediálogo «para fijar la hoja de ruta» y una segunda «entre el PSOE y ETA» donde estaría englobada ésta, en la que los terroristas se habrían dedicado a «reprochar la presión policial» ya que a partir de la tregua «es cuando se intensifican las detenciones». Y es que según el testigo «estas reuniones eran de “reproches”, de “insultos”». En esa ocasión, en la que estaba presente el histórico dirigente etarra «Josu Ternera», huido de la Justicia, la cita la había pedido ETA con unos veinte días de antelación. Los terroristas estaban contrariados por la «gravedad de la situación» y reprochaban al Estado que «habían dicho unas cosas y no lo estaba cumpliendo» pues «habían detenido a Otegi y se habían intensificado» los arrestos.

Además de «Josu Ternera», a la cita acudieron mediadores del Centro Henry Dunant de Ginebra y del PSOE, aunque no del Gobierno. Algunas de esas citas se celebraron en Ginebra y otras, en Zúrich. Su papel, declaró, era «demostrarles que no podían detener las actuaciones judiciales».

«La represión iba a seguir»
Ruz le pregunta «si se mencionó que se había tratado de impedir detenciones sin conseguirlo». «Esa frase de esa forma nadie la pronunció», responde. En esas mismas fechas, cuenta, «se levantó una campaña de sospecha de que se había obstruido una operación policial» y había «algo de lío con ese tema». Pero, recalca, «sin saber nada del “Faisán” jamás pudo decirse» algo semejante.
En similares términos negó que se ordenara a las Fuerzas de Seguridad que parasen las detenciones y que se traslasase a ETA que el Gobierno «tapaba» que la extorsión a los empresarios continuaba. «Es imposible que se dijera, esas órdenes no pueden darse por escrito», insistió. Por contra, recalcó que tenían» instrucciones expresas de que la represión contra ETA iba a seguir», aunque les decían «que no era así, ya que se trataba de “engañar” a ETA».
 
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« Respuesta #36 : Domingo 03 de Junio de 2012, 09:50 »

Ruz rechaza que existan contradicciones


La Guardia Civil culpa a la cúpula de Rubalcaba del chivatazo a ETA


Según un informe de la Benemérita, que publica hoy el diario El Mundo, "las evidencias soportan de manera consistente la hipótesis".

LIBERTAD DIGITAL 2012-06-02





En un informe de 600 páginas emitido por el juez Pablo Ruz, del que da cuenta este sábado el diario El Mundo, se ratifica que el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector Ballesteros dieron el soplo a la red de extorsión de la banda terrorista ETA en el Bar Faisán de Irún en mayo de 2006, es decir, que son los responsables del llamado "caso del chivatazo a ETA" o "caso Faisán".

Los investigadores de la Benemérita rechazan por "inconsistente" la tesis de que el equipo investigador dirigido por Carlos Germán fuese el responsable de la delación. El informe podría servir para procesar de nuevo a los tres altos cargos de Interior en la etapa socialista, algo que impidió el juez Bermúdez cuando presidía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional poco antes de las últimas elecciones generales.

La tesis que defiende el informe es que Ballesteros fue quien entregó a Joseba Elosúa -dueño del Bar Faisán y jefe de la trama de extorsión de la banda terrorista- el teléfono desde el que Pamiés le advirtió de que se había preparada una operación policial para interceptarles.

Según desvela el diario El Mundo, el acuerdo para el chivatazo se toma la noche anterior con García Hidalgo. En esas fechas, quien estaba al mando de Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba. Tal y como dice el informe "las evidencias policiales sobre el caso soportan de manera consistente la hipótesis de autoría de los imputados en un grado mucho mayor que el resto de hipótesis plausibles".
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« Respuesta #37 : Miércoles 13 de Junio de 2012, 08:16 »

Un informe de la Policía concluye que la cúpula de Rubalcaba dio el chivatazo




El equipo investigador ha analizado 833 nuevas llamadas telefónicas y ha descartado que ninguna de ellas pueda ser una alternativa al chivatazo.


LIBERTAD DIGITAL 2012-06-12





El equipo que investiga el caso Faisán ha analizado 833 nuevas llamadas telefónicas, y ha descartado que ninguna de ellas pueda ser una alternativa a la que consumó el chivatazo. Según publica El Mundo, incluso después de ampliar la investigación a las llamadas recibidas en el bar, la teoría que cobra fuerza sigue siendo que el soplo lo dieron los tres imputados, como única "hipótesis racional y congruente".

El juez Ruz solicitó este informe al equipo de investigación para responder a las objeciones con las que el Pleno de la Audiencia Nacional revocó el procesamiento del exdirector de la Policía, Víctor García Hidalgo; del exjefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector jefe José María Ballesteros.

El informe insiste en uno de los principales reproches a la investigación, y explica que lo "razonable" es que la llamada del Bar Faisán fuera "saliente" y no "entrante". Es decir, que Ballesteros, que estaba en el bar, llamara a su jefe Pamiés "por cuanto el sujeto 2 (interlocutor) no puede precisar el momento en el que el sujeto 1 (portador del móvil) va a abordar a Joseba Elosua".

El equipo de Carlos Germán expone en esta investigación el análisis que ha llevado a cabo de las 833 llamadas entrantes recogidas ese 4 de mayo de 2006 por las antenas de telefonía de la zona. Todas ellas son analizadas, para quedarse sólo con las que duraran más de cinco minutos, que empezaran entre las 11:20 y las 11:30 horas y que acabara entre las 11:25 y las 11:40 horas; características oficiales de la "llamada del soplo". El resultado es "la existencia de cinco llamadas de sentido entrante que cumplen estos requisitos objetivados".

Después, se interrogó a los usuarios de esos teléfonos, y según el informe: "se puede afirmar que todos sus titulares y/o usuarios son personas absolutamente ajenas y desconocedoras de la investigación y de las informaciones facilitadas a Joseba Elosua y son personas desvinculadas de cualquier nexo con miembros de las FFCCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado], eliminándose su más mínima vinculación con los hechos investigados".

Por eso, el informe concluye que "que de las 1.932 llamadas registradas (entrantes y salientes) ese día [...] sólo una reúne los requisitos fijados y a su vez cumple con el requisito específico de que los titulares y/o usuarios de esos teléfonos sean funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía". Se trata de la que efectuaron a las 11:23 horas Ballesteros y Pamies.

Además del informe de la Policía, Ruz también pidió otro informe a la Guardia Civil, relativo al material reunido por el equipo investigador. El Instituto Armado también apuntó la implicación de los imputados como "hipótesis más consistente" y descartó las supuestas incoherencias expuestas por el Pleno.

También la Guardia Civil criticó la decisión de descartar las llamadas entrantes, por lo que Ruz ha pedido al Insitituto Armado que amplíe el informe.
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« Respuesta #38 : Viernes 12 de Octubre de 2012, 07:43 »

El juez rechaza procesar por el 'caso Faisán' al ex director de la Policía

El magistrado sigue adelante contra el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de policía José María Ballesteros



Les acusa de colaboración con ETA y revelación de secretos
Joaquín Manso | Manuel Marraco | Europa Press | Madrid
Actualizado jueves 11/10/2012 21:45 horas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado por el chivatazo a ETA al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros. No obstante, deja fuera a su jefe político, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, siguiendo el criterio el Ministerio Fiscal.

Ruz entiende que en las nuevas diligencias practicadas por la Guardia Civil no ha aparecido ningún indicio distinto de los que ya existían contra García Hidalgo cuando el Pleno de la Sala Penal revocó su procesamiento en noviembre de 2011.

El policía Enrique Pamies. | Nuria González
Respecto de los dos mandos policiales procesados, el juez mantiene para ellos la calificación del soplo como sendos delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos.

Con ese criterio, el chivatazo se enjuiciaría en la Audiencia Nacional y no en los juzgados de Guipúzcoa, pero será la Sala quien adopte una posición definitiva.

En relación con García Hidalgo, y en consonancia con lo dicho con e fiscal, el juez señala que de las nuevas diligencias practicadas en esta causa no se desprende ningún indicio "concreto, específico y adicional" a los ya valorados adicionalmente por la Sala antes de ordenar a Ruz que insistiera en sus averiguaciones.

Añade que la instrucción no permite "alcanzar un estándar o canon mínimo de objetividad, razonabilidad y suficiencia indiciaria", respecto al exdirector de la Policía, "lo que determina que no haya lugar a decretar su procesamiento.

Así se dio el chivatazo

Ruz explica como Pamies tuvo conocimiento por diversas vías de los últimos avances de la investigación del aparato de extorsión de ETA en la tarde noche del 3 de mayo de 2006. Ante la inminencia de la operación, se pone en contacto con el entonces miembro de la Brigada de Información de Vitoria destinado a la investigación del terrorismo islámico José María Ballesteros, a quien pide que el día siguiente que se desplace a Irún para permitir "presuntamente" el contacto con Elosua "y poder trasladarle la información sobre el operativo policial en marcha, con la intención de frustrar el mismo".

Con los delitos que ve el juez el caso se juzgaría en la Audiencia Nacional
Al no poder contactar el 5 de mayo con Elosua en su domicilio, Ballesteros se dirigió al bar, al que entró a las 11.17 horas, según la cámara de videovigilancia situada en el bar por el operativo policial que investigaba a los colaboradores de ETA. El auto reconoce un retardo de tres minutos en la grabación respecto de la hora real.

Una vez dentro, Ballesteros pregunta por Elosua y a las 11.23 le pasa el teléfono desde el que presuntamente Pamies dio el chivatazo, una conversación que duró exactamente 8 minutos y 11 segundos. Mientras tanto, el policía esperó en la barra tomándose un café.

Durante esos ocho minutos, Pamies le dice a Elosua que tiene conocimiento de una comida que él mantuvo el día anterior con otros miembros del aparato de extorsión, concretamente Ramón Sagarzazu y Gorka Aguirre, le refiere el carácter confidencial de esta llamada, que su teléfono estaba intervenido y le proporciona información sobre otras personas investigadas.

Indicios 'con fundamento'

Tras realizar este relato, el juez concluye que hay "motivos bastantes para afirmar con fundamento" que existen indicios de criminalidad contra Pamies y Ballesteros.

Entre los indicios, Ruz ha tenido en cuenta los datos técnicos aportados por la radiobaliza instalada en el Ford Focus de Elosua, las imágenes del sistema de videovigilancia en la entrada principal del bar Faisán, las declaraciones del propio Elosua y de otros testigos del caso y el tráfico total de llamadas a las líneas telefónicas móviles que se encontraban activas y situadas bajo cobertura de los repetidores que daban servicio a la zona.

Nuevas diligencias

Tras la revocación de los procesamientos, Ruz ordenó nuevas diligencias que, según el fiscal, avalan la hipótesis planteada por los investigadores: que el 4 de mayo de 2006 Ballesteros pasó un teléfono móvil al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, para que Pamies le advirtiera de una inminente operación policial contra la red de extorsión en la que estaba integrado.

En el último año la Guardia Civil ha corroborado la investigación de la Policía y, además, nuevas declaraciones e informes periciales han descartado las hipótesis alternativas planteadas por las defensas. Entre ellas, que la llamada del soplo la diera el propio equipo investigador o que se emplearan teléfonos satélite para darlo.
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« Respuesta #39 : Miércoles 21 de Noviembre de 2012, 07:29 »

Caso Faisán. Los policías Ballesteros y Pamiés apuntan hacia arriba: van a por García Hidalgo por las llamadas que le hicieron desde La Moncloa



ECD
 
Fernando Grande-Marlsaka anunciará, antes de que acabe el mes, si se abre juicio oral por el caso Faisán o si han sido aceptados los recursos de Ballesteros y Pamiés a su procesamiento. Los acusados dan por hecho que tendrán que comparecer ante el juez, y están preparando una agresiva defensa en la que implicarán a la cúpula de Interior con Rubalcaba.

El pasado 16 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz anunció el fin de la instrucción del caso Faisán, que ha concluido con el procesamiento del ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el ex inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros.

Ahora es el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska quien decidirá si abre juicio oral o acepta los recursos presentados por los acusados, aunque los policías señalados por Ruz dan por hecho que se sentarán en el banquillo y, según ha sabido El Confidencial Digital, ya están preparando su defensa.

Implicarán a García Hidalgo y Carlos Germán

La estrategia de los dos procesados se basará en intentar deslegitimar las pruebas que hay contra ellos y, a la vez, volver a señalar a algunos miembros de la cúpula de Interior en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio, como el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo o Carlos Germán, el comisario que realizó el informe sobre la investigación.

En concreto, según fuentes policiales cercanas a ambos procesados, “se recordará la existencia de llamadas procedentes de La Moncloa a la Dirección General los días previos al ‘chivatazo’ a ETA, además de las respuestas huidizas y nada concretas del propio Hidalgo ante Garzón hace tan solo dos años, cuando era el principal sospechoso”.

Sobre Germán, “se hará especial énfasis en las dudas mostradas por la fiscalía y las propias acusaciones particulares al informe presentado por el comisario”. Además, “también se recordará que José Cabanillas, su número dos, declaró ante el juez que Germán le pidió que se borrase la grabación de la conversación telefónica entre el dueño del bar ‘Faisán’ y su cuñado en el que se hablaba de quién había dado el ‘chivatazo’”.

Ambos procesados señalarán también las “buenas relaciones” de Hidalgo y Germán con el PSOE y el Gobierno socialista, al pertenecer el primero al partido, y haber ejercido actividad política en el País Vasco, y el segundo por “haber sido premiado por Rubalcaba enviándole a Asuntos Internos”.

La declaración de Elosúa y los cortes en la grabación, los otros argumentos

Además de la ofensiva contra los hombres de confianza de Rubalcaba durante su etapa al frente del ministerio del Interior, los dos procesados emplearán testimonios y pruebas realizadas durante la fase de instrucción para desmontar las pruebas contra ellos e intentar demostrar su inocencia.

En el caso de José María Ballesteros, el ex inspector de la Brigada de Información de Álava recordará que en las tres ruedas de reconocimiento a las que fue sometido, ni Joseba Elosúa, dueño del bar ‘Faisán’, ni su mujer ni su hijo le reconocieron jamás como la persona que llevaba el móvil desde el que se avisó de la operación contra ETA.

De hecho, “Elosúa siempre declaró que recibió el móvil de un hombre con rasgos sudamericanos, de escasa estatura, que nada tiene que ver con Ballesteros”.

Además, en las imágenes en las que sale el inspector entrando al establecimiento, “existe un corte en la grabación, en la que pudo entrar la persona que contactara a Elosúa con el verdadero autor del ‘chivatazo’.

El Gobierno da por hecha la apertura del juicio oral

La defensa de Ballesteros y Pamiés solo será necesaria si Fernando Grande-Marlaska rechaza los recursos a su procesamiento y abre el juicio oral, una posibilidad que desde el PP y el Gobierno ven “segura”.

Las fuentes gubernamentales y ‘populares’ consultadas por ECD explican que Marlaska “llegó a la Sala Penal de la Audiencia Nacional con la idea clara de llegar hasta el final en este caso. Trasladó al juez Ruz que la instrucción debía concluirse lo antes posible, por lo que su intención es la apertura del juicio”.

Desde el PP, que apostó por el citado juez como presidente de la Sala de lo Penal e impulsó su candidatura, se tiene “plena confianza” en el magistrado, que se impuso en la votación a Javier Gómez Bermúdez, el ‘favorito’ para el PSOE.
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« Respuesta #40 : Miércoles 16 de Enero de 2013, 08:01 »

La Audiencia confirma el procesamiento de Pamiés y Ballesteros por el chivatazo



Pamiés y Ballesteros ya están oficialmente procesados por el chivatazo. La Sala de lo Penal ha desestimado sus recursos.

ÁNGELA MARTIALAY SEGUIR A @ANGELAMARTIALAY 2013-01-15-LD


Ya no hay vuelta a atrás. Los mandos policiales Enrique Pamiés, exjefe superior de Policía del País Vasco y el inspector José María Ballesteros se sentarán en el banquillo de los acusados por el chivatazo a la red de extorsión de ETA que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún.

Habrá juicio, ahora la clave está en saber si éste se celebrará en la Audiencia Nacional por un delito de colaboración con banda o en los juzgados de Irún por un delito de revelación de secretos.

Esta cuestión es la única que no resuelve la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el auto donde confirma el procesamiento del juez Pablo Ruz, instructor del caso Faisán, sobre Pamies y Ballesteros.

En la resolución, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Enrique López, se detalla los cuantiosos indicios que existen contra ambos mandos policiales y se alaba la labor investigadora de Ruz, quien en septiembre de 2011 sufrió un varapalo cuando el pleno - entonces encabezado por el magistrado Javier Gómez Bermúdez- revocó el primer procesamiento de los agentes actualmente imputados junto con el de Víctor García Hidalgo, exdirector general de la Policía.

"Tras la simple lectura del auto de procesamiento, resultan sobradamente superadas, aclaradas y resueltas las objeciones al mismo, de tal modo que el análisis del mismo, debe conducir forzosamente a su confirmación. (...) El juez de instrucción ha realizado un excelente trabajo, que se viene a sumar al ya desarrollado en el primero de autos".

En este sentido, se subraya que pese a la "dificultad" que tienen las causas en las que "los hechos no están acreditados por evidencias directas, que podrán convertirse en pruebas directas en su momento", los magistrados Fernando García Nicolás, Julio de Diego y Enrique López (ponente) destacan la existencia de "indicios de criminalidad" contra los dos procesados.

Delitos por determinar

El "más importante" es la serie de fotogramas revelados por la Guardia Civil tras la digitalización de la cinta de videovigilancia del establecimiento en la que "se podía observar al imputado José María Ballesteros en las inmediaciones y, más tarde, saliendo del bar 'Faisán' en un lapso horario coincidente con las llamadas efectuadas" entre el imputado y Pamies.

El auto también recuerda que el informe policial del comisario Carlos Germán, que dirigió la operación contra el aparato de extorsión y la investigación sobre el soplo, recogía que el móvil de Ballesteros se encontraba en las cercanías del bar y que él mismo reconoció ante el juez que era él quien aparecía en el vídeo.

Sin embargo, aunque la Sala no califica en estos momentos los posibles delitos que pudieron cometer Enrique Pamies y José María Ballesteros sí que cita una sentencia del Tribunal Supremo donde se sentó jurisprudencia sobre el delito de colaboración con banda armada. El Alto Tribunal concluyó que se puede colaborar con ETA aunque no haya "dolo", es decir, aunque no se compartan los fines de la organización terrorista.

Tras esta resolución, será la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Alfonso Guevara, la que dictará el auto de apertura de juicio oral contra Pamies y Ballesteros y la que deberá calificar si es competencia de la Audiencia Nacional jzugar estos hechos. Según fuentes jurídicas, los dos podrían ser juzgados antes del verano.
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