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Autor Tema: No sólo no se archivará el caso Faisan, sino que se pide más diligencias  (Leído 12113 veces)
gaia
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« Respuesta #15 : Miércoles 09 de Marzo de 2011, 23:48 »

Los policías que grabaron el bar Faisán niegan haber tocado la cinta con cortes



'La cinta nunca se tocó desde que se metió hasta que se sacó', aseguran
La versión de los ocho agentes se contradice con la de los guardias civiles
Éstos declararon ante el juez que los cortes no fueron 'accidentales'


Efe | Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 09/03/2011 16:10


Los ocho policías del equipo que grabó la cinta del bar Faisán de Irún cuando se produjo el 'chivatazo' que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión en 2006, en la que hay dos cortes en las imágenes, han negado haber tocado esa cinta y no se explican cómo se produjeron las interrupciones.

"La cinta nunca se tocó desde que se metió hasta que se sacó", han asegurado los agentes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que los ha tomado hoy declaración como peritos después de que el pasado día 23 de febrero los tres guardias civiles autores del informe sobre los cortes de esa cinta ratificaran que los mismos no fueron "accidentales", según han explicado fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes han subrayado que los peritos han recalcado que "no es habitual que haya cortes" en las cintas además de haber negado la posibilidad de que la cinta -en la que hay dos cortes de tres minutos y 16 segundos- fuera rebobinada y al detenerla se produjeran las interrupciones.

Han asegurado que interrumpir el registro mientras éste se realiza no es "un procedimiento habitual".

A preguntas del juez Ruz, que se ha mostrado especialmente meticuloso con esta cuestión, según las citadas fuentes, los ocho agentes han indicado que durante la grabación nadie tocó el aparato grabador ni pulsó la tecla de 'stop', por lo que desconocen el origen de las interrupciones, que se produjeron en la mañana en la que tuvo lugar la delación.

Análisis de los cortes
Los ocho comparecientes pertenecían a la escala básica de la Sección de Economía de la Unidad Central de Información del Cuerpo Nacional de Policía y estaban a las órdenes del jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., que dirigió las pesquisas sobre el aparato de extorsión de ETA y el chivatazo policial que recibió el dueño del 'Faisán', Joseba Elosúa.

Todos se encontraban el 4 de mayo de 2006 grabando la puerta principal del establecimiento cuando, según la tesis de este mando policial, un hombre entró en el bar y facilitó un móvil a Elosúa a través del cual un comunicante le alertó de la existencia de una operación policial.

De la misma forma, los policías han negado que la cinta pudiera haber sido rebobinada en algún momento de la grabación, lo que habría provocado los cortes. El primero correspondía, teniendo en cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas. El segundo, de 16 segundos, se produjo entre las 11.11.12 horas y las 11.11.28. Según la Fiscalía, la supuesta "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas de ese día.

Contradicciones
La versión de los agentes se contradice con la de los guardias civiles que analizaron los cortes en la cinta VHS grabada el día del "soplo", quienes sostienen que las interrupciones se produjeron "intencionadamente" o "por negligencia" de quien operaba la cámara y que tuvieron lugar en el momento mismo en que se estaba realizando la grabación, descartando que tuvieran un origen "accidental".

Llamadas de Telefónica
Además de los policías, Ruz también ha tomado declaración a los técnicos de Telefónica que elaboraron un informe ampliatorio sobre el tráfico de llamadas cuando se produjo el 'chivatazo' por si en el inicial no habían tenido en cuenta los repetidores situados en Francia, ya que el bar Faisán está situado al lado de la frontera.

Según las fuentes consultadas, los peritos han explicado al juez que una vez que empieza una llamada "no se cambia" de repetidor y se mantiene toda con el mismo de la operadora telefónica con la que se ha establecido, y han señalado que la supuesta llamada en la que se produjo el 'chivatazo' se realizó a través de Telefónica, descartando que se estableciera con un operador francés.

Otras fuentes personadas en la causa han indicado que esta pericial telefónica ha sido "incompleta" porque sólo contiene un listado de llamadas aportadas por la compañía Telefónica y no se analizan las realizadas con tarjetas prepagos, por satélite y desde teléfonos fijos, así como los IMEI de los teléfonos (número de serie de un terminal telefónico).

Imputados
En la causa se encuentran imputados un inspector de Vitoria, el jefe superior de Policía del País Vasco y el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de 10).
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« Respuesta #15 : Miércoles 09 de Marzo de 2011, 23:48 »

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« Respuesta #16 : Miércoles 23 de Marzo de 2011, 06:17 »

CHIVATAZO A LOS TERRORISTAS



Caso Faisán: Ruz alza parte del secreto sobre la negociación con ETA


El terrorista Juan Carlos Yurrebaso aseguró tras ser detenido que él formaba parte de la negociación y que podía ser liberado.
 

2011-03-22

 LIBERTAD DIGITAL

La noticia la adelantaba el diario La Razón este martes: el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado parcialmente el secreto del sumario del caso Faisán. Se trata de una parte de la pieza que todavía continúa secreta -9 folios a los que sólo tienen acceso el fiscal y el propio instructor- y donde se encontrarían parte de las actas de negociación del Gobierno con ETA.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la parte sobre la que Pablo Ruz ha levantado el secreto contiene la declaración que prestó en sede judicial el etarra Juan Carlos Yurrebaso tras ser detenido en Francia en marzo de 2007 y ocupa una parte muy reducida en la pieza que continúa secreta.

Tras su arresto, el terrorista llevaba encima varios números de teléfono que según el mismo señaló le estaban relacionados con su pertenencia a un grupo encargado de las negociaciones entre ETA y el Gobierno. Yurrebaso explicó que se estaba produciendo un proceso de negociación entre ETA y el Gobierno y que, en este marco, se había establecido una mesa de negociación de la que él formaba parte, hecho que según el miembro de ETA podía ser verificado con el Ejecutivo.

La Razón señala que uno de esos números a los se refería el terrorista para su liberación era usado de forma habitual por el exdirector General de la Policía, Víctor García Hidalgo, principal imputado por el chivatazo a la red de extorsión de ETA.
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« Respuesta #17 : Sábado 26 de Marzo de 2011, 06:56 »

El juez Ruz está dispuesto a sentar a declarar a Víctor García Hidalgo por el ‘caso Faisán’: quiere que recupere la memoria que había perdido cuando compareció ante Garzón

elconfidencialdigital.com
         

El director general de la Policía cuando se produjo el ‘chivatazo’ a ETA está imputado por colaboración con banda armada y revelación de secretos. En 2008, se negó a dar explicaciones ante Garzón al afirmar que no se acordaba de lo sucedido. El juez Ruz quiere volver a sentarle en el banquillo para que su declaración resuelva las incógnitas del Faisán.
Según ha sabido El Confidencial Digital, el actual instructor del caso considera a Víctor García Hidalgo como la clave de todo el juicio: no se cree que no recuerde nada y sospecha que tiene algún interés en no declarar sobre lo que verdaderamente ocurrió las horas previas al aviso a los terroristas.

Personas conocedoras del proceso afirman que “el juez Ruz quiere llegar hasta el final y depurar responsabilidades en Interior. Ha hecho declarar en secreto a altos cargos del ministerio y es posible que tenga en su poder declaraciones que puedan justificar una nueva llamada al banquillo al ex director general de la Policía”.

Las mismas fuentes, consultadas por ECD, creen que la decisión de Pablo Ruz de levantar el secreto de sumario es una “muestra más” de la voluntad de Ruz por volver a interrogar a García Hidalgo. En esos documentos se recogen declaraciones judiciales del etarra Juan Carlos Yurrebaso que, una vez detenido en Francia, afirmó que con sólo llamar al entonces director general de la Policía sería puesto inmediatamente en libertad.

La Fiscalía podía entorpecer el proceso

Ayer, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista pidió que se retirase el delito de colaboración con organización terrorista a García Hidalgo al considerar que no se puede demostrar que el acusado "compartiera las finalidades y los objetivos de ETA".

Según las fuentes antes citadas, la posibilidad de estar más de quince años en la cárcel por este delito “podría facilitar una declaración veraz” del ex director de la Policía, pero “si dan la razón a la Fiscalía, García Hidalgo pondrá más reticencias”. No obstante, añaden, “Ruz tiene la última palabra y tiene la potestad para volver a llamarlo”.
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« Respuesta #18 : Martes 29 de Marzo de 2011, 04:30 »

Un inspector imputado admite que estuvo en el bar Faisán durante el chivatazo


José María Ballesteros aparece en tres momentos distintos en la grabación
El propio inspector así lo reconoció ante el juez que le interrogó el día 10



Europa Press | Madrid
Actualizado lunes 28/03/2011 20:35



 El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado el secreto que existía sobre una parte del sumario de la causa en la que se investiga el chivatazo policial a ETA tras haber comprobado que el inspector José María Ballesteros, imputado en la causa, aparece en tres momentos distintos en la grabación que se hizo el 4 de mayo de 2006 frente al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa).

Ballesteros admitió en una declaración ante el juez que se produjo el pasado 10 de marzo su "presencia física en la totalidad de las imágenes", que fueron aportadas por el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos G. y están comprendidas entre las 11.00 y las 12.00 horas del día en el que se produjo el soplo policial, según consta en un auto dictado este lunes por el juez Ruz.

Informe antropométrico
El magistrado considera "indubitada" la identidad de Ballesteros como la persona que fue grabada por el equipo de videovigilancia que se encontraba apostado frente a la puerta principal del establecimiento, al constatar que ha sido confirmada por un dictamen pericial antropométrico elaborado por la Comisaría General de la Policía Científica, otro informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y un tercero del Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Con estas conclusiones, que serán ratificadas por los peritos de la Policía y la Guardia Civil el próximo 4 de abril, el magistrado considera "palmario" que "han desaparecido al presente estadio los motivos que justificaban la práctica de las presentes diligencias bajo secreto parcial de las actuaciones".

En concreto, Ruz levanta el secreto del sumario sobre el informe ampliatorio del equipo de investigación en el que se incluyeron los fotogramas de Ballesteros, la declaración judicial del inspector en la que admitía su presencia en el 'Faisán', los autos por los que se llevaron a cabo las diligencias de investigación y los tres informes periciales encargados por el juez.

Tres momentos en la mañana del soplo
Los tres momentos en los que Ballesteros aparece en las imágenes del bar 'Faisán' son los comprendidos entre las 11.14.05 y las 11.14.10 horas, entre las 11.30.03 y las 11.30.08 y entre las 11.46.15 y las 11.46.25, tiempos a los que habría que sumar un desfase aproximado de tres minutos existente en el contador del videograbador.

Elosúa aseguró en la declaración ante la Policía que realizó el 23 de junio de 2006 que el individuo que le facilitó el teléfono móvil con el que se produjo el chivatazo "salió por la puerta trasera del bar situada frente al edificio de la aduana y de las cabinas de teléfono, y que le vio cruzar la carretera en dirección a la gasolinera". Según su versión, después "entró por la puerta ubicada frente al edificio de la aduana" aunque no estaba "seguro del todo" y con total certeza "salió por esa puerta".

En la causa están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y otro de revelación de secretos (con penas de 3 años) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco y el inspector José María Ballesteros.

Investigar las filtraciones
Además, el magistrado desglosa en este nuevo auto parte de la causa y la remite al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid con objeto de que éste investigue la filtración a medios de comunicación de datos relativos al informe ampliatorio remitido por Carlos G.

El juez materializa de este modo lo que ya anunciaba en el auto que dictó el 25 de febrero, en el que decía que había concluido -a la vista de la información publicada por los medios de comunicación- que se había producido una filtración y concretaba que lo publicado provenía "de informes policiales", aunque no entraba a valorar si se había reproducido o no "el contenido real de los datos que obran en la causa".

En opinión de Ruz, los autores de la filtración podrían haber incurrido en la comisión de un delito de revelación de secretos.
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« Respuesta #18 : Martes 29 de Marzo de 2011, 04:30 »

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« Respuesta #19 : Miércoles 06 de Abril de 2011, 01:10 »

La Audiencia mantiene la colaboración con ETA a los imputados de 'Faisán'


Estima que para ello 'no es necesario comulgar con las finalidades' de ETA
Rechaza también excluir a la Policía de su comisión por 'su perfil profesional'
Un juez emite un voto particular que justifica el aviso por la negociación
La Fiscalía propuso cambiar la imputación a revelación de secreto


Europa Press | Madrid
Actualizado martes 05/04/2011 15:59


 La Audiencia Nacional ha acordado rechazar la petición de la Fiscalía de retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres imputados por el chivatazo policial a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), lo que permitirá que la causa continúe investigándose en este tribunal. La Fiscalía propuso en su día cambiar el delito de colaboración con organización terrorista por el de revelación de secreto.

En un auto dictado este martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal confirma, con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que la decisión de Ruz de imputar un delito de colaboración con organización terrorista al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y los otros dos imputados "no fue arbitraria ni irrazonable", ya que esta calificación "en absoluto parece descartada" de forma "provisoria e indiciaria". Así, expresa que el chivatazo tiene "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz".

Los magistrados de la mayoría, Fernando García Nicolás y Julio de Diego, sostienen, en contra del criterio del fiscal Carlos Bautista, que, según la jurisprudencia del Supremo, "no es necesario comulgar con las finalidades de la organización" para sostener la existencia de este tipo delictivo, ni excluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de su comisión por "su perfil profesional".

Bautista solicitó la retirada del delito de colaboración con organización terrorista en una vista celebrada el pasado 24 de marzo en la que se analizó el recurso de apelación que la defensa del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, interpuso contra el auto en el que el juez Pablo Ruz acordaba reactivar la investigación y transformar las diligencias previas que se abrieron en 2006 en sumario.

El representante del Ministerio Público realizó esta petición argumentando que no se puede demostrar que los acusados "compartieran las finalidades y los objetivos de la organización terrorista", según informaron fuentes jurídicas.
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« Respuesta #20 : Miércoles 06 de Abril de 2011, 06:21 »

Un magistrado justifica el chivatazo como un acto para evitar atentados


Ha emitido un voto discrepante con el auto del chivatazo, que lo justifica y va más lejos en su argumentación, incluso, que el Gobierno y el PSOE.

2011-04-05

ÁNGELA MARTIALAY-LD


El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha emitido este martes un voto particular donde defiende que el chivatazo a la red de extorsión de ETA tiene "plena justificación" en el marco de"un proceso de negociación política o de un proceso de paz". Esta opinión discrepante se emite junto al auto donde la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado retirar el delito de colaboración con banda armada de la causa que investiga el soplo a la banda criminal que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán (Irún).

El juez, miembro de la Sala que ha adoptado esta decisión, manifiesta en el voto particular su "más absoluto desacuerdo" con la citada decisión judicial. Para De Prada, la calificación jurídica llevada a cabo por el instructor Pablo Ruz (quien ve indicios suficientes para afirmar que detrás del chivatazo pudieron haberse cometido dos delitos: uno de colaboración con ETA y otro de revelación de secretos), respaldada ahora por la Sala, es "sumamente simplista" hasta el punto de convertir los hechos en "una mera caricatura, que poco tiene que ver con la riqueza y complejidad que poseen".

Según el magistrado de la AN, que un miembro de la Policía avisara al cobrador de ETA, Joseba Elosúa, de que España y Francia iban a llevar a cabo de forma inminente una operación contra la red de extorsión de la banda es una "conducta que, en si misma considerada, ni colabora ni aporta nada a la organización terrorista para sus fines inmediatos ni mediatos". Para José Ricardo de Prada es todo lo "contrario". Estos hechos "se enmarcarían en acciones de oportunidad y eficacia discutibles pero, en todo caso, tendentes a evitar de una u otra manera futuras acciones terroristas". "La situación es la contraria, en cuanto se tratarían de actos, sino directamente, sino indirectamente encaminados a acabar con el terrorismo".

Para este juez, el soplo a los etarras es una acción "que no ha producido ningún resultado favorecedor al grupo terrorista ni en ningún momento aparece que pretendiera ni fuera tendente a hacerlo".

Además, en el voto particular, De Prada señala que la filtración a ETA en el establecimiento de Elosúa "encuentra plena justificación en otro sector o lugar del ordenamiento jurídico distinto del estrictamente penal" y la compara "con los acercamientos y contactos propugnados desde diversos gobiernos democráticos en España, y en otros países en nuestro entorno, con grupos terroristas para obtener el cese de la actividad terrorista, es decir, un proceso de negociación política o un proceso de paz".

Para el magistrado de la Audiencia el chivatazo está justificado porque el Gobierno, según él, se encontraba legitimado para "disponer de un determinado ámbito de actuación en que sin infringir normas jurídicas que impliquen una quiebra del estado de Derecho le permita llevar a adelante acciones tendentes a obtener resultados que quedan indiscutiblemente bajo lo que son las obligaciones de todos los gobiernos".

Además, De Prada estima que aunque "pudiera decirse que en el caso Faisán se infringió alguna clase de norma penal (...) lo cierto es que ello no permite dar el salto cualitativo para llegar a su consideración como delito de colaboración con el terrorismo o con organización terrorista" ya que según el magistrado, este delito "requiere mucho más".

En su voto particular, el juez opina que "ésta es la primera causa penal en la historia de España" que por hechos de esta naturaleza se incoa un sumario. Asimismo, el magistrado rechaza que los mandos policiales imputados por el soplo "tuvieran ninguna adhesión a los fines políticos terroristas ni tampoco tuvieran ninguna intención de colaborar con ninguna actividad terrorista".

El magistrado, que a lo largo de las seis páginas que ocupa este voto discrepante centra su discurso justificando el soplo a ETA con el momento de negociación del Gobierno de Zapatero con la banda, concluye su escrito de la siguiente forma: "Lamento profundamente haberme visto obligado a emitir este voto particular. Se refiere a un asunto fuertemente politizado, en el que de una manera manifiesta se está tratando de por ciertos sectores de cuestionar políticamente un proceso de paz fallido, pero que se pretende además introducirlo forzadamente en un cauce jurídico, en un proceso penal, a través de la criminalización de un concreto episodio, en el que se encuentran involucrados cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que no actuaban autónomamente, sino en cumplimiento de sus obligaciones profesionales dentro de las márgenes de actuación y en situación y contextos como el expresado, sin ninguna otra finalidad ajena o abyecta, sino plenamente legítima desde la perspectiva de lo que es posible y exigible al estado y a sus gobiernos, en un estado democrático y constitucional de derecho como el nuestro. Lamento que mis compañeros de Sala no lo hayan visto así y no hayan hecho el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o no hayan sabido hacerlo".
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« Respuesta #21 : Sábado 16 de Abril de 2011, 05:18 »

La UFP hará público en unos días el "nombre real" del autor del chivatazo


Según ha podido saber esRadio, este sindicato policial entregará al juez Ruz en pocos días el nombre del autor del chivatazo.
 


2011-04-15

 libertad digital

El portavoz de la Unión Federal de la Policía, Alfredo Perdiguero, ha anunciado en esRadio que, tras mucho tiempo de investigación, "aportaremos el nombre con pruebas" del autor del chivatazo a ETA. "En días o semanas, daremos el nombre cuando presentemos este informe al juez Ruz".

En su opinión, el chivatazo no tiene nada que ver con el inspector Ballesteros. "Esperamos todos saber el nombre real y veraz de lo que ha pasado en el chivatazo". De este modo, espera que Carlos Germán tenga alguna información más que haya ocultado "bajo la manga" puesto que "no es normal que cinco años después puntualice sobre una persona cuando todos los puntos de mira están puestos sobre él".

En declaraciones a esRadio ha insistido en que "algo huele mal, muy mal desde dentro". Por ello, espera que desde los sindicatos policiales se aporten "las pruebas necesarias para decir quién lo hizo y que éste desvele quién le dio la orden".

"Que pague quien tenga que pagar", sentenció el portavoz de la UFP, que añadió que "estamos hartos de que el trabajo policial lo enguarren desde fuera y ahora también desde dentro".

Este representante policial asegura que "en breves días" darán a conocer a todos los medios de comunicación este informe porque "evidentemente estamos hartos de lo que se produjo, de lo que se dejó de hacer, que era detener a terroristas".

Por su parte Lorenzo Nebreda también ha valorado el escrito del segundo de la Policía crítico con la investigación del chivatazo. El portavoz de la CEP asegura que "esto es un paso más para confundir y entorpecer". Afirma que la Policía y las víctimas necesitan saber porque "si no estaremos siempre bajo sospecha".

La CEP sí que confía en los informes de Carlos Germán puesto que "está hecho con datos concretos y reales" mientras que lo que aporta el director operativo de la Policía "no es concreto".
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« Respuesta #22 : Viernes 29 de Abril de 2011, 07:07 »

El comisario del Faisán no se achica y acusa de nuevo a mandos de Interior



España | C. Fonseca.- 28/04/2011 (15:25h)-elConfidencial.com





El comisario Carlos Germán, jefe del equipo que investigó el chivatazo a ETA, ha ratificado ante el juez Pablo Ruz todas y cada una de las conclusiones del informe definitivo entregado al magistrado días atrás. El chivatazo (4 de mayo de 2006), reiteró Germán, tuvo un objetivo político: preservar la negociación que el Gobierno mantenía en ese momento con la banda terrorista y evitar la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre por mediar en el pago del chantaje de un empresario a la red de extorsión que tenía su “sede” en el bar Faisán. También mantuvo que los autores de la filtración fueron el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, y que también colaboraron en el mismo otros dos mandos policiales.

Carlos Germán compareció durante cuatro horas con una versión sin fisuras, según fuentes jurídicas presentes en su declaración, aunque las defensas de los imputados intentaron introducir dudas en su testimonio, como la existencia de una llamada que realizó a uno de sus subordinados a las 12,26 horas, fuera ya del periodo temporal en el que se produjo la filtración. Un dato con el que las defensas intentaron incriminar al comisario y su equipo como los autores del delito.

El hecho de que Joseba Elosua, dueño del Faisán, no reconociera este miércoles (tampoco lo hizo años antes) al inspector José María Ballesteros como la persona que le entregó el móvil a través del que se concretó el chivatazo, fue puesto en solfa con otro ejemplo. El propio Germán le interrogó durante 72 horas cuando fue detenido en junio de 2006, y hace escasas fechas, cuando el policía regresó al bar Faisán para elaborar una infografía que pidió el juez, Elosua no lo reconoció. “Si no conoce al que le interrogó durante 3 días, ¿cómo iba a identificar a una persona con la que estuvo tan solo unos minutos?”, explicó a este diario una fuente jurídica.

Las defensas recurrieron también a la extraña actuación de Elosua tras recibir el chivatazo, ya que tardó una hora en coger su coche para desplazarse a Francia. Este lapsus de tiempo fue explicado por Germán de forma contundente: Elosua fue a la lonja que tenía frente al Faisán para deshacerse de las cartas de extorsión y el sello de ETA que estampaba en ellas, y que el chivatazo impidió incautar.

Una fuente presente en la declaración dijo a este diario que el 80% de las preguntas que las defensas plantearon al policía no se sustentaban en datos de la causa.

El informe, ratificado punto por punto, contiene datos que pueden avalar la acusación de colaboración con banda armada frente a la de revelación de secreto, que presumiblemente defenderá el fiscal, que supondría la remisión de la causa a un juzgado de Irún y rebajaría la pena de los acusados, si llegaran a ser condenados, de 10 a 3 años de reclusión.

La colaboración con la banda se concretaría en que se permitió que los 54.000 euros que Joseba Elosúa, dueño del Faisán, tenía previsto entregar al etarra Cau Aldanur y que se iban a intervenir en la operación, llegaran a ETA. Igualmente, “evitó que el plus informativo que siempre genera una investigación de esta naturaleza fue absolutamente nulo”, y salvo un recibo justificativo de un pago del “impuesto revolucionario” (intervenido en el domicilio de Cau Aldanur cuando la operación contra la red se llevó a cabo un mes después), “no se halló ningún otro elemento indiciario en poder de los detenidos que corroborara la actividad delictiva de los miembros de la red de extorsión”.

“Después de más de dos años de intensas investigaciones -dice el informe- tampoco se hallaron los esperados y previsibles datos complementarios referidos a listas y claves de extorsión, cartas, sellos de ETA, contabilidad, notas de la transmisión de fondos de los Aparatos, e información financiera del Aparato de Extorsión de la organización terrorista, vía para lograr el verdadero objetivo final de la investigación”.

Las conclusiones ratificadas ante el juez concluye que el chivatazo permitió a los miembros de la red “poner a salvo de la acción policial y judicial los medios y recursos utilizados en su procedimiento de extorsión y, lo más grave, pudieron sustraer el conocimiento de los servicios policiales antiterroristas datos esenciales sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del Aparato Financiero de ETA en esos momentos”.

Los otros cuatro integrantes del equipo investigador prestarán declaración a partir de este viernes y no se descarta que su testimonio se prolongue incluso a la tarde del próximo domingo.
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« Respuesta #23 : Miércoles 04 de Mayo de 2011, 06:57 »

Se cumple el Quinto aniversario


Chivatazo a ETA: cinco años de impunidad



El 4 de mayo de 2006 el ministerio del Interior alertó a ETA para que escapasen de la policía. Cinco años después, los responsables siguen impunes.

2011-05-04



 libertad digital

Han pasado cinco años del soplo policial a ETA. El 4 de mayo de 2006 ya estaba preparada una operación que pretendía desmantelar el aparato de extorsión de la banda terrorista, que se centralizaba a través del bar Faisán, situado junto a la frontera de Irún y Behobie. Pero, en pleno proceso de negociación de Zapatero con la ETA, alguién desde un teléfono del ministerio de Interior alertó Joseba Elosua, propietario del Bar Faisán y desbarató la operación policial.

Semanas después, en junio de ese mismo año, Joseba Elosua era detenido y trascendía que una operación policial anterior había fracasado debido a un soplo que provenía de la propia Policía. Se abría entonces la investigación del caso conocido como chivatazo en el juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Elosua fue alertado de una inminente operación policial contra él y otros miembros de la banda a través de un teléfono móvil que le facilitó una persona cuando salía de su casa. El hecho se conoció gracias a una baliza que existía en el vehículo de Elosúa, y que grabó como se lo contaba a su cuñado, Carmelo Luquin.

Pero cinco años después, la instrucción todavía continúa. Y es que el proceso judicial se ha encontrado con dos obstáculos principales. El primero, Baltasar Garzón. La investigación la abrió Fernando Grande Marlaska que se encontraba sustituyendo temporalmente a Garzón en el juzgado de Instrucción Número 5, pero cuando el juez estrella se reincorporó al juzgado guardó el asunto en un cajón durante más de tres años. La suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional supuso la llegada del juez Pablo Ruz y la reactivación del caso.

En segundo lugar, la instrucción se ha enfrentado a la actitud obstruccionista de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha hecho, y sigue haciendo, todo lo posible por echar tierra sobre este escándalo. El 5 de octubre de 2009 solicitaba el archivo del caso porque consideraba "agotada" la investigación porque no se podía determinar quién informó a la banda terrorista. No solo eso, este mismo martes la Fiscalía se oponía a que desalarse el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.

En estos cinco años las investigaciones periodísticas y la persistencia de algunos diputados del Partido Popular, especialmente Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Cosidó, en reclamar, cada semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, responsabilidades al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han permitido mantener vivo el caso.

La llegada de Pablo Ruz al juzgado de instrucción número 5 marcó un antes y un después. El juez dio un nuevo impulso a la causa abriendo nuevas diligencias y tomando declaración a los principales implicados en el caso. Además, identificó a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación el 4 de mayo de 2006 hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputado en la causa. Uno de esos tres teléfonos pertenecía al número dos de Rubalcaba, el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. Sin embargo, El juez no lo citó a declarar porque consideró que su testimonio no era "determinante" para el esclarecimiento de los hechos.

El juez ordenó a la Guardia Civil que aportara al sumario un informe sobre las grabaciones en torno al bar de Joseba Elosúa para averiguar por qué contienen pasajes en negro justo en el momento que se produjo el soplo. La Benemérita concluyó que los cortes de los vídeos no fueron "accidentales".Según este el informe pericial, los pasajes negros de las cintas habrían sido realizados en tiempo real por el equipo de investigación que dirigía el entonces inspector Carlos Germán, al que muchos señalan como presunto autor del soplo. Sin embargo, la Comisaría General de Policía Científica sostenía que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro". La conclusión a la que llegó el Instituto Armado es bien distinta y choca con la tesis de la Policía.

En un auto hecho público el 28 de marzo Ruz señalaba al inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, como el 'contacto' del chivatazo a ETA el magistrado explicaba en el auto que en las imágenes de las cámaras de Faisán se ve como Ballesteros entró en el bar en tres momentos distintos entre las 11 y 12 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se produjo el soplo a la red de extorsión de la banda criminal. José María Ballesteros era un inspector de la Policía Nacional destinado en la Brigada de Información de Álava, con sede en Vitoria. Era, a su vez, un agente de la absoluta confianza de Enrique Pamiés, jefe Superior de la Policía del País Vasco. Ascendió a Comisario en el año 2004.

En cualquier caso, al margen de si el soplo lo dieron Ballesteros, Carlos G.o Pamiés, lo que queda nítidamente claro en toda la investigación es que se trata de una decisión política, y que los policías actuaron por orden de sus superiores políticos.

Por si quedaba alguna duda al respecto, las actas de la negociación con el Gobierno de la banda terrorista ETA lo confirman. Así en los documentos incautados al jefe etarra Thierry consta que en el año 2006, dos emisarios del Gobierno comunicaron a la banda terrorista que las detenciones de Elosua y sus cómplices fueron un "accidente". "Dice que han intentado todo para evitar" la operación contra la red de extorsión de ETA "pero que no han podido pararlo".
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« Respuesta #24 : Jueves 05 de Mayo de 2011, 22:35 »

El 'número dos' de Interior no tendrá que testificar por el chivatazo a ETA


La Audiencia Nacional alega que ya no hacen falta más pruebas




Efe | Madrid
Actualizado jueves 05/05/2011 14:43



 La Audiencia Nacional ha acordado que no es necesaria la declaración como testigo del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en el 'caso Faisán' porque el objeto de la investigación ya está perfilado y no son necesarias más pruebas.

El auto de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, del que ha sido ponente el magistrado Ángel Hurtado, rechaza el recurso de la asociación Dignidad y Justicia contra la negativa del juez Pablo Ruz, instructor del caso, de llamar a declarar a Camacho.

Según el tribunal, Ruz ya hizo el pasado 24 de enero en un auto "un relato fáctico de los hechos", en el que queda acreditado el chivatazo, y por tanto ya cuenta "con los elementos necesarios" para que queden sentados los hechos, lo que "ha sido asumido por las acusaciones".

Ahora, prosigue el auto, "se trata de que se practiquen las actuaciones encaminadas para preparar el juicio oral y no convertir el momento presente en un juicio oral".

En la causa se investiga el chivatazo con el que se alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, el 4 de mayo de 2006.
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« Respuesta #25 : Jueves 16 de Junio de 2011, 01:10 »

LA DEFENSA DE PAMIES


Chivatazo a ETA: piden cambiar al equipo investigador de Carlos Germán


El abogado de uno de los imputados pide nombrar a otro equipo para que investigue el soplo del bar Faisán.

2011-06-15

 A. MARTIALAY
LD

La instrucción del caso Faisán se encuentra en su recta final y las defensas de los acusados intentan retrasar lo máximo posible el auto procesamiento de sus clientes. El método: recurrir todas las decisiones adoptadas por el instructor deL caso, el juez Pablo Ruz.

Este miércoles, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado una vista a puerta cerrada para estudiar dos recursos de apelación interpuestos por la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, pidiendo nuevas diligencias que ya fueron rechazadas por Ruz.

Entre ellas, se encuentra el cambio del equipo investigador del comisario Carlos Germán por otro grupo policial y la ampliación del análisis de llamadas del teléfono de Joseba Elosúa –el dueño del bar Faisán- el día 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el soplo policial a la red de extorsión de ETA.

La petición de estas nuevas pruebas están encaminadas a demostrar la inocencia de los presuntos responsables del chivatazo. Durante, la vista el fiscal Daniel Campos –que este miércoles sustituía a Carlos Bautista, fiscal asignado al caso- se ha opuesto a la práctica de estas nuevas pruebas al considerar que no son "pertinentes". En la causa se encuentran imputados el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el Inspector José María Ballesteros y el propio Pamiés.

Por su parte, según ha declarado tras la vista el abogado de Pamies, José María Fuster-Fabra, "el chivatazo se produjo en el seno de un operativo y nunca los responsables de ese operativo pueden ser los que se encarguen de investigar",

"Si han sido ellos, aportarán una versión exculpatoria y si no han sido, van a tener que elaborar un atestado sobre los hechos y convertirse en testigos, por lo que no deberían tener interés en el procedimiento para ser objetivos e imparciales", recalcó Fabra.

Ahora, la decisión está en manos de la Sección Segunda que componen los magistrados Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada.

Si los tres mandos policiales que se encuentran imputados en esta causa fueran finalmente procesados y sentados en el banquillo de los acusados, podrían enfrentarse a hasta 13 años de cárcel por los delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos.
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« Respuesta #26 : Miércoles 20 de Julio de 2011, 06:26 »

ENRIQUE PAMIES AL JUEZ PABLO RUZ EN EL ‘CASO FAISÁN’'



He sacrificado mi vida por defender a mi patria. Me indigna que me acusen de colaborar con ETA'





Carlos Fonseca 19/07/2011  (12:59h)-elConfidencial.com

“He sacrificado mi vida y la de mi familia por defender a mi patria (…) Me indigna que me acusen de colaborar con ETA, a la que tanto daño he hecho (…) Debo ser el mejor agente doble de la historia reciente”. Las afirmaciones son del comisario Enrique Pamies, jefe superior del País Vasco, el único de los tres acusados del 'caso Faisán' que declaró el lunes ante el juez Pablo Ruz, que les informó de su procesamiento. El exdirector de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el inspector José María Ballesteros, se limitaron a manifestar su desacuerdo con su procesamiento.

Enrique Pamies declaró durante doce minutos, los que tardó en leer los doce folios que llevaba escritos. El jefe de Policía del País Vasco hizo un alegato de su trayectoria profesional para demostrar su inocencia. Fue una declaración emocionada e indignada a un tiempo, según uno de los letrados presentes en la misma, en la que se permitió interrogar al propio magistrado sobre algunos extremos de la instrucción.

“Soy un policía que me he pasado 29 años luchando contra una organización terrorista (…) He acudido a muchos entierros de compañeros y amigos, he perdido parte de mi salud por estar sometido a una tensión tal, que solo quien la ha soportado en los años más duros de violencia terrorista puede entender. Puedo asegurarle que, cuando esta pesadilla acabe seguiré haciendo lo que he hecho hasta ahora”.

La exposición no estuvo exenta de algunas puyas al magistrado por la instrucción del caso. “Con el máximo respeto que me merece una resolución judicial del alcance de la que usted ha dictado, sintiendo una indignación que me cuesta contener, quiero decirle que no voy a desanimarme. No estoy de acuerdo con el auto de procesamiento, ya que soy inocente”, manifestó al inicio de su intervención, para calificar a continuación de “error jurídico y moral” que el magistrado haya asumido como cierto las investigaciones del equipo investigador.

"Ansias de triunfo de un grupo de funcionarios"

Pamies aseguró que las investigaciones han cubierto como mucho un 30% de las posibilidades de lo que pudo ocurrir en 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún, lo que impedirá que se conozcan los hechos tal y como realmente se produjeron y a sus autores. El que pese a ello el juez ha llegado al convencimiento de que él y los dos otros dos procesados son los autores de la filtración se debe, según el jefe de Policía del País Vasco, “a intereses políticos y mediáticos”.

El procesado descalificó, como ya hizo su abogado en el recurso contra el auto de procesamiento, la labor del equipo policial que le acusa (…), y en especial a su responsable, el inspector Carlos Germán. Él es un policía operativo y éste uno “que se dedica a labores de gestión”.

De hecho, considera que la “Operación Urogallo” contra la red de extorsión de ETA que operaba desde el bar Faisán fue precipitada y que debía haberse demorado algún tiempo, “pero las ansias de triunfo de un grupo de funcionarios, y una pésima dirección, hizo que esa operación se adelantase, con unos resultados que, sin desmerecerlos, podrían haber sido realmente efectivos. En definitiva, lo que los operativos hacíamos lo estropeaban los burócratas”.

Carlos Germán, el principal objetivo de sus irás, fue durante años miembro de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Comisaría General de Información, y como tal encargado de análisis de inteligencia. Los secuestros express de ETA o la financiación de la banda a través de las herriko tabernas son algunas de las causas en las que intervino. La investigación sobre el Faisán le fue encargada por Jesús de la Morena, comisario general de Información hasta 2004.

Enrique Pamies reiteró que no puede identificar al confidente con el que iba a entrevistarse la mañana del 4 de mayo en el sur de Francia (su coartada) porque si lo hiciera peligraría su vida. Y puso un ejemplo. “Solo por plantear una posibilidad muy hipotética. ¿Y si yo ese día iba a entrar en España con mi colaborador cargado con explosivos o con armas y, por supuesto, con documentaciones falsas? Nunca lo haría con un coche oficial y mucho menos con mis documentos policiales, ya que puede, y solo digo puede, que mi colaborador se hubiese visto obligado a ir acompañado. Por favor, solo le ruego que lo piense durante unos instantes”.

“¿Puede decirme cuando y dónde he dicho yo eso? (…) ¿Quién puede asegurar que no lo hice? (…) ¿significa eso que este comisario intentaba eludir una investigación?” son algunas de las preguntas que dirigió al magistrado. Y sobre el cruce de llamadas que mantuvo con los otros procesados la noche previa a la filtración y esa misma jornada fue claro: “nadie puede saber de qué hablamos”.
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« Respuesta #27 : Miércoles 20 de Julio de 2011, 21:32 »

Gil Lázaro pide a Camacho que dimita por ser 'colaborador necesario' del chivatazo


El diputado 'popular' ve a Pérez Rubalcaba como 'la X del Faisán'
El nuevo ministro exige al PP que cese 'la causa general' contra los policías




Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 20/07/2011 11:28


 El diputado del PP en el Congreso Ignacio Gil Lázaro ha solicitado este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Antonio Camacho, por el supuesto chivatazo a ETA de 2006, y el nuevo titular de la cartera ha replicado recalcando que nunca ha sido investigado en esa causa y reclamando al primer partido de la oposición que cese en su "juicio paralelo" y en la "causa general" que, desde su punto de vista, ha abierto contra sus subordinados.

El cruce de acusaciones entre Camacho y Gil Lázaro, que se ha prolongado también en el debate que el ministro mantuvo inmediatamente después con el también diputado 'popular' Alfonso Alonso, ha sido el primero sobre el conocido como 'caso Faisán' que el sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior protagonizaba con el PP en sede parlamentaria desde que ocupó su escaño en el banco azul.

"El señor Rubalcaba es la X del Faisán y usted es su colaborador necesario", le espetó Gil Lázaro al ministro, antes de incidir en que igual que primero intentaron desacreditarle a él por interrogar por este asunto al ex ministro del Interior, ahora quieren hacer lo propio con el juez Pablo Ruz, que investiga el caso en la Audiencia Nacional.

Por su parte, Alonso exigió a Camacho que asuma su "responsabilidad política y moral" en este caso porque "nadie puede creer" que su "subordinados", ahora procesados "actuaran por su cuenta".

El ministro respondió insistiendo en que "la verdad material se fija en las sentencias" y no en resoluciones judiciales que son "provisionales".

Por eso, tras sacar a colación el 'caso de los trajes' por el que se ha procesado al presidente valenciano, Francisco Camps, recomendó al PP que no se anticipe pidiendo responsabilidades antes de que haya una sentencia firme porque las cosas pueden variar en función de cómo avance el proceso.
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« Respuesta #28 : Viernes 22 de Julio de 2011, 21:48 »

La Fiscalía pide retirar el delito de colaboración a los procesados del Faisán


El Ministerio Público insiste en la falta de competencia del magistrado
Quiere que el caso se juzgue en Irún donde sucedieron los hechos


Efe | Madrid
Actualizado viernes 22/07/2011 14:34

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz que retire el procesamiento por colaboración terrorista a los tres mandos policiales imputados en el 'chivatazo' con el que se alertó a ETA sobre una operación contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).

En su informe sobre los recursos que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros y el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés presentaron contra la decisión de Ruz, el Ministerio Público insiste en la falta de competencia del magistrado para investigar los hechos al entender que el delito de colaboración exige una "afinidad ideológica" que no comparten.

De esta forma, la posición del fiscal Carlos Bautista, que considera que sí debe mantenerse el procesamiento por revelación de secretos, supondría la inhibición de la causa a favor de los juzgados de Irún, donde ocurrieron los hechos.

El juez Ruz procesó el pasado 13 de julio a los tres policías por la comisión de delitos de colaboración con ETA o encubrimiento y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas de hasta 13 años de prisión.

En el auto, especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.
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« Respuesta #29 : Miércoles 27 de Julio de 2011, 06:21 »

Ruz mantiene el delito de colaboración para los tres mandos policiales

El «caso Faisán» queda en manos del Pleno de la Sala de lo Penal



El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha insistido en un auto hecho público este martes en que los tres procesados tenían "conocimiento" y "voluntad" de facilitar a ETA 54.000 euros "procedentes del cobro de la extorsión ejercida sobre particulares por parte de la organización terrorista ETA". Debido a "su complejidad e importancia jurídica", la causa ha sido elevada al Pleno de la Sala de lo Penal .



Ruz mantiene el delito de colaboración para los tres mandos policiales



26 Julio 11 - Madrid - OTR/PRESS



El magistrado ha desestimado los recursos presentados por las defensas de los tres policías contra su procesamiento por la comisión de delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos en el marco de la causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA.

El pasado 19 de julio, la defensa de los acusados presentó una defensa en la que se negaba que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros compartían las finalidades de ETA.

Si finalmente los procesados fueran exculpados por colaboración con banda armada, se limitaría el procedimiento judicial a una acusación de encubrimiento que se tendría que tratar en el juzgado de Irún.

Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz la retirada del procesamiento por colaboración con organización terrorista impuesto a los tres policías procesados en la causa puesto que se requiere una "adhesión ideológica" a la organización.

Así, Ruz ha especificado en el auto que el interés de García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros era que este dinero "no fuera interceptado por la Fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista", y poner esta cantidad económica "a disposición de la propia organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización".

Asimismo, el juez ha comentado que las alegaciones vertidas por las defensas de los recurrentes no "debilitan" ni "desvirtuan" la participación de los tres procesados en delitos de colaboración o encubrimiento. "La resolución recurrida no puede sino confirmarse por este instructor", ha indicado el magistrado en un auto hecho público este martes.

Por ello, Ruz se ha reafirmado en el procesamiento en el que especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco Ballesteros como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones y el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.

Además, Ruz ha explicado que las críticas por parte de las defensas de Ballesteros y Pamíes contra el equipo investigador de la delación y su responsable, Carlos Germán, y ha destacado que "las sospechas vertidas en su contra carecen de sustento".

Los recursos rechazados, de reforma y subsidiarios de apelación, recaerán ahora en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que deberá valorar su pertinencia.
 

AL PLENO DE LA SALA DE LO PENAL POR SU "COMPLEJIDAD" JURIDICA
Dada la "complejidad e importancia jurídica", el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, ha decidido que la causa quede en manos del Pleno de la Sala de lo Penal, lo que significa que serán los 18 magistrados que componen el Pleno los encargados de estudiar, después del verano, los recursos presentados por los tres acusados.

Así, Gómez Bermúdez ha comunicado este martes al juez instructor, Pablo Ruz, el presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás, y el secretario judicial de esa sección su decisión, que se ha producido después de certificar la interposición de recurso de reforma subsidiario de apelación y de comprobar que Ruz ha desestimado en forma los recursos presentados por las defensas.

A raíz de la causa, el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, ha recordado en una entrevista en la Cadena Ser, que Alfredo Pérez Rubalcaba no está implicado en el caso 'Faisán' y ha instado a los 'populares' a dejar de nombrar la responsabilidad de Rubalcaba en el caso del supuesto Chivatazo a la banda terrorista ETA y a él en los ERE andaluces porque ninguno está "procesado, imputado o condenado".




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