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Autor Tema: Casos conocidos en Andalucía de viviendas ilegales (corrupción urbanística)  (Leído 14202 veces)
gaia
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« : Miércoles 19 de Noviembre de 2008, 03:37 »

MÁLAGA
 
Marbella
Epicentro de la corrupción urbanística en España, la 'operación Malaya' (marzo 2006) puso contra las cuerdas a todo el Consistorio marbellí, implicado junto a empresarios y abogados en una compleja trama delictiva acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias… Los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y el ex concejal de Urbanismo, Juan Antonio Roca ('cerebro' de la red), son los principales imputados.

 Además, la Junta ha anunciado que exigirá la demolición de 5.000 viviendas construidas en terreno público, sobre las que pesa una sentencia firme del TSJA.

Manilva
La 'operación Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento de esta localidad y la sociedad Royal Marbella Estates S.L.,propiedad de los imputados en la operación. El alcalde, Pedro Tirado (independiente procedente del GIL), dimitió tras ser encarcelado. Además, la concejala Antonia Muñoz (IU) está denunciada por la concesión de una licencia que no se adaptaba a la normativa vigente. También están denunciados los 10 concejales que en 2004 votaron a favor de la ejecución del parque ferial del municipio.

Tolox
El alcalde, Juan Vera (Partido Andalucista), el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento fueron denunciados por la Fiscalía de Medio Ambiente en junio de 2006 por la construcción de más de 2.000 viviendas en terreno no urbanizable. También se investiga la autorización de nueve promociones presuntamente ilegales.

Estepona
El regidor, Antonio Barrientos (PSOE), ha sido muy criticado por el convenio urbanístico para incrementar la edificabilidad del campo Atalaya Golf y construir 135 viviendas. Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la 'operación Malaya', está relacionado con este proyecto, que de momento ha sido paralizado. Además, el grupo Convocatoria (escisión de IU) denuncia el plan de urbanismo para levantar 80.000 viviendas en diez años. Estepona cuenta aún en la actualidad con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables.

Benalmádena
Al alcalde, Enrique Bolín (independiente, expulsado del PP en 1989 tras ser detenido en posesión de droga) se le acusa de reiteradas concesiones de licencias ilegales. La autorización en 2004 para levantar un edificio en una zona destinada a viviendas unifamiliares y un convenio urbanístico que permitía a Rafael Gómez Sánchez (en libertad bajo fianza tras ser detenido en la segunda fase de la 'operación Malaya') duplicar la edificabilidad en un complejo residencial, son algunos de los casos más 'sonados'. Ya a finales de los 90 el PP denunció públicamente que el primer edil contrataba sistemáticamente servicios y adquiría bienes a empresarios afines.


[CONTENIDO ELIMINADO por el Administrador del foro]


Cómpeta
El alcalde, Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y 10 de inhabilitación por conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.

Alhaurín el Grande
El alcalde Juan Martín Serón y el concejal de Urbanismo Cristóbal Guerra (ambos del PP) fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. El edil Juan Martín Serón fue dejado en libertad, sin fianza y sin cargos. Aún así prosiguen las investigaciones e Izquierda Unida pide su dimisión.

SEVILLA


Camas
El alcalde, Agustín Pavón (IU), los concejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA) y el empresario Eugenio Gaviño son investigados por intentar presuntamente comprar el voto de una concejala para conseguir la recalificación de unos terrenos.

Burguillos
El primer edil, José Juan López (PSOE), su primo y dos conejales son investigados también por la compra de terrenos antes de su recalificación.

Espartinas
Un colectivo de vecinos denuncia el plan para la recalificación de 20 hectáreas de terreno rústico que pertenecen a una empresa cuyo administrador único es el concejal de Urbanismo.

Bormujos
El empresario Eusebio Gaviño, primo del alcalde (Baldomero Gaviño, independiente) e implicado en el 'caso Camas', ha sido investigado por intentar presuntamente comprar, en representación de un grupo inmobiliario de Madrid, el voto de algunos concejales a favor de la moción de censura contra el anterior edil socialista y que dio la Alcaldía a su primo. El caso fue sobreseído en noviembre de 2006.

La Algaba
El alcalde, José Luis Vega (IU), ha sido denunciado por permitir a una promotora construir más superficie y más viviendas de las permitidas en la zona de Marina de la Algaba , que ha terminado invadiendo zona de costa junto al río Guadalquivir.

Guillena

Justo Padilla, alcalde del PSOE, está imputado por la construcción de 21 naves en un espacio reservado a zona verde junto al polígono El Cerro.

ALMERÍA


Zurgena
Todos los concejales de este municipio (PA, PP y PSOE) son investigados por la concesión de licencias a extranjeros para la construcción de 1.300 chalés en terrenos rústicos.

Carboneras
El primer edil, Cristóbal Fernández (PSOE), inhabilitado por el TS para un periodo de seis meses por un delito electoral (coacción de voto), está demás imputado por seis supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel 'El Algarrobico', en el Parque Natural del Cabo de Gata. Además, las obras de construcción de este hotel, sobre suelo no urbanizable, fueron paralizadas en febrero de 2006 y en mayo se anunció su derribo. Una vez finalizado el periodo de inhabilitación, Cristóbal Fernández dimitió, junto a su hermana, al ser condenado.

Garrucha
El Ayuntamiento que rige Andrés Segura (PSOE) firmó un convenio con Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández para legalizar 28 viviendas ilegales a cambio de 2,6 millones de euros. El PP denuncia que la promotora pagó más dinero que el recogido en el convenio.

Níjar
El alcalde, Joaquín García (PSOE), ha permitido construir cuatro veces más de lo permitido en el Parque Natural de Gata. Ecologistas en Acción le ha denunciado por regalar al ex concejal José Cayuela Carrique, actualmente constructor, un solar en Agua Amarga para la construcción de una urbanización privada.

Roquetas de Mar
La 'guerra de los centros comerciales' enfrenta al Ayuntamiento que rige Gabriel Amat (PP) con el Gobierno autonómico (PSOE). La Junta ha perseguido el cierre del único centro comercial en este municipio (Gran Plaza) para favorecer a otro (Hipercopo) en El Ejido, que cuenta entre sus accionistas con el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Juan Callejón. En 2002 se declaró nula la licencia de apertura y el TSJ de Andalucía ratificó la nulidad el 9 de octubre de 2006. Los roqueteños denuncian que la Junta está perjudicando los intereses comerciales de este municipio en favor de El Ejido.

Los alcaldes de Albox, Oria, Cantoria, Garrucha y Partaloa están imputados por diversas irregularidades urbanísticas, como conceder licencias en suelos no urbanizables. Acumulan más de 200 irregularidades.

HUELVA


Mazagón
Ecologistas en Acción ha denunciado ante Medio Ambiente que las obras de urbanización entre El Vigía y la carretera Huelva-Mazagón, a la altura del Paraje Natural Laguna de Las Madres, están dañando una zona de gran valor ecológico de flora y fauna. El colectivo denunció en septiembre de 2006 que las obras habían comenzado sin ningún cartel que identifique ni a los promotores ni el proyecto.

GRANADA


Almuñécar
El alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (condenado por malversación de fondos públicos en el caso 'Tropical Fruits' e investigado también por irregularidades en unas facturas del Ayuntamiento en su campaña electoral), está acusado de un presunto delito de alzamiento de bienes. Además, el PP se ha querellado contra él por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas en relación con unas obras de asfaltado. No deja de ser curioso que el alcalde quiera someter el PGOU a referéndum, solicitud que se le ha denegado.

Ogíjares

El concejal de Urbanismo y diputado nacional José Luis del Ojo (PP) dimitió de su cargo en el Consistorio en octubre de 2006 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. El ex edil es acusado por el PSOE de fraccionar obras de pavimentación y canalización para, al hacerlas menores, evitar sacarlas a concurso público y apalabrarlas personalmente.

Armilla
El concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió de su cargo en octubre de 2006 ante las acusaciones del presunto origen fraudulento de su patrimonio, varios pisos y un solar valorados en un millón de euros, que él ha justificado asegurando que le tocó la lotería en la Navidad de 1997. Se investigan además presuntas irregularidades en la licencia —impugnada por la Junta — que concedió el Ayuntamiento al empresario Tomás Olivo (implicado en la 'operación Malaya') para la construcción del centro comercial Nevada. El alcalde, José Antonio Morales Cara (PSOE), que no optará a la reelección en 2007, ha sido denunciado junto a un ex concejal y al promotor Olivo por un delito de prevaricación.

CÁDIZ


Grazalema
'Operación Pinsapar': El ex arquitecto municipal, Juan Prieto (PSOE), está en libertad con cargos por presunto delito contra la ordenación del territorio, falsedad y cohecho. Varios constructores le han acusado de cobrar comisiones y se le relaciona también con una construcción ilegal que obligó a desviar el cauce del Guadalete.

Puerto de Santa María
El ex alcalde Hernán Díaz Cortés (independiente, e inhabilitado por prevaricación), el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez Álvarez, y el actual candidato del PSOE, Ignacio García de Quirós, entre otros, han sido denunciados por Ecologistas en Acción por fomentar la especulación urbanística en contra del interés público. También hay presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción del campo de golf.

Rota
El concejal de Urbanismo, Antonio Peña (PP), ha sido acusado de prevaricación en los trámites del expediente de una urbanización privada.

La Línea de la Concepción
El alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), se enfrenta a distintos contenciosos, uno de ellos por la venta de suelo municipal en el Camino de Sobrevela sin que respetaran las 48 horas de antelación en la convocatoria. La denuncia partió del PSOE, informa la Agencia Efe.

San Roque
El Albarracín también está experimentando un urbanismo desmedido, según asociaciones de vecinos y ecologistas. La Guardia Civil investiga presuntos delitos medioambientales.

Tarifa
Se investigan presuntas irregularidades del alcalde de este municipio, Miguel Manella (PSOE), en el proceso de adjudicación y construcción de un complejo comercial en el Castillo de Santa Catalina.

Jimena de la Frontera
El primer edil, Ildefonso Gómez (PSOE), ha sido denunciado por el PP por la construcción de la finca La Bordalla en pleno Parque Natural de los Alcornocales. Se da la circunstancia de que el patronato que gestiona el Parque está presidido por el también socialista Agustín Cadenas. En dos años, el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos para edificar más de 2,6 millones de metros cuadrados.

Zahara de la Sierra
El ex alcalde Juan maría Nieto (PSOE) está acusado por la concesión de licencias urbanísticas para construir en zonas protegidas.

Sanlúcar de Barrameda y Chipiona
Los ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona (Agustín Cuevas y Luis Mario Aparcero) han sido condenados e inhabilitados por intentar sobornar en 1999 a un edil del PP (Manuel Ramírez) con 50 millones de pesetas para que no prosperara la moción de censura contra el entonces alcalde, Cuevas. Un ex dirigente del PSOE local y tres empresarios estaban también implicados en el denominado 'caso Sanlúcar'.

Chiclana
Ecologistas aseguran que hay 8.000 viviendas ilegales. IU denuncia la falta de transparencia y oscurantismo del PSOE en esta localidad, al no informar de las seis sentencias que existen para la anulación del plan de urbanismo, que prevé construir 40.000 nuevas viviendas.

Bornos
Juan Sevillano (PSOE) dimitió de su cargo de alcalde en 2002 tras ser condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación. Sevillano concedió licencias de obras en suelo no edificable a personas a las que él mismo había vendido terrenos.

Jerez
Se investigan los presuntos pagos en dinero negro (entre 12.000 y 50.000 euros) que una promotora exigía en el proceso de venta de viviendas de protección oficial por unas terrazas que en las escrituras figuran como zonas comunes y de uso colectivo. Los afectados también han denunciado que ofreciendo dinero había mayores facilidades en el proceso de adjudicación.

CÓRDOBA


Córdoba
El promotor Rafael Gómez, imputado en la 'operación Malaya', está obligado a replantar un encinar destruido por la construcción de dos urbanizaciones en Carrera del Caballo.

Medina Azahara
500 familias viven en casas levantadas desde 1994 sin licencia en las parcelas de Las Pitas, Córdoba La vieja y La Gorgoja II. Las tres parcelas están incluidas desde 2003 dentro de una zona BIC (Bien de Interés Cultural) donde hoy en día se sigue construyendo, según una denuncia de la Policía presentada ante la Fiscalía de Córdoba.

 Fuente Palmera (Córdoba)

El ex alcalde Antonio Guisado (PSOE) está imputado por un presunto delito urbanístico en relación con la venta de más de 21.000 metros cuadrados de suelo verde para construir viviendas. La ex concejala de Urbanismo Maribel Ostos y el ex secretario municipal Carmelo Tubío también están imputados.

JAÉN


Baños de la Encina
35 personas están imputadas en un presunto delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de naves y chalés sin las licencias pertinentes.

Torredelcampo
La Fiscalía acusa a 12 personas, entre ellas al alcalde, Blas Sabalete (PSOE), por la construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona de El Megatín. El fiscal pide dos años de inhabilitación para el regidor



fuente: libertad digital
« Última modificación: Jueves 07 de Junio de 2012, 18:35 por Debatimos » En línea

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« : Miércoles 19 de Noviembre de 2008, 03:37 »

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« Respuesta #1 : Viernes 17 de Julio de 2009, 00:53 »

CÁDIZ | Un arquitecto, un constructor y cuatro promotores

Detenidas seis personas en Chiclana por presuntos delitos urbanísticos




Efe | Cádiz
Actualizado jueves 16/07/2009 13:05



La Policía adscrita a la Junta ha finalizado una investigación sobre presuntos delitos de ordenación del territorio, falsedad documental y una posible estafa en Chiclana (Cádiz), que ha culminado con la imputación y detención de seis personas -un constructor, un arquitecto y cuatro promotores-.

Según ha informado la Junta de Andalucía, a principios de año la Policía recibió la instrucción del Juzgado Mixto Número Uno de Chiclana de la Frontera para la investigación de unas construcciones en el denominado Pago El Lío, en el Camino Laguna de Boada, de Chiclana, en suelo no urbanizable.

Tras la constatación de los hechos y el estudio ortofotográfico de varios años, los agentes verificaron que la evolución constructiva real de la parcela no coincidía con la declaración de ampliación de obra nueva en el Registro de la Propiedad.

La Policía detectó también que sobre la parcela original se realizó inscripción en el registro de una ampliación de obra nueva en régimen de propiedad horizontal en el año 1999 y posteriormente dos ampliaciones más que no se correspondían con las imágenes aéreas.

Tras las indagaciones oportunas y varias declaraciones de testigos, que avalaron la presunta comisión de los delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental, se imputa a un constructor y a cuatro promotores.

La forma de operar consiste en realizar diversas operaciones y así, de una parcela inicial en donde podría existir una pequeña construcción, obtienen tres parcelas separadas físicamente con una vivienda en el interior cada una, amparadas por certificados de antigüedad.

Los certificados de antigüedad de más de cuatro años servían para eludir la infracción urbanística grave y una vez superados esos trámites, se procedía a la venta de las parcelas con las casas terminadas bajo aparente legalidad, "lo que conlleva un negocio no poco lucrativo", según especifica el comunicado de la Junta.

El arquitecto técnico A.M.S., al que se ha identificado e imputado un delito de falsedad documental, era el encargado de firmar el certificado de antigüedad y las tasaciones necesarias para obtener los préstamos hipotecarios que se solicitaban antes de que existiera construcción alguna.
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« Respuesta #2 : Martes 15 de Diciembre de 2009, 03:03 »

El alcalde de Villanueva del Trabuco, al banquillo por una licencia


Málaga | Europa Press
Actualizado domingo 13/12/2009 13:26



El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo martes día 15 al alcalde de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas Morales (PSOE), acusado de un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia de obras en suelo no urbanizable.

La vista se refiere a unos hechos de 1998, informaron fuentes judiciales. Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, como alcalde de dicho municipio, dictó en junio de ese año un decreto de concesión de licencia de obras para la construcción de la estructura de una vivienda en una parcela.

La acusación sostiene que lo hizo "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras", de forma que sólo constaba un informe técnico del arquitecto a "efectos de valoración".

Además, continúa el relato del ministerio público, la construcción de la vivienda no se podía autorizar "por estar clasificado el terreno donde se edificaba como suelo no urbanizable de especial protección" y estar calificado como "complejo ribereño de protección según las normas subsidiarias de planteamiento", aprobadas en 1997.

Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística, por el que pide inicialmente para el regidor, según las conclusiones provisionales, una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 2.160 euros.

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« Respuesta #3 : Viernes 18 de Diciembre de 2009, 05:43 »

Aplazan el juicio al alcalde de La Viñuela por un delito urbanístico



Europa Press | Málaga
Actualizado jueves 17/12/2009 13:40


 
El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha vuelto a aplazar el juicio previsto para este viernes contra el alcalde del municipio malagueño de La Viñuela, Juan Millán, por delitos urbanísticos y lo ha fijado inicialmente para el 5 de marzo del próximo año, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La Fiscalía malagueña solicita provisionalmente para Millán dos años de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público por conceder varias licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y presuntamente sin hacer los trámites necesarios en los expedientes.

Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, el acusado, como alcalde de dicho municipio, concedió mediante dos decretos de agosto de 2001 y otro de octubre de 2003 sendas licencias a particulares para construir tres viviendas unifamiliares en Pago Guerrero.

Todo ello lo realizó, según el escrito presentado en su día por la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección de embalse de La Viñuela", según las normas subsidiarias de planeamiento de 1996, vigentes en el momento en el que se concedieron las licencias de obra.

Además, el fiscal considera que para estos permisos "se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes", puesto que en los dos primeros expedientes el secretario hacía constar la calificación del terreno y que para su edificación se precisaba "justificación de la nulidad e interés social de la obra"; mientras que en el tercero se instaba a acreditar la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero "no habiéndose realizado nada de ello".

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación, por el que solicita un año y medio de prisión y 10 de inhabilitación; y otro de prevaricación, del mismo artículo 320 del Código Penal, por el que pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación, también especial para empleo o cargo público.
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« Respuesta #3 : Viernes 18 de Diciembre de 2009, 05:43 »

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« Respuesta #4 : Viernes 18 de Diciembre de 2009, 22:59 »

Un juzgado ordena la demolición de diez viviendas en Chiclana


El Ayuntamiento pretende ejecutar la orden a primera hora de la mañana de hoy en una parcela de Majadillas Bajas, donde se concentra la decena de casas

F.M. | Actualizado 18.12.2009 - 06:48-Diariodecádiz.es
 
    Un juzgado ha emitido la orden de derribo de diez viviendas en Chiclana, situadas concretamente en la zona de Majadillas Bajas, al estar construidas todas ellas en terrenos denominados como urbanizable no sectorizados. En otras palabras, casas que se levantaron en suelo rústico sin contar ninguna de ellas con licencia municipal.


El Ayuntamiento recibió días atrás ese dictamen judicial y pretende ejecutar hoy mismo la orden a partir de las ocho de la mañana. Al parecer, los inquilinos de las viviendas ya han recibido varios avisos desde el juzgado para que sean ellos los que contraten los trabajos de demolición de sus propios inmuebles. Al no ser así, el Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo esa actuación bajo mandato judicial, trasladándoles luego las facturas de los costes de esta medida a los ocupantes de las viviendas.


Todos los inmuebles se ubican en una misma parcela y ocupa prácticamente una calle. Los vecinos se arremolinaban anoche frente a las puertas de sus casas a la espera de noticias de su abogado. Según ellos, el letrado le ha asegurado que la orden judicial de derribo ha sido paralizada. No obstante, según fuentes municipales ese extremo se desconocía y será hoy cuando se sepa con seguridad si se tiran o no la decena de edificaciones.
Entre los inquilinos había ayer nerviosismo ante la proximidad del derribo de sus casas. En la calle se reunieron casi la totalidad de las familias afectadas, niños incluidos, que discutían sobre la inminente demolición de sus hogares, aunque mantenían su confianza en que esta medida no se producirá en la mañana de hoy tras hablar con el abogado.



El proceso administrativo para proceder al derribo comenzó pocos años atrás con la orden de paralización de la construcción de esas casas, según ha podido saber este medio. Fuentes consultadas relataron que se hizo caso omiso de esos avisos hasta que llegaron a levantarse las viviendas. Mientras tanto se han interpuesto recursos, pero el proceso ha continuado hasta que el juez ha decretado la demolición.
Cabe recordar que la primera de las casas que se tiró a requerimiento del juzgado en el término de Chiclana sucedió el pasado mes de marzo en la zona conocida como El Marquesado. En este caso, el ocupante tampoco hizo caso a las notificaciones de la Justicia, por lo que fue el propio Ayuntamiento de esa localidad quien se hizo cargo de los trabajos de derribo. La segunda de las viviendas que se echó abajo tuvo lugar hace escasamente un mes, pero esta vez fueron los propietarios quienes prefirieron ejecutar la orden. En ambos casos, las viviendas se situaban en suelo rústico sin disponer de las preceptivas licencias.
 
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« Respuesta #5 : Viernes 08 de Enero de 2010, 04:27 »

Denuncian la construcción de viviendas en suelo no urbanizable en La Axarquía




Efe | Málaga
Actualizado jueves 07/01/2010 19:05



El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha denunciado ante el Ayuntamiento malagueño de Vélez-Málaga la construcción de dos viviendas en suelo no urbanizable en los núcleos de población de Almayate y Cajiz.

Durante 2009, el colectivo ecologista comprobó cómo en el paraje Salvador Rosas de Almayate se estaba levantando una vivienda, cuya actividad constructiva se detuvo a finales del verano, circunstancia por la que GENA paralizó la pertinente denuncia al suponer que la obra había sido expedientada.

Sin embargo, hace un mes, los ecologistas constataron que los trabajos se habían reanudado, procediéndose a la colocación de tejas y al acabado de fachadas.

El presidente de GENA, Rafael Yus, ha explicado que la parcela en la que se está construyendo figura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad como suelo no urbanizable, y la citada vivienda no está vinculada a ningún uso agrícola.

Por otro lado, GENA ha advertido la ejecución de un inmueble de unos 174 metros cuadrados en el paraje de Peñuelas, en Cajiz, en el que se observan dos edificios junto a un cultivo de viñas.

Yus ha señalado que "se da la circunstancia de que esta vivienda parece corresponderse con un proyecto de actuación para la edificación de una casa unifamiliar, almacén agrícola y cuadra, publicado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 9 de diciembre de 2009".

Debido a la existencia de dos edificios, GENA ignora si dicho proyecto corresponde a la primera o a la segunda vivienda, "por lo que no es posible saber si supone una autorización nueva o la legación de lo que ya está hecho".

En cualquier caso, los ecologistas entienden que la iniciativa de construcción supone "una duplicación de una vivienda preexistente".

Yus ha asegurado que en ambos casos, no está justificada la construcción de los inmuebles, que contravienen el ordenamiento urbanístico, y ha solicitado la incoación de los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística que finalmente conduzcan a la demolición.

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« Respuesta #6 : Jueves 28 de Enero de 2010, 01:50 »

Imputan a otra persona en Almogía por irregularidades urbanísticas



Europa Press | Málaga
Actualizado miércoles 27/01/2010 18:18




El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha imputado a una persona, con iniciales J.J.P.P., en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas que se investigan en Almogía, según informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes apuntaron que a esta persona se le imputa un delito contra la ordenación del territorio. Otras fuentes precisaron a Europa Press que se trata de un constructor. Además, en estos días han comparecido también varios testigos.

La instructora del caso confirmó entre noviembre y diciembre pasado las imputaciones hechas por la Guardia Civil respecto a 12 personas investigadas en este caso, entre ellas el alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, al que inicialmente se le imputan los delitos de falsedad documental y prevaricación.

Asimismo, la jueza imputó al arquitecto del Ayuntamiento por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; y al secretario municipal por los delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación
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« Respuesta #7 : Miércoles 17 de Febrero de 2010, 03:59 »

El ex alcalde de El Puerto, imputado por conceder licencias de manera irregular

La Guardia Civil ha bautizado la operación como 'Operación Tequila'
Agencias | Cádiz
Actualizado martes 16/02/2010 19:58



 
La Guardia Civil ha imputado a 11 personas, entre ellas al ex alcalde de El Puerto de Santa María, el independiente Hernán Díaz, por su vinculación, presuntamente, con una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto, informa la Guardia Civil.

La operación policial, denominada 'operación Tequila', se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Cádiz adscritos al Equipo de Delincuencia Urbanística recibieron una denuncia de un grupo político del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre unas supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio.

La investigación determinó que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, entre los años 2004 a 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aun teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística", según la información de la Guardia Civil.

Dentro de la operación, han sido imputadas y puestas a disposición judicial once personas, cuyas identidades no han sido facilitadas, acusadas de los delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Sí ha trascendido, sin embargo, que el ex alcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz (Independientes Portuenses) es una de las once personas imputadas en la trama. También forma parte de esta lista un ex concejal de la corporación municipal entre los años 2004 y 2007, cuando se produjeron las supuestas irregularidades.

Por su parte, el parlamentario andaluz de IU por la provincia de Cádiz Ignacio García ha manifestado que, de confirmarse los delitos señalados por la Guardia Civil para las once personas supuestamente implicadas en la trama, "estaríamos antes hechos muy serios". En declaraciones a Europa Press, García dijo que, según la información de la Guardia Civil, el escándalo podría alcanzar "al teniente de alcalde de Urbanismo y posiblemente algún técnico".

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« Respuesta #8 : Martes 23 de Febrero de 2010, 03:11 »

'CASO ASTAPA' | Pedro López

Hallan una cuenta con 10 millones vinculada al ex gerente de Urbanismo
Efe | Málaga
Actualizado lunes 22/02/2010 14:12




La Policía ha localizado una cuenta bancaria en Andorra con más de 10 millones de euros atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona Pedro López en el marco del 'caso Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, los informes policiales recogen que el dinero estaba oculto a nombre de los familiares de López, que fue gerente de Urbanismo por el Partido Estepona durante el pacto de gobierno con el PSOE entre el periodo de gobierno 2003-2007.

El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento.

Las fuentes han señalado que el dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria enviada a las autoridades de Andorra y que varios familiares de López fueron arrestados e interrogados la semana pasada, y han añadido que se produjeron varios registros y se incautaron vehículos de alta gama.

A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho. Días atrás, el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, que instruye la causa, prorrogó hasta el martes el secreto de sumario ante la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación.

De momento se desconoce si prorrogará un mes más el secreto de las actuaciones o levantará el sumario.

El 'caso Astapa' suma ya 68 imputados, entre ellos el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, y ocho concejales de la Corporación municipal, entre los que se encuentran cinco ex integrantes del PSOE, dos del Partido Estepona y un ex integrante del PA.
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« Respuesta #9 : Viernes 05 de Marzo de 2010, 04:33 »

Juzgarán este viernes al alcalde de La Viñuela por delitos urbanísticos



Europa Press | Málaga
Actualizado jueves 04/03/2010 19:23




El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar este viernes al alcalde del municipio malagueño de La Viñuela, Juan Millán, por delitos urbanísticos por los que la Fiscalía pide dos años de prisión y 17 de inhabilitación por conceder licencias para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y presuntamente sin hacer los trámites necesarios en los expedientes.

Este juicio se ha suspendido en varias ocasiones, la última a finales del pasado año 2009, cuando se fijó su celebración para mañana 5 de marzo. Según el escrito inicial del fiscal, el acusado, como alcalde de dicho municipio, concedió mediante dos decretos de agosto de 2001 y otro de octubre de 2003 sendas licencias a particulares para construir tres viviendas unifamiliares en Pago Guerrero.

Todo ello lo realizó, según las conclusiones presentadas en su día por la acusación pública, a las que tuvo acceso Europa Press, "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de La Viñuela", según las normas subsidiarias de planeamiento de 1996, vigentes en el momento en el que se concedieron las licencias de obra.

Además, el fiscal considera que para estos permisos "se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes", puesto que en los dos primeros el secretario hacía constar la calificación del terreno y que para su edificación se precisaba "justificación de la nulidad e interés social de la obra", mientras que en el tercero se instaba a acreditar la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero, "no habiéndose realizado nada de ello".

Así, según el escrito inicial del ministerio público, los expedientes contaban "simplemente" con la solicitud de licencia, el informe del secretario del Ayuntamiento, el proyecto básico y de ejecución, pago de las tasas y a continuación los decretos aprobando las licencias solicitadas.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación en relación con el urbanismo, por el que pide un año y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación especial; y otro de prevaricación, también del artículo 320 del Código Penal, por el que pide seis meses de prisión y siete años de inhabilitación, también especial para empleo o cargo público.
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« Respuesta #10 : Jueves 11 de Marzo de 2010, 00:27 »

yo creo que de burbuja nada... esto es manipulacion del dinero, para sus bolsillos
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Un loco que lo unico que desea es dar un poco mas cariño que recibe.. Hay que ser noble honrado, exigente con uno mismo, y a la vez con los demas... odio a los sinverguenzas, y vividores.
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« Respuesta #11 : Jueves 11 de Marzo de 2010, 01:04 »

es que es al revés....la mnipulación y engrosamiento... y avaricia han creado la burbuja.
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« Respuesta #12 : Jueves 13 de Mayo de 2010, 06:39 »

Denuncian la creación de una treintena de mansiones en suelo rústico en Torrox


Efe | Málaga
Actualizado miércoles 12/05/2010 13:33



El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía de Medio Ambiente el proceso urbanizador en suelo rústico que ha conducido a la creación de un núcleo urbano en las zonas de El Puerto y Los Frontiles, en Torrox (Málaga).

El presidente de GENA, Rafael Yus, ha explicado en un comunicado que el citado núcleo urbano cuenta con más de treinta viviendas "mansiones" que están ubicadas en una ladera muy visible, por lo que tienen un gran impacto paisajístico, y salvo excepciones, la mayoría de estas viviendas unifamiliares no tiene "aparentemente ninguna vinculación a la actividad agrícola".

Las primeras casas se edificaron antes de 1995, cuando las normas urbanísticas del municipio establecían la posibilidad de construir viviendas en parcelas agrícolas de más de 5.000 metros cuadrados en regadío.

Con posterioridad, la normativa cambió ampliando la superficie edificatoria a 25.000 metros cuadrados y sólo para casas de aperos de 24 metros cuadrados, aunque finalmente, bajo el PGOU, y en el marco de la LOUA, estas construcciones requieren proyectos de actuación justificados por una actividad agrícola e interés social.

Los ecologistas consideran que el Ayuntamiento de Torrox es responsable de la creación de este núcleo urbano en suelo no urbanizable, "pues se han ignorado edificaciones sin licencia o no se ha realizado la debida inspección para comprobar si lo construido era o no casa de aperos y si tenía vinculación agrícola".

En otros casos, el Ayuntamiento aplicó procesos administrativos diversos, como el restablecimiento de la legalidad urbanística o decretos de paralización de obras, "pero no llegaron a hacerse efectivos", transcurriendo una demora suficiente como para que dichas actuaciones quedarán "libres de trabas por prescribir el tiempo de intervención".

GENA ha solicitado que se investiguen las posibles responsabilidades penales que hubiera por parte de los responsables municipales, en materia de delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, y que se logre el restablecimiento de la legalidad urbanística y la paralización de los procesos urbanizadores.
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« Respuesta #13 : Lunes 24 de Mayo de 2010, 01:05 »

Dueños de viviendas ilegales multadas de Mijas denuncian otros 2.000 casos


Julio Camargo | Málaga-elmundo.es
Actualizado domingo 23/05/2010 10:09




Los propietarios de casas ilegales construidas en los núcleos diseminados de Mijas han interpuesto una denuncia en la que aportan pruebas fotográficas y catastrales de 2.000 viviendas irregulares en ese mismo núcleo de población. Los 14 vecinos son dueños de viviendas construidas en suelo no urbanizable y con expediente de demolición en vigor.

El documento, presentado por el abogado defensor, Ricardo Santandreu, el pasado ocho de abril de 2010 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, recoge la acusación al actual alcalde de Mijas, Antonio Sanchez, de «aplicar la ley de forma diferente para unos y para otros» por abrir expediente «sólo a unas pocas» de las viviendas ilegales de Mijas que pertenencen a los diseminados, según explicó Ricardo Santandreu.

El letrado puso en conocimiento de ELMUNDO.es una copia de la denuncia en la que aparece el Ayuntamiento de Mijas, entre cuyos miembros podrían existir algunos dueños de las viviendas denunciadas, como principal acusado junto con todos los alcaldes de la localidad desde el año 2000, así como el actual, Antonio Sánchez, por un delito de prevaricación por omisión.

Las viviendas ilegales en propiedad de los denunciantes pagan el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y las tasas por los suministro de luz y agua, y por la recogida de basura.

Asimismo, disponen de una placa que la cataloga como vivienda diseminada y que otorga el Ayuntamiento de Mijas, «esto evidencia que el Ayuntamiento sabe que existen estas casas ilegales y no hace nada para evitarlo», dijo Santandreu.
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« Respuesta #14 : Lunes 24 de Mayo de 2010, 01:08 »

Juzgan al alcalde de Villanueva del Trabuco por prevaricación urbanística


Europa Press | Málaga
Actualizado domingo 23/05/2010 11:24





El alcalde de la localidad de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación para cargo público por conceder mediante decreto licencia de obra en suelo no urbanizable sin que se hubiesen realizado informes técnicos y sin tener en cuenta el procedimiento.

El juicio, que fue aplazado en diciembre de 2009, está previsto en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital este lunes día 24 de mayo. Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado, como alcalde, acordó en abril de 1999 un decreto de concesión a un particular de un permiso para construir una nueva vivienda.

La acusación destaca en el documento que la concesión de la licencia se produjo el mismo día en el que se había solicitado por parte del particular "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo".

Además, según el ministerio fiscal en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, la autorización se produjo "sin exigencia del preceptivo proyecto técnico visado ni proyecto de actuación, por tratarse de terreno calificado de suelo no urbanizable".

Para la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga se trata de un delito de prevaricación urbanística por el que solicita una pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 12 meses con cuota diaria de 15 euros, lo que supone el pago de 5.400 euros.

Asimismo, se indica que se proceda a declarar la nulidad de la licencia otorgada por "permitir contra la legislación urbanística una construcción en suelo no urbanizable fuera de los supuestos autorizados y por infringir por omisión el exigible y preceptivo procedimiento. Este alcalde también tiene otro procedimiento similar, en el que se pide la misma pena de inhabilitación, al acusarlo el fiscal de conceder una licencia para construir en suelo no urbanizable de especial protección sin informes y sin seguir el procedimiento. Este juicio está previsto para la próxima semana en Penal 10.
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