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« : Miércoles 27 de Marzo de 2013, 08:16 »

Desahuciados y jueces podrán recurrir una ejecución si esta se debe a una cláusula abusiva



El Gobierno incorpora una treintena de enmiendas a la Ley Antidesahucios
El juez podrá paralizar una ejecución si detecta abusos contractuales
El suelo y el techo sólo podrán oscilar un 40% respecto al tipo de interés
Unas 200.000 ejecuciones ya en marcha podrían ser recurridas cuando se apruebe la ley


María Vega | Agencias | Madrid
Actualizado martes 26/03/2013 19:14 horas

Los afectados por una ejecución hipotecaria sólo podrán oponerse al desahucio si las cláusulas abusivas del contrato son la razón de la ejecución o determinan la cantidad exigible, en cuyo caso el tribunal deberá acordar o el sobreseimiento del desahucio o la continuidad del proceso sin aplicar dicha cláusula al cálculo de la deuda.

Así consta en una de la treintena de enmiendas -algunas ya anunciadas y otras no- que, a falta de posibles cambios de última hora, el PP ha preparado para el proyecto de ley Antidesahucios que presentó en enero y la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago, cuyo plazo de registro concluye este martes y que se tramitarán conjuntamente.

Si el juez detecta cláusulas abusivas podrá dar audiencia en el plazo de cinco días al acreedor y el deudor antes de decidir seguir adelante
Con estas enmiendas, el Gobierno considera que da respuesta a las deficiencias detectadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la normativa hipotecaria española, que conculca el derecho comunitario de protección al consumidor. La nueva normativa podría aprobarse en la segunda quincena de mayo, seis meses después de su anuncio.

"El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible". Esta causa se añadirá a las tres que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil por las que que el ejecutado puede alegar para oponerse al desahucio, que son 1) la cancelación de la hipoteca, 2), la cancelación de la garantía y 3) la existencia de errores en la determinación de la cantidad exigible.

Y si el titular de la hipoteca considera que parte del contrato es abusivo también podrá oponerse
Tras formularse la oposición, el secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes, tal y como ya se preveía. Si se acepta el nuevo supuesto motivador se podrá "acordar el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución", o se "continuará la ejecución con la 'inaplicación' de la cláusula abusiva".

Los jueces actuarán de oficio

A instancia de los bancos, desde 2007, los juzgados españoles han propiciado ya 441.046 ejecuciones hipotecarias. Por eso, otra de las propuestas de la futura ley prevé dar potestad al tribunal para citar a ambas partes en los casos en que se detecten el contrato hipotecario cláusulas abusivas "cuya nulidad pudiera conllevar la denegación de la ejecución".

Europa entendía que los consumidores españoles quedaban desamparados y sin posibilidad de defensa
Hasta ahora, el juez tenía que dar vía verde a la ejecución hipotecaria siempre que la solicitud cumpliera los requisitos procesales y formales, y el afectado sólo podía oponerse en algunos supuestos. Sin embargo, a partir de ahora si el juez detecta cláusulas abusivas podrá dar audiencia en el plazo de cinco días al acreedor y el deudor antes de decidir, y el titular de la hipoteca que considere que algunas previsiones del contrato son abusivas también podrá oponerse en un plazo de diez días, y no esperando hasta el final del procedimiento, como sucedía ahora.

Ésta era una de las principales quejas del TJUE, que señalaba que los consumidores españoles quedaban desamparados y sin posibilidad de defensa hasta después de concluir el procedimiento de desahucio, cuando ya se ha perdido la vivienda y el perjuicio es difícilmente resarcible, incluso con una indemnización.

Se aplicará a las ejecuciones iniciadas

El número de ejecuciones en trámite al final de 2012 fue de 198.116 . A estas afectará otra de las enmiendas, que establece el régimen transitorio que se aplicará a los procedimientos ejecutivos que ya están iniciados, a los que se dará un plazo de quince días desde la entrada en vigor de la ley para poder formalizar la oposición en base a los nuevos argumentos permitidos, tiempo durante el que se suspenderá la ejecución.

Para los procedimientos iniciados y no concluidos cuando entre en vigor la ley y en los que se haya fijado ya la deuda, se dará un plazo de diez días para recalcularla.

Cláusuas Suelo

Las viviendas sociales podrán acogerse a la dación en pago sin autorización
También se fija que la diferencia máxima de las cláusulas suelo y techo con respecto al tipo de interés en el momento de la firma de la hipoteca será del 40%, "a efectos de clarificar la completa transparencia en los contratos suscritos con cláusulas suelo y/o techo, y sin perjuicio de la legalidad de aquellas cláusulas suscritas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley".

No en balde, hace apenas unas semanas el Tribunal Supremo (TS) decretó ilegales las cláusulas suelo en los casos que haya habido falta de información.

Los notarios también

Además, se introduce otro cambio para dar al deudor la posibilidad de elegir entre la vía judicial y la extrajudicial (vía notarial) para el procedimiento de ejecución -siempre y cuando el contrato de la hipoteca incluya esta posibilidad-.

En esta vía extrajudicial, y tal y como avanzó el Consejo General del notariado, el nuevo texto que presenta el PP prevé que los notarios suspendan una ejecución si el deudor acredita la admisión a trámite por un juzgado de una demanda en la que impugna alguna cláusula -intereses de demora del 18,7%, por ejemplo- por considerarla abusiva, o una solicitud de medidas cautelares de suspensión de la ejecución por esta misma causa.

Asimismo, se autoriza a los discapacitados con un porcentaje igual o superior al 33% a solicitar hipotecas inversas, y se da vía libre para que los titulares de planes de pensiones pueda acceder a sus ahorros en un pago único y por la cuantía necesaria para atender a sus necesidades económicas si están ante una ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, durante los próximos dos años y cumpliendo unos requisitos.

Dación en pago

La nueva normativa podría aprobarse en la segunda quincena de mayo
El grupo parlamentario popular quiere que la futura legislación, que entrará en vigor a mediados de mayo "como muy tarde" según fuentes gubernamentales, "no se olvide del 97%de los españoles que están pagando su vivienda". Para ello, tratará que la dación en pago sea el "último recurso".

"No es buena ni para el cliente, que pierde su vivienda, ni para el banco porque luego se queda con un montón de pisos", explican esas fuentes.

Para ello, la modificación normativa se centrará en dar "facilidades de pago" para que el cliente en apuros pueda optar por el alquiler o para que los avalistas de una hipoteca (por ejemplo, padres que están avalando la hipoteca de sus hijos con su vivienda habitual) no lleguen a ser desahuciados.

Desde 2007, los bancos han propiciado 441.046 ejecuciones hipotecarias
Respecto al Código de Buenas Prácticas, la nueva ley elevará los umbrales de exclusión para poder acogerse a las tres opciones previstas -reestructuración, quita o dación en pago-. En concreto, se fija en tres veces el IPREM los ingresos máximos permitidos -cuatro veces si hay discapacitados en la familia- siempre que el esfuerzo para pagar la hipoteca se haya incrementado en 1,5 veces en los 4 años anteriores.

Entre los requisitos familiares se incluye, además de a familias numerosas o monoparentales con dos hijos, a las unidades con un menor de tres años así como a quienes conviven con pensionistas en situación de invalidez o incapacidad permanente. Entre los requisitos económicos, la cuota hipotecaria debe superar el 50% de los ingresos netos, no deben poseerse otros bienes, la hipoteca debe afectar a la vivienda habitual, y se elevan los umbrales de precio de los pisos.

En todos los casos, se prevé que los avalistas puedan acogerse a las mismas medidas en igualdad de condiciones, y además se prevé que a los deudores situados en el umbral de exclusión se les aplique un máximo del 2% sobre el capital pendiente del préstamo en concepto de intereses moratorio a partir de la solicitud de aplicación del Código a su entidad bancaria.

También se incluye en la moratoria de desahucios a las unidades familiares con discapacitados, y se prevé que la dación en pago de viviendas con protección pública no requerirán autorización administrativa previa ni obligará a restituir las ayudas económicas, exenciones o bonificaciones tributarias otorgadas.

En cuanto al Fondo Social de Vivienda, el PP elimina la previsión de que puedan acceder a él quienes cumplan los requisitos para acogerse a la moratoria para "posibilitar la ampliación del umbral de aplicación".
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