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Autor Tema: Operación Malaya suma 11 detenidos más, entre ellos Zaldívar y González de ...  (Leído 15696 veces)
gaia
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« Respuesta #45 : Sábado 30 de Junio de 2007, 06:19 »

El juez del "Caso Malaya" imputa a Roca más de 30 delitos de cohecho

EFE - hace 2 horas 59 minutos



Marbella (Málaga), 29 jun (EFE).- El instructor del "Caso Malaya", Miguel Ángel Torres, imputa al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca más de 30 delitos de cohecho, "varias" malversaciones o fraudes y un "evidente" delito de blanqueo, que "ponen de manifiesto un patente riesgo de fuga".


Éste es uno de los argumentos por los que el magistrado ha desestimado el recurso de reforma sobre la situación de prisión provisional de Roca, en un auto al que ha tenido acceso Efe y en el que Torres afirma que desde su ingreso en la cárcel han aumentado los delitos que se le imputan y se han consolidado los indicios "contundentes" en su contra.

Según el juez, la investigación ha evidenciado que el ex asesor urbanístico tiene un patrimonio "impresionante a nombre de terceras personas", así como sus "intentos por mantenerlo oculto", y ha revelado que Roca "se ha apropiado de una parte importante del patrimonio público" de Marbella.

El auto cifra en más de 30 los cohechos que se imputan a Roca, entre los que señala los 300.000 y los 288.500 euros pagados por los empresarios Gianni Montaldo y José María Enríquez, respectivamente, para la obtención de licencias urbanísticas.

En este sentido, el juez pone de relieve que el promotor José Ávilas Rojas confesó un nuevo cohecho en su declaración del pasado 28 de mayo, en la que afirmó que entregó al ex asesor de Urbanismo 150.000 euros dos días antes de la detención de éste para obtener tres licencias de primera ocupación.

Según el auto, el empresario aseguró en su comparecencia que Roca "le dijo que le pedía el dinero porque lo necesitaba para poder pagarle a los concejales", y apuntó que el ex asesor urbanístico "era insaciable y siempre quería más dinero".

El magistrado establece que, según los archivos de contabilidad de Maras Asesores, "en apenas dos años Roca ha obtenido de empresarios y constructores más de 30 millones de euros", y mantiene que el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal cuenta con fondos económicos fuera de España.

A este respecto, Torres indica que dicho patrimonio en el extranjero ha aparecido, "aunque sea en una pequeña parte", y cita como ejemplo algunas operaciones realizadas por Roca a través de sociedades y cuentas en Suiza con el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el ex comisario Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann.

El juez apunta además que, "bajo la apariencia de un préstamo que no es tal", Roca trajo a España "pasando por Suiza" tres millones de euros "que tendría guardados en algún tercer estado o territorio, probablemente paraíso fiscal, lo que por sí mismo, además de ser un patente acto de blanqueo, denota el más que presumible origen ilícito de los fondos".

El instructor del "Caso Malaya" añade que, puesto que el ex asesor urbanístico ha "perdido su medio de vida", sus sociedades están bajo control judicial, se enfrenta a múltiples causas penales y cuenta con dinero en el extranjero, "casi con certeza, de quedar en libertad, se va a sustraer a la acción de la justicia".

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« Respuesta #45 : Sábado 30 de Junio de 2007, 06:19 »

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« Respuesta #46 : Miércoles 11 de Julio de 2007, 03:30 »

Isabel Pantoja declaró desconocer que en sus cuentas se ingresaran más de 1,1 millones de euros
 
EFE - hace 8 minutos

Marbella (Málaga), 10 jul (EFE).-
 
La tonadillera Isabel Pantoja, imputada en el "Caso Malaya", aseguró ante el juez que instruye esta causa desconocer que en sus cuentas bancarias personales y en las de sus sociedades se hubieran ingresado en efectivo cantidades superiores a 1,1 millones de euros entre 2003 y 2007.


En su comparecencia ante el magistrado, recogida en los veinte tomos sobre los que el juez levantó hoy parcialmente el secreto de sumario y a los que ha tenido acceso Efe, Pantoja aseveró que ignoraba también si dichos ingresos los habría realizado su pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz.

La cantante negó haber realizado ella misma los citados ingresos, que ascendieron a 603.000 euros en 2003, 205.000 en 2004; 191.000 euros en 2005 y 127.000 en 2006, así como a varios ingresos por importe de 3.000 euros en días consecutivos de 2003.

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« Respuesta #47 : Miércoles 11 de Julio de 2007, 23:49 »

jolinessssssssssss que cara tiene la Pantoja....
o bien es que tiene mucha pasta o si no es que no se yo, porque a mi me ingresan esa cantidad en la cuenta, y claro que me entero!!! :campeon:
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SUMARIO DEL 'CASO MALAYA'

Jueces, notarios y registradores, entre los destinatarios de regalos de Aifos

Actualizado miércoles 11/07/2007 16:51 (CET)

EFE

MÁLAGA.- Jueces, notarios, registradores, abogados, ediles y funcionarios municipales de las provincias de Málaga, Almería, Jaén, Granada, Alicante y Madrid figuran entre los destinatarios de los regalos efectuados por la promotora Aifos, cuyos directivos están imputados en el 'caso Malaya'.

Según un informe policial recogido en la parte del sumario sobre la que el juez instructor ha levantado el secreto, en los archivos informáticos incautados en las instalaciones de Aifos figura una relación de las autoridades a las que ofreció dádivas, bien de tipo material o de disfrute de servicios de alojamiento, salud y belleza.

En varias hojas aparecen registrados regalos para las Navidades del 2004/2005, en los que figura una amplia lista de personas vinculadas al Ayuntamiento de Marbella, directivos de entidades privadas, ediles de otros ayuntamientos malagueños y funcionarios vinculados al ámbito judicial de varias provincias.

La relación contiene una docena de notarios, cuatro de ellos de Málaga, dos de Almería, dos de Madrid, dos de Linares (Jaén), uno de Granada y otro de Alicante.

También figuran magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Audiencia Provincial de Málaga dos abogados del Estado y siete registradores de la Propiedad.

De éstos, dos desempeñaban su actividad en Roquetas de Mar (Almería), uno de Mijas y otro en Campillos (Málaga), uno en Linares y otro en La Carolina (Jaén) y uno en Parla (Madrid).

Además de los funcionarios y ediles del Ayuntamiento de Marbella, la lista de regalos de Aifos incluye a una docena de personas vinculadas al Consistorio de Mijas, cinco relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona y una del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

La Policía mantiene en su informe que los regalos e invitaciones de Aifos estarían destinados a crear "condiciones favorables a sus intereses empresariales", y que debido al sector en el que realiza su actividad se dirige "hacia los entes locales donde lleva a cabo sus promociones inmobiliarias y negocios hoteleros".

Añade que, debido a la "ligitiosidad que viene afrontando últimamente" aparecen como destinatarios de los regalos e invitaciones personas vinculadas a las instancias judiciales.

Además, no cree que estos regalos o servicios sean "admisibles en cuanto a que exceden a los usos habituales, tanto sociales como de cortesía", por lo que mantiene que vulneran los principios éticos y códigos de conducta .

En cuanto a las invitaciones, consisten en alojamientos en el hotel de cinco estrellas Guadalpín -que construyó y explota esta promotora- y tratamientos de belleza, cuyo precio oscila entre los 130 y los 470 euros, y entre los destinatarios figuran muchos de los que también están incluidos en la lista de regalos.

Este informe policial es uno de los que motivan, a propuesta de la Fiscalía, la apertura de una pieza separada del 'caso Malaya' sobre lo relativo a los regalos efectuados por los responsables de Aifos a autoridades y funcionarios públicos de varias provincias no vinculados con el Ayuntamiento de Marbella.


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« Respuesta #48 : Viernes 13 de Julio de 2007, 20:30 »

DECLARA ANTE EL TSJA

Roca dice no conocer ninguna escritura del procedimiento abierto contra el juez Urquía
El presunto cerebro de la 'operación Malaya' está imputado por cohecho y malversación

Actualizado jueves 12/07/2007
 15:11 (CET)

GRANADA.- El presunto cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, ha dicho no conocer "ninguna escritura" en su declaración ante el TSJA como imputado por los delitos de cohecho y malversación en el procedimiento abierto contra el juez de Marbella suspendido de sus funciones Francisco Javier de Urquía.

Juan Antonio Roca llegó sobre las 10.30 horas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) procedente de la cárcel de Albolote (Granada), acompañado de su abogado, para declarar ante el juez Miguel Pasquau, el mismo que el pasado sábado tomó declaración al juez marbellí De Urquía, al que se le imputan los delitos de cohecho y prevaricación.

Pese a que las actuaciones son secretas, hasta el momento estarían imputados en este procedimiento el propio Roca y el juez De Urquía, tras el hallazgo de una escritura de una vivienda del magistrado en los archivos del primero, indicaron fuentes judiciales.

El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, señaló que su defendido manifestó ante el juez no conocer "ninguna escritura que haya sido aportada" a la causa, por lo que ninguno de los dos saben "a qué escrituras se refieren".

Aunque dijo no poder informar sobre el resultado de la declaración de Roca ante el juez, "porque están declaradas secretas" las diligencias, sí aclaró que su defendido está imputado por los delitos de cohecho y malversación en el procedimiento abierto contra el juez Francisco Javier de Urquía, en el marco del 'caso Malaya'.

El letrado desveló que Roca, en su declaración ante el juez, aseguró no haber tenido "ninguna participación en los hechos que se le están imputando, con lo cual no puede decir nada ni a favor ni en contra" y que, por lo tanto, "se considera inocente hasta que se le dicte una sentencia".

Álvarez, que anunció que Roca "previsiblemente" tenga que volver a declarar por esta causa, no pudo confirmar si su defendido ha solicitado al Estado una pensión para pagar sus necesidades en la cárcel, como apuntan distintos medios de comunicación.

La escritura de una vivienda del magistrado marbellí suspendido, hallada en los archivos de Roca, ha constituido uno de los indicios que ha originado la suspensión cautelar y la investigación penal y disciplinaria contra Francisco Javier de Urquía, hasta ahora titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella y al que se le imputan los delitos de cohecho y prevaricación.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 5 de julio, por unanimidad, la suspensión cautelar de De Urquía como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella al ser investigado en el 'caso Malaya' por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El juez suspendido ha instruido numerosas causas, entre ellas el 'caso Hidalgo', que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete.

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« Respuesta #48 : Viernes 13 de Julio de 2007, 20:30 »

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« Respuesta #49 : Lunes 16 de Julio de 2007, 04:29 »

el "roca" tiene un jeta como su apellido. Látigo Látigo
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« Respuesta #50 : Martes 24 de Julio de 2007, 04:35 »

ISABEL PANTOJA SERÁ IMPUTADA EN OTRO PROCESO



El juez Torres procesa finalmente a 86 personas por el "caso Malaya"


El juez instructor del "caso Malaya" ha procesado finalmente a 86 personas en esta causa, entre las que no se encuentra Isabel Pantoja, que quedaría imputada en un procedimiento aparte relacionado con el presunto blanqueo de capitales llevado a cabo por su pareja, el ex alcalde Julián Muñoz.




(EFE) El auto de procesamiento dictado por el juez Miguel Angel Torres, de más de 450 folios y al que ha tenido acceso Efe, establece, además, las fianzas solicitadas a los procesados para cubrir sus responsabilidades civiles, entre las que destaca la exigida al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, que asciende a mil millones de euros.
 
A Roca, al que el juez Torres considera el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, el juez le imputa los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales como jefe de una organización, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.
 
El magistrado procesa además a una veintena de ex concejales del Consistorio marbellí, entre los que se encuentran los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, así como el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, por los delitos continuados de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación y fraude, según los casos.
 
Según el auto de procesamiento, otra veintena de personas, entre las que se encuentra el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta o la hija de Roca, son encausadas por un presunto delito de blanqueo de capitales con carácter continuado y pertenencia a organización.
 
En el caso del abogado Francisco Soriano Zurita y el presunto testaferro Oscar Benavente, el magistrado amplía el procesamiento como autores de un delito continuado de falsedad, y en el caso del ex jefe de seguridad de Roca Jaime Hachuel, de un delito de revelación de secretos.
 
Por su parte, al igual que Pantoja, la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, así como la hija de ambos y otras cuatro personas, no son procesadas en el sumario del "caso Malaya", sino que quedan imputadas en una causa aparte relacionada con el presunto blanqueo de capitales que podría haber cometido el ex alcalde.
 
En el auto, el juez establece que no existen "indicios racionales de criminalidad suficientes" para procesar a ocho de los hasta ahora imputados en el caso, entre los que destaca el presidente de la Federación Española de Urbanizadores, Ricardo Arranz, o el abogado José Arteaga.
 
En el caso de Arteaga, que fue detenido el pasado mes de febrero junto al también letrado Juan Hoffmann y quedó en libertad con cargos, su abogado, José Manuel Vázquez, ya anunció entonces que solicitaría el archivo de las actuaciones ante la inexistencia de elementos delictivos para imputar a su cliente.
 
Por otro lado, Torres considera que Roca, Muñoz y el ex primer teniente de alcalde Pedro Román deben seguir en prisión preventiva y que es preciso mantener la situación de busca y captura con orden de detención europea tanto para el ex concejal Carlos Fernández como para José Manuel Carlos Llorca y Alberto Héctor Pedronzo.
 
Tras la incoación del sumario y una vez dictado el citado auto de procesamiento, comienza la segunda fase de la instrucción del "caso Malaya", por la que serán citados nuevamente ante el juez los 86 procesados en esta causa. En dichas comparecencias, el instructor del proceso notificará el auto a cada uno de los encausados y, por su parte, sus defensas tendrán la oportunidad de solicitar nuevas pruebas.
 
Una vez completado este proceso, el magistrado elaborará el auto de conclusión del sumario, y el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial de Málaga, que dará traslado al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las acusaciones y cite a los letrados para la presentación de los escritos de defensa antes del señalamiento del juicio.
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« Respuesta #51 : Martes 16 de Octubre de 2007, 01:11 »

La Audiencia deniega por octava vez la libertad a Roca por el riesgo de fuga


Tiene pendientes más de treinta delitos de cohecho, fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales
 
EFE


Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha denegado por octava vez la puesta en libertad del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, en prisión preventiva por el "Caso Malaya", por considerar la "existencia racional de un riesgo de fuga".
Según la Audiencia, en este caso existe "un riesgo real y grave de evasión" de Roca, "dado el patrimonio que presumiblemente se le atribuye, parte de él en el extranjero, con lo que le resultaría fácil abandonar el territorio nacional y vivir en el extranjero".

Un auto de la Sección Primera de la Audiencia desestima la petición de la defensa de Roca, que está en prisión desde marzo de 2006, y señala que existen "indicios racionales de criminalidad" contra el ex asesor urbanístico, a lo que se une "la naturaleza, gravedad y pluralidad" de los delitos que se le imputan.

En este sentido, recuerda que "se habla de más de treinta delitos de cohecho, fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".

Además, apunta que el juez instructor del "Caso Malaya", Miguel Ángel Torres, y el fiscal sitúan a Roca "como la piedra angular de los referidos hechos delictivos, de gran trascendencia en la vida pública y económica de Marbella".
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« Respuesta #52 : Miércoles 07 de Noviembre de 2007, 03:47 »

El juez levanta parte del secreto de sumario del 'caso Malaya' y dice que la investigación continúa       

 
 agencias

   
El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha levantado el secreto del sumario del caso Malaya sobre parte de las actuaciones y lo ha prorrogado sobre un informe policial y un auto al considerar que en relación a estas cuestiones no ha concluido la investigación. En el auto del levantamiento parcial del secreto, el magistrado mantiene que dichas cuestiones "no guardan relación directa con la causa principal", pero apunta que "en este momento procesal" no pueden ser separadas para ser objeto de un procedimiento judicial independiente.

De esta forma, Pérez acuerda levantar el secreto de sumario sobre el informe policial recogido entre los folios 30.812 y 30.903 del tomo 109 de la causa, así como de las actuaciones que figuran de los folios 31.775 al 31.782 del tomo 113.
El juez prorroga sin embargo el secreto de las actuaciones del informe policial comprendido entre los folios 16.588 y 16.804 del tomo 56, así como del auto que figura en los folios 18.676 y 18.677 del tomo 63, al considerar que "no se ha cumplimentado la investigación judicial pendiente" sobre estas cuestiones.

Afirma que el secreto de las actuaciones afecta en la actualidad a una "pequeña parte" del caso, aunque destaca que las investigaciones "deben de ser preservadas por el momento de la intervención de las partes para lograr el buen fin" de las mismas.

El que fuera instructor del caso Malaya hasta el 31 julio, el juez Miguel Ángel Torres, levantó el secreto del sumario casi al completo antes de abandonar su puesto en comisión de servicio en los juzgados de Marbella, excepto en lo referente a 315 folios, de los que ahora su sucesor ha decidido levantar el secreto sobre 98 de ellos.

Después del undécimo levantamiento, Torres acordó la incoación del sumario y el procesamiento de 86 personas en esta causa, entre las que no está la tonadillera Isabel Pantoja, que se encuentra imputada en un procedimiento aparte sobre el presunto blanqueo de capitales llevado a cabo por su pareja, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

Las fianzas exigidas a los encausados en el caso Malaya para cubrir sus responsabilidades civiles superan los 5.200 millones de euros y entre ellas destaca la solicitada al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, que asciende a mil millones de euros.
 

 
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« Respuesta #53 : Lunes 26 de Noviembre de 2007, 02:08 »

Juzgan mañana a Julián Muñoz, Roca y Román por una licencia para 66 viviendas en Marbella

 
Europa Press - domingo, 25 de noviembre, 13.08



MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS) - El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar desde mañana lunes y hasta el miércoles al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al que fuera asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román --todos procesados en el caso 'Malaya'--, además de a seis ex ediles por la concesión a la empresa Incopromar de una licencia para un edificio de 66 viviendas en la avenida del Mar marbellí.


La Fiscalía de Málaga acusó en sus conclusiones iniciales, a las que tuvo acceso Europa Press, a Muñoz y a los ex ediles Rafael González, también procesado en el caso contra la corrupción municipal; Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --está en paradero desconocido-- y Marisa Alcalá, de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.

En ese escrito, el fiscal no acusa a Roca ni a Román, para los que pedía el sobreseimiento provisional, pero sí lo hizo la acusación popular en nombre de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, que acusó al primero de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de prevaricación y al segundo, sólo por éste último. Los Verdes e IU también ampliaron su acusación en este sentido. El abogado José Luis Sierra también está acusado.

Para el fiscal, la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997, con Muñoz como presidente accidental, concedió una licencia de obras a la entidad Incopromar para un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar, "pese a que" se trataba de un suelo considerado como viario y destinado a uso público, según las normas aplicables del plan urbanístico de 1968.

Como en otros casos, la acusación pública especifica que el permiso se dio "sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que, sin embargo, "no había sido objeto de aprobación definitiva por la entidad supramunicipal competente", es decir, la Comisión Provincial de Urbanismo, que, de hecho, posteriormente denegó su aprobación.

Por contra, el escrito de acusación de García Marcos, al que tuvo acceso Europa Press, incluye el convenio de permuta con la empresa, participada por el periodista Antonio Herrero, que, según precisa, había sido negociado, "siguiendo instrucciones y con el visto bueno de Jesús Gil", por el entonces gerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca.

Esta parte entiende que se vulneraron los principios elementales del ordenamiento jurídico con esta operación, que se aprobó "a sabiendas de su ilegalidad", en una comisión de gobierno donde estuvo Román. Posteriormente, el escrito precisa que se otorgó la licencia de obra, pese a haber en el expediente "informes de los servicios técnicos contrarios a tal resolución".

Por tanto, esta acusación pidió para Román, Muñoz, González Carrasco, Jiménez Notario, Calle, Alcalá y Roca la pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicitó, además, para éstos --excepto Román-- y para Pomares, Yagüe y el abogado José Luis Sierra otros 10 años de inhabilitación para cargo público y seis meses de prisión.

Este juicio fue suspendido en mayo de este año, después de que Roca acudiera a la vista oral sin abogado, ya que el escrito de nombramiento de letrado por parte de éste, remitido desde la cárcel, no constaba en la causa.

Desde el despacho del abogado nombrado por Roca precisaron a Europa Press que "no se ha recibido notificación por parte del juzgado haciéndole saber que ha sido designado como letrado ni preguntándole si acepta esa personación, como marca la ley", y, por tanto, no se le ha dado traslado de las actuaciones.

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« Respuesta #54 : Miércoles 12 de Diciembre de 2007, 01:47 »



Nueva condena para Julián Muñoz y otros ex concejales por un delito urbanístico continuado


La denuncia se refiere a la concesión en 1997 y en 1998 de tres licencias presuntamente ilegales a particulares para viviendas unifamiliares



11.12.07 - 18:44 - EUROPA PRESS |
 
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, al que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román y a cinco ex concejales marbellíes a penas de multa e inhabilitación por un delito urbanístico continuado por la concesión en 1997 y en 1998 de tres licencias presuntamente ilegales a particulares para viviendas unifamiliares.

Muñoz, Román y los ex ediles Mario Jiménez Y Marisa Alcalá se conformaron, según la petición del fiscal, al pago de 9.000 euros de multa y a nueve años de inhabilitación, mientras que en el caso de Dolores Zurdo fue a multa de 6.300 euros y a siete años de inhabilitación; penas a las que se les condena ahora en la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.
De esta forma, el juicio se celebró sólo contra los ex concejales Rafael González y Manuel Calle, para los que el fiscal modificó sus conclusiones provisionales, sustituyendo la multa de 9.000 euros por dos años de prisión y manteniendo los nueve años de inhabilitación. No obstante, el juzgado no los condena a penas de cárcel, sino a multa, rebajando la cantidad a 4.200 y 2.940 euros, respectivamente; además de inhabilitación.
Se declara probado que los ex ediles, a excepción de Zurdo y Calle, votaron a favor en la comisión del 7 de febrero de 1997 de la concesión de dos licencias a particulares para la construcción de viviendas unifamiliares en la finca El Arquillo, mientras que en la del 13 de marzo de 1998 todos los acusados aprobaron la concesión de otro permiso para el mismo tipo de construcción en Las Medrazas.
Las parcelas, las tres ubicadas en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, eran consideradas suelo rústico. La sentencia declara la nulidad de las licencias, aunque apunta que ello "no conllevará como consecuencia necesaria en la vía penal su demolición", al no estar en el procedimiento los titulares de las licencias de obra como responsables civiles.
Expoliación urbanística
Para el juez, se trata de un delito de prevaricación urbanística y los acusados, en su condición de funcionarios, aprobaron la concesión de tres licencias para construir chalés en terreno rústico, lo que supuso "contravenir de forma palmaria las normas urbanísticas vigentes", y añade que esto se hizo "teniendo conocimiento" de estos hechos.
Asimismo, entiende que actuaron "asumiendo la política del Ayuntamiento de Marbella de permitir edificaciones sobre suelo no urbano según el Plan General vigente, sobre la base de un informe jurídico externo a los propios servicios del Consistorio --en referencia al del abogado José Luis Sierra--, propiciado por el alcalde --Jesús Gil--".
"Desatendieron de forma intencionada la comprobación de las vicisitudes de cada expediente, sabedores como eran de que algunos de ellos podían implicar la expoliación urbanística de suelo rústico", en este caso concreto, de protección de vías de comunicación y de protección de cultivos especiales, manifiesta el magistrado.
Rechaza el argumento de las defensas de que la zona está consolidada, pues explica que, aunque exista una urbanización de viviendas próxima, ésta está ubicada en terreno urbano, "por lo que no se puede argumentar su proximidad al terreno rústico para bajo una especie de patente de corso, legitimar la invasión urbanística".
El juez tiene en cuenta la atenuante analógica de dilaciones indebidas planteada por las defensas, al explicar que "la complejidad del asunto, el número de acusados, los cambios en las defensas, los recursos interpuestos, han determinado que la causa haya tardado en enjuiciarse desde su incoación algo más de siete años".
Al aplicar esta circunstancia, considera "excesiva" la condena a penas privativas de libertad y "más adecuadas" las multas "como venía solicitando el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales". En cuanto a Manuel Calle, dice que no se puede determinar en qué momento se llegó a la comisión de gobierno del 7 de febrero, por lo que no le condena por un delito continuado.
Unificación de causas
Respecto a otras alegaciones planteadas por los letrado, argumenta la negativa en resoluciones de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga en casos urbanísticos también de Marbella . En concreto, cita las sentencia de abril de este año sobre el caso 'Moansa', en la que la Sala revocó la absolución y condenó a los acusados, y de julio de 2006, en el caso 'Proinsa'.
Así, sobre la acumulación de causas, entiende que esto "abocaría al juzgado al que por turno correspondiera a una situación de colapso, que prolongaría un retraso aún mayor en la celebración del macrojuicio"; mientras que rechaza también el argumento de que el terreno es urbano en la actualidad, pues "la calificación posterior no convalida la ilicitud penal de acto administrativo".
En lo que se refiere a la validez del convenio urbanístico, la sentencia indica que éste "no se puede utilizar como instrumento de fraude de ley, situación fáctica a la que condujo la utilización abusiva de este instrumento de planeamiento por parte del Ayuntamiento de Marbella , que como resultado ofreció gran número de viviendas construidas sobre terreno rústico".
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« Respuesta #55 : Viernes 01 de Febrero de 2008, 04:06 »

Julián Muñoz y seis ex ediles, condenados a seis meses de prisión por prevaricación

Actualizado jueves 31/01/2008 11:56 (CET)
 
EFE

MÁLAGA (MARBELLA).- El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y seis ex ediles han sido condenados a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística en el caso 'Incopromar' sobre la concesión de una licencia para construir en suelo destinado a uso público.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, y a la que ha tenido acceso EFE, absuelve al que fuera asesor jurídico del fallecido ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, así como al ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca, al que le fueron retirados los cargos durante el juicio.

Los ex concejales condenados son Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, José Marino Pomares y María Luisa Alcalá, quienes votaron a favor en 1997 de la concesión de una licencia para la construcción de un edificio tras un acuerdo previo alcanzado por el Consistorio con la empresa Incopromar, propiedad en un 95 por ciento del fallecido periodista Antonio Herrero.

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