La UPV/EHU podrá regular la matriculación de presos de ETA


Ha estimado parcialmente el recurso de amparo presentado en 2009
La matriculación quedará pendiente sin embargo de la decisión del Estado
El rector Iñaki Goirizelaia se muestra satisfecho tras 8 años de litigios



Mikel Segovia | Bilbao-ELMUNDO.ES
Actualizado martes 27/12/2011 13:21



 El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo presentado por la UPV en 2009 contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el protocolo para la atención de personas presas en cárceles españolas para que pudieran estudiar en el centro universitario.

La resolución, que restablece la legalidad del protocolo, obligó hace dos años a suspender la matriculación de presos -que en ese momento superaba el medio centenar- que no han sido aún restablecidas.

Tras la sentencia del Alto Tribunal la situación puede no modificarse en la práctica para los presos ingresados en cárceles españolas, ya que se requiere de la firma de un convenio con el Estado para volver a matricularles. La sentencia en cambio sí deja la vía abierta a recuperar las matrículas de los encarcelados en centros de otros países, como Francia donde la mayoría son de ETA, sobre los que el TC reitera que el Estado Español no tiene capacidad regulatoria.

La sentencia supone un espaldarazo a la posición de la UPV que siempre denunció que el Estado vulneró su autonomía académica al anular su normativa sobre alumnos presos.

Para que la UPV pueda volver a matricular a alumnos encarcelados en centros penitenciarios españoles será necesario que previamente Instituciones Penitenciarias y el centro universitario firmen un convenio. Este requisito, fijado por ley, ha sido negado en reiteradas ocasiones por el Estado pese a la solicitud de la universidad pública vasca, aduciendo que ese derecho de los reclusos ya estaba satisfecho con el convenio suscrito con la UPV.

El citado protocolo fue aprobado por unanimidad en 2004 por el Consejo de Gobierno de la UPV. El documento fue recurrido poco después por la Abogacía del Estado, primero ante el Superior de Justicia del País Vasco, que falló a favor de la UPV, y posteriormente ante el Supremo, que sí le dio la razón a Instituciones Penitenciarias.

Finalmente, fue la Universidad la que solicitó el amparo del Constitucional y que restablece la legalidad de la normativa de atención a personas. El documento aspira a ser la base para el convenio que la UPV volverá a reclamar al Ministerio de Interior.

El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, ha mostrado su satisfacción por la resolución del TC y ha reiterado que tras casi ocho años de litigios en los tribunales "nuestros esfuerzos han sido recompensados".

Acompañado del anterior rector, Juan Ignacio Pérez, y de la secretaria General de la UPV, Eva Ferreira, Goirizelaia ha recordado que sólo les ha motivado la defensa de la autonomía universitaria, que ahora reconoce la sentencia "y de la libertad que comporta para desarrollar la enseñanza, el estudio y la investigación que fue entonces, es ahora y será en el futuro radical y consecuente".