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Autor Tema: Casos conocidos en Andalucía de viviendas ilegales (corrupción urbanística)  (Leído 14120 veces)
gaia
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« Respuesta #30 : Sábado 19 de Marzo de 2011, 06:59 »

Absuelven al alcalde de Benamargosa acusado de construirse una casa ilegal


Europa Press | Málaga
Actualizado viernes 18/03/2011 17:34



El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha absuelto al actual alcalde de la localidad malagueña de Benamargosa, José Gallego, que había sido acusado por la Fiscalía de un delito contra la ordenación del territorio, por construirse una casa presuntamente ilegal. Asimismo, han sido absueltos las otras tres personas acusadas en esta causa.

La Fiscalía acusó a Gallego porque cuando no era alcalde llevó a cabo las obras de una vivienda de dos plantas y piscina "sin contar con licencia municipal" y en suelo no urbanizable, según el Plan Especial de Protección del Medio Físico, "con protección cautelar, complejo serrano de interés ambiental", aunque la entrada en vigor de dicho plan no fue hasta 2007, fecha posterior a los hechos.

No obstante, el fiscal señaló en su escrito provisional que en todo caso la clasificación de la parcela debe ser considerada como la de no urbanizable común, "al carecer el municipio de normas de planeamiento" y conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Los otros tres acusados eran el arquitecto y dos ediles en ese momento.

El juez señala en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, que de la prueba practicada en la vista oral, que finalmente se celebró el 25 de enero, "no es posible concluir con la certeza necesaria y suficiente, que exige la presunción de inocencia que ampara a los acusados, la existencia de una evidente contravención de la normativa urbanística". :tarao: :tarao:

Se indica que en el juicio se puso de manifiesto "la importante confusión existente en torno a la normativa urbanística aplicable" en este caso, "dificultando incluso la determinación de la clasificación del suelo sobre el que finalmente se materializó la edificación". Se añade que "la falta de suficiente previsión normativa urbanística no puede determinar una aplicación de unas normas penales en blanco".

Se afirma que sólo se puede concluir que Gallego pidió en julio de 2001 una licencia para la reforma de una vivienda en ruina existente en la parcela de su propiedad, obra que realizó "pese a no haberle sido concedida la licencia solicitada, la cual fue finalmente otorgada", tras haber informado favorablemente el arquitecto y votada a favor por dos concejales -todos ellos acusados-.

Gallego, que se presentará a las próximas elecciones municipales en las filas del PP, declaró en el juicio que compró la finca en 1998 o 1999 para sembrar mangos, aunque generalmente alquila la casa. Defendió que las ruinas tenían muros y arranques y aseguró que en 2001 hizo la casa con un proyecto básico que entregó en el Ayuntamiento y que le dieron inicialmente una "licencia verbal".

El juez insiste en la "disparidad interpretativa en cuanto a la normativa urbanística aplicable" en este caso y señala que en el caso de la construcción "no podemos concluir con suficiente certeza que la edificación levantada no pueda ser o llegar a ser autorizable, al menos en parte", por lo que absuelve al actual alcalde y a los otros acusados aplicando el principio in dubio pro reo.
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« Respuesta #30 : Sábado 19 de Marzo de 2011, 06:59 »

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gaia
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« Respuesta #31 : Sábado 09 de Julio de 2011, 05:57 »

CÁDIZ | Entre ellos, el ex alcalde Hernán Díaz (IP)

El juez imputa a 35 personas por delitos urbanísticos en El Puerto

Las irregularidades se remontan a la época que gobernó Independientes Portuenses
También está imputado el es delegado de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez



Europa Press | El Puerto de Santa María


Actualizado viernes 08/07/2011 10:59


La Guardia Civil ha desarrollado una operación en El Puerto de Santa María (Cádiz) que ha culminado con la imputación de un total de 35 personas acusadas de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio, según fuentes del Instituto Armado.

Las mismas fuentes han precisado que la denominada 'Operación Suministro' ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, cuyo titular es el juez Miguel Ángel López Marchena.

Según adelanta este viernes La Voz de Cádiz, entre los imputados en esta trama por supuesta corrupción urbanística figuran el ex alcalde de Independientes Portuenses (IP) Hernán Díaz; el que fuera su jefe de Disciplina Urbanística, Fernando Gago, así como al ex concejal de IP Juan Carlos Rodríguez. También hay promotores y al menos un ingeniero técnico industrial que se han visto envueltos en casos similares, así particulares.

Las supuestas irregularidades investigadas habrían sido cometidas entre 1993 y 2006, periodo en el que IP gobernaba en el Consistorio portuense. El juez instructor ha divido la causa en nueve procedimientos distintos a fin de evitar que pueda atascarse en el juzgado.

La Guardia Civil detuvo a cinco personas en marzo, entre ellas al ex concejal Juan Carlos Rodríguez, por orden del titular del juzgado número 3 de El Puerto, que investigaba supuestas irregularidades urbanísticas y que entonces declaró el secreto de sumario.
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« Respuesta #32 : Miércoles 28 de Septiembre de 2011, 02:28 »

Detienen al ex alcalde de Ronda y a seis personas más por corrupción






Los delitos investigados son prevaricación, cohecho y blanqueo, entre otros
Francisco Cañestro, María José Martín de Haro y Rafael Lara, los otros tres detenidos


L. Cabrera | I. Mejías | A. Frías | Málaga-ELMUNDO.ES
Actualizado martes 27/09/2011 13:52


El número de detenidos en el marco de la operación que contra la corrupción urbanística se lleva en Ronda se eleva ya a siete, según ha informado Europa Press. Entre los detenidos se encuentra el que fuera alcalde de la localidad, el socialista Antonio María Marín Lara y tres miembros de la anterior corporación y actuales concejales del PSOE.

En concreto, los otros tres detenido son el ex concejal de Economía y Seguridad, Rafael Lara; la ex edil de Obras y Urbanismo, María José Martín de Haro, y el ex responsable de Turismo, Francisco Cañestro, quien actualmente es diputado provincial y secretario del PSOE en Ronda. Los agentes han procedido a registrar sus antiguos despachos y sus casas. Tanto Marín Lara como estos tres ediles forman parte en la actualidad del grupo municipal socialista, con siete miembros y que ejerce ahora la oposición en el Consistorio.

Una decena de agentes del Grupo de Policía Judicial de Delitos Monetarios de la Comisaría Provincial de Málaga han registrando desde primera hora de la mañana de este martes el Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda en una operación que estaría relacionada con asuntos urbanísticos.

Tras unas nueve horas de registro, los investigadores han sacado al menos ocho cajas, previsiblemente con documentación, que han metido en cuatro vehículos. Los agentes llegaron pasadas las nueve de la mañana y "han dejado claro" que lo que están buscando tiene que ver con la anterior corporación, en concreto con el periodo de tiempo -entre 2009 y 2011- que el Ayuntamiento fue gobernado por el PSOE, según ha informado la actual alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández a ELMUNDO.es.

La alcaldesa ha señalado que desde la Fiscalía le han informado de que los delitos que investigan serían prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de capitales público, falsedad documental y blanqueo. Ha señalado que las diligencias que se siguen son secretas por lo que no ha podido concretar qué asuntos son los que han podido motivar esta investigación.

Fernández ha ofrecido una rueda de prensa este mediodía y ha añadido que es probable que los registros no finalicen hasta la tarde y que en el despacho de Alcaldía los agentes no han podido encontrar nada, ya que cuando ella se hizo cargo del gobierno del municipio en junio, "no había ni ordenador" en las dependencias donde antes estuvo Marín Lara.

La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa abierta por este asunto y agentes especializados en cuestiones urbanísticas, llevan más de un año indagando en la posible comisión de diversos delitos, entre ellos prevaricación urbanística, según informa Efe.

Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, esta mañana se están registrando las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores y los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación

Este municipio malagueño es gobernado desde las elecciones municipales del pasado mes de mayo por María de la Paz Fernández Lobato (PP), formación que suscribió un pacto de gobierno con el Partido Andalucista para que "entrara aire fresco" en el Consistorio, según declararon tras hacer público el acuerdo de gobierno.

En la anterior legislatura el alcalde de esta localidad de 35.540 habitantes fue Antonio María Marín Lara, quien se presentó a los comicios de 2007 con el Partido Andalucista, formación que él y los ocho concejales andalucistas abandonaron en 2009 para integrarse en el PSOE.

Marín Lara permaneció un total de ocho años al frente del Consistorio rondeño. En la anterior legislatura, la del 2003, a la que concurrió con el Partido Andalucista, pactó con el PP y con el extinto Grupo Independiente Liberal (GIL) de Jesús Gil para arrebatarle la Alcaldía al PSOE.
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« Respuesta #33 : Viernes 30 de Septiembre de 2011, 05:00 »

Detenido por cohecho y extorsión el ex concejal de Economía y Obra de Vejer


Ana M. Fopiani | Cádiz-elmundo.es
Actualizado jueves 29/09/2011 17:21





El Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha ordenado la detención del antiguo concejal socialista de Economía y Obra del Ayuntamiento gaditano de Vejer y actual portavoz, Francisco J. Gavira, además de un técnico municipal del mismo departamento. Ambos han sido imputados por un supuesto delito de extorsión y cohecho, que podría salpicar al ex alcalde de la localidad vejeriega, Antonio Jesús Verdú, y al ex edil de Urbanismo, Antonio Muñoz, que encabezó la lista socialista en las últimas municipales.

Fuentes del Ayuntamiento de Vejer, en la actualidad gobernado por el PP, han confirmado a ELMUNDO.es los hechos y el propio alcalde, José Ortiz, se ha puesto a disposición de la autoridad judicial para que se esclarezca el presunto delito.

El juzgado mantiene abierta una investigación que apunta directamente a Francisco Gavira, el ex edil de Obra, por una supuesta extorsión a los propietarios de un hotel construido en la localidad. Los propietarios del hotel V, que abrió sus puertas en 2008 en la zona histórica de Vejer, han asegurado ante el juez que Gavira, junto al técnico imputado, les solicitó el abono de varias facturas municipales a cambio de obtener la licencia de apertura para su hotel. de hecho, la empresa hotelera tuvo que abonar al Ayuntamiento casi 28.000 euros, según fuentes del caso, que habrían invertido en obras en las dependencias de la jefatura de la Policía Local, además de en reparaciones en la guardería municipal y en el campo de fútbol municipal.

Así fue denunciado ante la Fiscalía de Cádiz en enero del pasado año por el edil de IU, José Antonio Bello, que alertó a la Justicia de un posible delito. La denuncia fue tramitada y remitida al Juzgado de Barbate, que instruye el caso y que ya ha citado a declarar a los ex ediles presuntamente implicados, incluido el anterior alcalde socialista.

Documentación entregada
Tras conocer los hechos, el actual alcalde del PP en Vejer, José Ortiz, ha asegurado que desde la Corporación “hemos entregado toda la documentación que ha sido solicitada por la Guardia Civil y estamos colaborando con la Justicia. No vamos a permitir que manchen la imagen de Vejer y del Ayuntamiento. Ésta institución no está formada por personas acusadas de delitos”.

Ortiz, en una comparecencia pública este jueves, ha hecho un llamamiento a las personas imputadas para que colaboren en la investigación, “en beneficio de la imagen del Consistorio. Esta es la primera vez en la historia que hay concejales imputados en el Ayuntamiento de Vejer”.

Por su parte, el teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Daniel Sánchez, ha matizado su intención de “dejar claro que ante todo, y mientras no se demuestre lo contrario, respetamos la presunción de inocencia de los antiguos responsables socialistas del gobierno municipal, pero es nuestra obligación ponernos a disposición de las autoridades policiales y judiciales para cuanto necesiten. Siempre manteniendo la cautela suficiente ya que en el caso está decretado el secreto del sumario”.

Por otro lado, Sánchez manifestó que “mientras que el asunto no se resuelva, el concejal y portavoz del PSOE, Franscisco J. Gavira, debería tomar la decisión de dimitir de su cargo público. Sería un acto obligado y coherente para no perjudicar la imagen del Ayuntamiento y del pueblo de Vejer”.
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« Respuesta #33 : Viernes 30 de Septiembre de 2011, 05:00 »

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« Respuesta #34 : Martes 15 de Noviembre de 2011, 03:51 »

La alcaldesa de Aguadulce, condenada a 8 años de inhabilitación por prevaricar


Europa Press | Sevilla
Actualizado lunes 14/11/2011 13:52




El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, ya que en 2006 otorgó una licencia para la construcción e instalación de naves al objeto de ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Durante el juicio, celebrado el pasado día 7 de octubre, la acusada aseveró que otorgó la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo y que había vivido una tragedia familiar; quizás me dejé guiar por el sentimentalismo". "No era consciente de que dar la licencia en esas condiciones era ilegal", agregó, apuntando además que el vecino que solicitó la licencia "vino a verme varias veces", por lo que ante esta insistencia "flexibilicé los trámites".
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alberto11
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« Respuesta #35 : Jueves 17 de Noviembre de 2011, 19:20 »

Es vergonzosa la especulación que han echo los políticos en algunos lugares me parece muy fuerte!!


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alberto11
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« Respuesta #36 : Jueves 17 de Noviembre de 2011, 19:27 »

Es vergonzoso que se haya permitido toda esta corrupción inmobiliaria.

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gaia
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« Respuesta #37 : Viernes 13 de Enero de 2012, 03:25 »

El ex alcalde de Los Barrios y la delegada de Cultura de la Junta, imputados por delito urbanístico


El PA, que ahora gobierna, denunció en 2007 las actuaciones en La Gertudris
Yolanda Peinado formaba parte entonces del gabinete de Alonso Rojas



Alberto Espinosa | Algeciras-elmundo.es
Actualizado jueves 12/01/2012 13:20


El Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras está llevando a cabo diligencias previas por la denuncia presentada en su día por el PA (año 2007) en relación al desarollo urbanístico de la finca La Gertrudis, sita en Los Barrios.

El juez ve indicios de delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo. Y por ello imputa al ex alcalde socialista Alonso Rojas, así como a cuatro de sus compañeros de gobierno en aquel momento. Entre ellos se encuentran la actual delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Yolanda Peinado, o la concejal del PSOE Pilar Olivares.

Los otros dos imputados son: Miguel Rodríguez Palomo, ya lejos de la política, y Antonio Rodríguez, quién aún se mantiene como consejero delegado de la empresa Arcgisa de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

El actual regidor local, el andalucista Jorge Romero, que inició en su día el proceso, entiende que la acción judicial "confirma lo que denunciamos en en su momento". Y es que la concesión de una licencia para llevar a cabo un "desbroce y regeneración de una cantera", derivó en el movimiento de más de "dos millones de metros cúbicos de tierra". El objetivo era, en principio, llevar a cabo actuaciones industriales en la finca La Gertudris sobre una superficie de 30 hectáreas.

"Vimos indicios de delito y por eso denunciamos", aunque el proceso que ha seguido el caso, pese a los años transcurridos, no sorprende al alcalde, "sí lo hace el número de imputados". Algo, añade que "confirma la gestión que llevó a cabo el anterior gobierno de la localidad".

Los delitos pueden acarrear no sólo una inhabilitación para cargo público -Rojas ya tuvo que dejar la Alcaldía en 2007 por desobediencia-, sino que podría suponer el ingreso en prisión de alguno de los imputados, si se confirman los indicios que aprecia el juez.

Romero ya ha anunciado que el Ayuntamiento remitirá "toda la información que nos pida el juzgado", y no descarta, aunque espera tener más datos y que la sentencia sea firme, "pedir daños y perjuicios" por las actuaciones.

Cabe recordar que varios grupos ecologistas también denunciaron en su momento lo que entendían acciones irregulares en La Gertrudis.
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alberto11
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« Respuesta #38 : Jueves 23 de Febrero de 2012, 23:54 »

No si está claro que la avaricia rompe el saco y que los casos de corrupción acaban saliendo tarde o temprano a la luz!! unos con tanto y otros pidiendo préstamos

¿existe algún foro sobre el caso del Instituto Noos?

Gracias
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gaia
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« Respuesta #39 : Lunes 05 de Marzo de 2012, 07:21 »

Dos promotores sacan a la luz la corrupción urbanística de Ayamonte



'Si lo hubiera denunciado, no hubiera podido trabajar donde gobernase el PSOE'
Manuel María Becerro | Huelva-elmundo.es
Actualizado domingo 04/03/2012 11:29



Una denuncia anónima dirigida a la Fiscalía ha permitido abrir una investigación formal sobre la corrupción urbanística de Ayamonte, confirmada después por las declaraciones de algunos implicados. Así, dos promotores han reconocido ante la Guardia Civil que, durante los años del 'boom' inmobiliario que precedieron a la crisis, "todo el mundo" tenía que pagar un "impuesto revolucionario" para "poder construir" en este pueblo onubense.

Entonces estaba al frente del Ayuntamiento el socialista Rafael González, quien tras dejar la política municipal en 2007 ha estado contratado tanto en la Diputación Provincial de Huelva como en el PSOE.

ELMUNDO.es de Andalucía ha tenido acceso a las declaraciones como testigos de dos promotores. Uno no dudó en calificar los pagos exigidos por el ex regidor de "impuesto revolucionario", mientras que el otro testificó que era "la forma de trabajar habitualmente en Ayamonte".

Si él lo hubiera denunciado, "le hubiera sido imposible trabajar en Ayamonte y en ningún otro lugar donde gobernase el partido [PSOE] que gobernaba en Ayamonte».
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« Respuesta #40 : Martes 06 de Marzo de 2012, 15:33 »

que lista tan largaaaa



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« Respuesta #41 : Miércoles 14 de Marzo de 2012, 07:29 »

Detienen al ex alcalde de Alcaucín y a siete funcionarios por el 'caso Arcos'



Álvaro Frías | Málaga-elmundo.es
Actualizado martes 13/03/2012 18:17


El ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y el ex jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, han sido detenidos este martes a raíz de una línea de investigación derivada de la documentación intervenida en el 'caso Arcos'. El arresto del ex regidor socialista y de Mora se ha producido sobre las 8.00 horas en Alcaucín y en la capital malagueña respectivamente. Además, hay otras ocho personas que han sido imputadas.

Ambos ya fueron detenidos hace tres años al descubrirse esta operación, que suma medio centenar de imputados y destapó una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía. También ha sido detenido el asesor jurídico Pedro José Grandfils.

Además, al menos seis funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, han sido arrestados también por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín.

La investigación se centra en una de las nueve piezas separadas de dicho caso y no se descartan más arrestos, según han informado fuentes cercanas a las pesquisas, que han precisado que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se han desplazado desde Madrid tres funcionarios del Catastro para el desarrollo de esta operación.

La Guardia Civil registra desde primeras horas de este martes en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados, domicilios de particulares y el archivo del Catastro, que se encuentra en la calle Cristo de la Epidemia. En la Gerencia del Catastro de la Delegación de Hacienda, en concreto en la segunda planta, que ha sido cerrada, los funcionarios no pueden salir ni tampoco dejan entrar al público.

Los delitos que se investigan son cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y urbanística, contra ordenación del territorio, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

La operación en Alcaucín, que se inició con la detención de trece personas hace tres años, entre ellas el ex alcalde, José Manuel Martín Alba, que llegó a permanecer tres meses en prisión, suma 55 imputados, entre los que figuran técnicos, promotores y particulares.

Las investigaciones se centran en las actividades del que fuera alcalde de la localidad y su presunta relación con las operaciones urbanísticas desarrolladas en Alcaucín, así como en los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento a partir del año 2000 y en las reparcelaciones de terrenos realizadas en el municipio malagueño.
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« Respuesta #42 : Miércoles 09 de Mayo de 2012, 07:28 »

Imputan al ex alcalde socialista de Almonte por la compra de un campo de golf


Francisco Bella acordó pagar 7,5 millones de euros por las instalaciones
ÉStas fueron tasadas en menos de tres millones
El beneficiado con la operación fue el ex alcalde del PSOE José A. Castellano
El imputado deberá comparecer el próximo lunes en el juzgado

Lorena Correa | Sevilla-elmundo.es
Actualizado martes 08/05/2012 13:52



El ex alcalde de Almonte socialista Francisco Bella ha sido imputado por delitos de prevaricación, malversación de fondos y fraude en la contratación pública por beneficiar presuntamente a otro ex alcalde del PSOE, Juan Antonio Castellano, con la compra en el año 2009 del campo de golf de Matalascañas por 7,5 millones de euros, a pesar de que el valor real de las instalaciones deportivas no superaba los tres millones.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado al que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía, Francisco Bella, actual concejal tras la pérdida de la Alcaldía en las pasadas elecciones municipales, deberá comparecer al próximo lunes acompañado de varios miembros de su equipo de gobierno que aprobaron esta operación urbanística irregular.

Además, el juez ha imputado al beneficiado de la compra del campo de golf, Juan Antonio Castellano, que fue alcalde por el PSOE de Almonte entre los años 1979 y 1987, y su esposa, Francisca Cepeda, propietarios al 50% de la sociedad que gestionaba el campo de golf cuando fue adquirido por el Consistorio.

La denuncia que pone contra las cuerdas a Francisco Bella fue presentada por el actual equipo de gobierno del PP y tiene como eje central el acuerdo que se realizó en un pleno el 8 de abril de 2009, y que establecía la compra el campo de golf mediante la adquisición del cien por cien de las participaciones de la sociedad limitada Exclusivas Doñana S.L. A cambio, el Ayuntamiento permutaría a los empresarios y a Juan Antonio Castellano 14 parcelas ubicadas en la aldea de El Rocío valoradas en 6,6 millones.

La tasación que tuvo en cuenta Francisco Bella para firmar el acuerdo fue la realizada por una empresa auditora externa que marcó su valor en 7,5 millones de euros, a pesar de que la tasación realizada por los técnicos municipales rebajaba la cuantía a 2,9 millones, es decir, 4,6 millones menos.

También están imputados 13 de los 14 concejales que formaban parte de equipo de gobierno del PSOE en la pasada legislatura, entre ellos los actuales ediles en la oposición Francisco Bella Galán, José Villa García, Azucena León Gerona y Dolores Cáceres Ramos.
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« Respuesta #43 : Lunes 24 de Septiembre de 2012, 05:04 »

Condenan a un año de cárcel al alcalde de Tolox por un delito urbanístico



Efe | Málaga
Actualizado domingo 23/09/2012 12:00 horas

El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha condenado a un año de prisión y a ocho de inhabilitación al alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), y a un arquitecto municipal por conceder una licencia para la construcción de 17 viviendas de dos plantas en suelo no urbanizable.

El magistrado considera que los procesados han incurrido en dos delitos de prevaricación urbanística y se les condena también a demoler lo edificado "a la mayor brevedad posible" para restaurar el orden jurídico perturbado, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

Los hechos se remontan a 2005 y 2006 cuando los acusados, que ejercían como alcalde y arquitecto técnico municipal, actuaron "con la evidente intención de producir un desmesurado crecimiento urbanístico en la localidad, dieron lugar a la concesión masiva licencias de obra para la edificación en dicho municipio", según la sentencia.

El alcalde las otorgaba y el arquitecto informaba favorablemente de las mismas "plenamente consciente del quebranto de la legalidad urbanística" y sin atender a los informes jurídicos que informaba desfavorablemente de la concesión de las mismas.

Para ello, el alcalde contrató de forma "irregular" a un asesor jurídico externo y se concedieron más de veinte licencias, para un total de 2.279 viviendas, cuando el municipio contaba, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2006, con una población de 2.317 habitantes.

En la sentencia se afirma que el alcalde otorgó una licencia de obras el 30 de junio de 2005 para la construcción de 17 viviendas de dos plantas y ático a una empresa en dos parcelas ubicadas en suelo no urbanizable
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